La Contraloría General de la República ordenó un embargo preventivo de bienes y dineros de diez EPS, así como de sus directivos, como parte de una investigación que adelanta por presuntas irregularidades. Según explica el documento, publicado por Caracol Radio, algunas de las EPS habrían cobrado medicamentos y procedimientos como si no estuvieran incluidos en el Plan Obligatorio de Salud. (Lea: "La EPS Medimás está enferma desde su nacimiento": Procurador General)
Ante esto, la Contraloría, como medida preventiva, ordenó embargar provisionalmente ciertas propiedades de Aliansalud (antes Colmédica), Coomeva, Famisanar, Salud Total, Sura, Saludcoop, Cruz Blanca, Cafesalud, Sanitas y la Caja de Compensación Familiar de Antioquia, así como dineros de algunos de sus directivos y representantes legales. En el documento, con fecha del 7 de septiembre, se advierte que la suma del daño que habrían causado las presuntas irregularidades es cercana a los 1.500 millones de pesos.
Ante esto ACEMI, la asociación que reúne a 12 EPS del régimen contributivo, aclaró que las medidas “son de carácter preventivo y, estamos seguros que, en lo que queda del proceso, las entidades y los representantes legales afectados por la medida continuarán aclarando la pertinencia de los pagos por los servicios objeto de controversia”.
Igualmente, explicó que se trata de una investigación que la Contraloría inició en el año 2012 para determinar si el Fosyga – la bolsa común a donde van a parar los recursos públicos destinados a la salud – había pagado a las EPS recursos no debidos por servicios no incluidos en el entonces POS (Plan Obligatorio de Salud) en el 2009. (Lea acá: Contraloría abre proceso de responsabilidad fiscal a varias EPS)
Aunque la suma inicial era de $1.8 billones, durante el proceso de investigación la Contraloría pudo corroborar que el 99% de los recobros pagados por el Fosyga en el 2009 no presentaban ninguna irregularidad acorde a las normas vigentes. Por lo que solamente el 1% estaban en cuestionamiento.
De ese porcentaje, según ACEMI, “50% fueron objeto de devolución y lo restante está en controversia, ya que las EPS consideran que tienen el legítimo derecho a su pago”.
¿De dónde viene esta controversia? Vale aclarar que el sistema de salud en el 2009 no funcionaba igual que hoy, después de que se aprobara la ley estatutaria de salud. En el 2009 las EPS debían financiar todos los servicios que estaban en el POS con la Unidad de pago por capitación, que es un monto que el Ministerio de Salud les daba y les sigue dando por cada afiliado que tengan. Lo que no entraba en esa lista, lo NO POS, debía ser financiado por el Estado con la plata del Fosyga. Según ACEMI, en el 2009, lo que cubría o no el POS no “era muy claro para algunos servicios”, por lo que todavía, por así decirlo, no hay conciliación de quién debía pagar esos servicios.