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Se espera que este jueves 25 de septiembre los líderes mundiales adopten una declaración política sobre enfermedades no transmisibles (ENT, o “enfermedades crónicas”) en el marco de una reunión de alto nivel de la Asamblea General de la ONU. Esa reunión es la cuarta que se realiza sobre este tema y la “declaración política” que saldrá de allí busca acelerar esfuerzos mundiales para reducir las ENT — como enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer — e impulsar mejoras en salud mental para el horizonte 2030.
No se trata, entonces, de una declaración menor ni de un tema sencillo. Las enfermedades no transmisibles constituyen la principal causa de muerte en el planeta: son responsables de más del 70% de los fallecimientos cada año e incluyen dolencias como el cáncer, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y los padecimientos respiratorios crónicos.
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A ello se suma su impacto económico y social, pues reducen la productividad, presionan los sistemas de salud y profundizan las desigualdades, golpeando con mayor dureza a las comunidades más vulnerables. Pese a todo eso, varias organizaciones científicas y de salud pública han expresado preocupación por las diferencias entre el borrador inicial de la declaración y el texto que finalmente se someterá a la firma de los líderes mundiales.
“Parece que las industrias perjudiciales para la salud han dejado rastro por todas partes”, declaró Alison Cox, directora de Políticas y Promoción de la Alianza de ENT, una coalición mundial de más de 2.000 organizaciones de la sociedad civil que trabajan para reducir la carga de las enfermedades no transmisibles.
Los cambios entre el borrador original y el borrador final (que ya aparece como documento formal para los Estados miembros ) revelan lo que, en opinión de Cox, es un claro debilitamiento del lenguaje y las recomendaciones. Mientras que el primer borrador proponía medidas concretas y ambiciosas, el último opta por un lenguaje más cauteloso, que otorga a los gobiernos una mayor discreción en la implementación.
Una de las diferencias que saltan a la vista se encuentra en la política fiscal. El borrador original, en el punto 26, pedía a los estados: “Aumentar la fiscalidad sobre el tabaco, el alcohol y las bebidas azucaradas teniendo en cuenta las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud”. En otras palabras, subir los impuestos o gravámenes que un Estado cobra sobre productos como tabaco, alcohol y bebidas azucaradas.
Además, establecía un objetivo claro y vinculante: “para 2030, al menos el 80% de los países han implementado o aumentado los impuestos especiales sobre el tabaco, el alcohol y las bebidas azucaradas a los niveles recomendados por la OMS”. En la versión más reciente, ese compromiso se diluyó. Ahora solo se invita a los países a “considerar” subir impuestos al tabaco y al alcohol, dependiendo de sus propias circunstancias. Ya no es una obligación clara, sino una sugerencia abierta. Y lo más curioso: las bebidas azucaradas desaparecieron por completo del texto, dejando de ser una prioridad expresa.
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Más allá de la fiscalidad, el último documento también ha debilitado otras medidas clave de control del tabaco y la nicotina. En el borrador original, se instaba a los países a “eliminar la publicidad, promoción y patrocinio del tabaco”. Sin embargo, el último borrador reemplazó esta llamada a la acción enérgica por un lenguaje menos restrictivo, sugiriendo “restringir la publicidad, promoción y patrocinio del tabaco y la nicotina”. La sociedad civil considera que el el término “restringir” es intrínsecamente menos contundente que “eliminar”.
En cuanto al alcohol, también hay variaciones muy dicientes. El documento original pedía “prohibir o restringir integralmente la exposición a la publicidad del alcohol”, “restringir la disponibilidad física de alcohol al por menor” y “promulgar y hacer cumplir las leyes contra la conducción en estado de ebriedad”. Sin embargo, el borrador final eliminó esto y las reemplazó con una única referencia general. En lugar de detallar acciones, el documento se limita a señalar que los gobiernos deberían “reducir el uso nocivo del alcohol a través de la aceleración de la implementación de la Estrategia Global para Reducir el Uso Nocivo del Alcohol (2010) y el Plan de Acción Global sobre el Alcohol 2022-2030, incluyendo la consideración de medidas de marketing y disponibilidad”.
“En un momento de presiones presupuestarias, disminución de la financiación mundial para la salud y un mayor énfasis en la movilización de recursos nacionales, los impuestos a la salud representan una oportunidad única para generar ingresos y reducir la carga de las ENT y los costos sanitarios asociados. Sin embargo, en su forma actual, el texto de la Declaración contiene un lenguaje menos riguroso en materia de impuestos y exime a la industria de responsabilidades, priorizando las ganancias sobre la salud pública. No se equivoquen, la Declaración en su forma actual es un retroceso”, señaló Cox. Su organización tiene otro ejemplo: los compromisos activos de “implementar” y “promulgar” dieron paso a un lenguaje mucho más pasivo de “considerar” y “alentar”.
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“El borrador cero estableció un marco claro de tres objetivos de vía rápida y cinco objetivos indicadores. En esta última etapa, cada uno de los cinco objetivos indicadores se ha debilitado”, concluye la Alianza de ENT. Esta alianza no es la única preocupada. “Para ser honesta, esperábamos más”, le dijo a The New York Times Verónica Schoj, vicepresidenta de políticas alimentarias y nutricionales de Global Health Advocacy Incubator una organización internacional sin fines de lucro con sede en Washington, D.C., que brinda apoyo técnico y estratégico a gobiernos y organizaciones de la sociedad civil para impulsar políticas públicas que mejoren la salud global. “El lenguaje diluido es decepcionante y preocupante”.
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