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El país conoció en los últimos días el decreto con el que el Gobierno propone territorializar el sistema de salud y redefinir el mapa de las EPS. Aunque en los últimos días han circulado cifras sobre cuántas miles de personas podrían cambiar de aseguradora, lo cierto es que todos esos cálculos eran estimaciones basadas en el decreto anterior que buscaba lo mismo y que fue tumbado por el Consejo de Estado. Es decir, aún no había cifras ajustadas al nuevo texto. Hasta ahora.
El Espectador conoció un documento en el que el Ministerio de Salud redibuja el mapa de las EPS en el país, bajo el nuevo modelo territorial que planteó en el decreto 0182. Tiene más de 450 páginas, y cuya revisión inicial permite identificar los siguientes grandes movimientos que vivirá el sistema de salud.
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El documento tiene un gran nivel de detalle: plantea, municipio por municipio en todos los departamentos del país, qué EPS continuarían autorizadas para operar y cuáles no bajo las nuevas reglas. En Medellín, por ejemplo, aparecen autorizadas para operar en el régimen contributivo EPS como Sura, Salud Total, Savia Salud y Nueva EPS. En contraste, otras como Sanitas, SOS y Coosalud figuran como no autorizadas en ese mismo régimen. En el subsidiado, Nueva EPS, Salud Total, Sura y Savia Salud aparecen habilitadas, mientras que Sanitas y Coosalud no lo estarían.
En Bogotá, el panorama también cambia. En el régimen contributivo aparecen autorizadas EPS como Aliansalud, Salud Total, Sanitas, Compensar, Sura, Famisanar, Capital Salud y Nueva EPS. En cambio, otras como Coosalud, Mutual Ser, Cajacopi, Fundación Salud Mía y SOS figuran como no autorizadas. En el régimen subsidiado, el documento señala como autorizadas a Aliansalud, Salud Total, Sanitas, Compensar, Sura, Famisanar, Capital Salud, Nueva EPS y Mallamas, mientras que Coosalud, Mutual Ser, Cajacopi y la EPS Familiar de Colombia no lo estarían.
En Cali, el documento también muestra cómo quedaría el mapa de aseguramiento. En el régimen subsidiado aparecen autorizadas EPS como Comfenalco Valle, Coosalud, Nueva EPS, SOS, Emssanar, Sura, Sanitas, Salud Total y Mallamas. En contraste, Famisanar, Asmet Salud y la EPS Familiar de Colombia figuran como no autorizadas para operar en ese régimen dentro de la ciudad. En el régimen contributivo, la lista de EPS autorizadas incluye Comfenalco Valle, Coosalud, Nueva EPS, SOS, Sura, Sanitas, Salud Total, Emssanar y Mallamas.
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Por el contrario, en la capital del Valle del Cauca Famisanar, Asmet Salud y la EPS Familiar de Colombia aparecen como no autorizadas en este nuevo esquema.
Nueva EPS, la única en el 45% de los municipios
Hasta ahora, se estimaba que Nueva EPS iba a aumentar mucho más usuarios. Los nuevos cálculos del Ministerio de Salud parecen confirmarlo. De acuerdo con estimaciones a partir del documento, la EPS recibiría afiliados en 504 municipios del país, lo que representaría cerca de 2.84 millones de personas reasignadas a esta aseguradora como resultado de la reorganización territorial del sistema. Sin embargo, sería la única EPS disponible en el 45% de los municipios del país. Allí serán trasladados cerca de 1,84 millones de colombianos en los próximos meses.
Los estimativos hechos a partir del documento muestran cuántos afiliados tenía ya la EPS y cuántos más recibiría. En muchos casos, se trata de lugares donde la entidad tenía una presencia pequeña y pasaría a concentrar una parte importante del aseguramiento. En El Doncello (Caquetá), por ejemplo, Nueva EPS tenía 3.055 afiliados, pero recibiría 15.270 adicionales. En Córdoba (Bolívar), donde registraba apenas 143 afiliados, se le asignarían 14.698 más. Algo similar aparece en Barranco de Loba (Bolívar), con 1.662 afiliados actuales y 14.552 nuevos, o en Canalete (Córdoba), donde pasaría de 2.553 afiliados a sumar 14.070 adicionales.
Hay también municipios donde Nueva EPS ya tenía una base importante y aun así recibiría miles de afiliados adicionales. Es el caso de Saravena (Arauca), donde la EPS tenía 54.082 afiliados y recibiría 12.245 más; o de Cáqueza (Cundinamarca), donde a sus 5.412 afiliados actuales se sumarían 11.695 nuevos. Otros ejemplos aparecen en municipios como La Cruz y Policarpa (Nariño), Turbaná (Bolívar) o El Paujíl (Caquetá), donde las asignaciones también superan los 12.000 afiliados.
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El patrón se repite en decenas de municipios de departamentos como Nariño, Bolívar, Caquetá, Meta, Huila, Santander, Cundinamarca y Boyacá, donde la tabla muestra asignaciones que van desde varios miles hasta algunos cientos de afiliados adicionales. Hay que recordar que el estado financiero de la Nueva EPS genera mucha preocupación en el sistema de salud, pues la entidad se encuentra intervenida y arrastra deudas con hospitales y clínicas, lo que abre interrogantes sobre su capacidad para asumir un crecimiento tan grande de afiliados.
Otros casos a resaltar
Uno de los hallazgos más llamativos del documento es el rechazo casi sistemático de la EPS Familiar de Colombia en gran parte del país. En la tabla aparece repetidamente con el estado de “no autorizado” tanto en el régimen contributivo como en el subsidiado. Esto ocurre en una amplia lista de departamentos, entre ellos Antioquia, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Cauca, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Magdalena, Meta, Nariño, Putumayo, Santander, Sucre y Valle del Cauca. En la práctica, si el modelo se implementara tal como está planteado, la EPS tendría muy poca presencia territorial, ya que en la mayoría de municipios no podría seguir.
El documento también muestra casos de EPS con una operación muy regionalizada. Un ejemplo es Capresoca EPS, cuya operación aparece autorizada principalmente en Casanare, su departamento de origen. Fuera de ese territorio, sin embargo, se registra varios resultados de “no autorizado”, incluyendo departamentos cercanos como Boyacá, Cesar, Magdalena y Meta, lo que sugiere que su funcionamiento quedaría concentrado casi exclusivamente en su zona tradicional de influencia.
Algo similar ocurre con Mutual Ser, aunque con un patrón distinto. La EPS tiene una fuerte presencia autorizada en la región Caribe, especialmente en Atlántico, Bolívar, Córdoba y Sucre, donde el documento muestra múltiples municipios en los que podría continuar operando. Sin embargo, su operación aparece rechazada en Bogotá y en varios municipios de Antioquia, lo que refleja cómo el esquema propuesto reorganiza el aseguramiento con un enfoque territorial más marcado.
El documento también identifica el papel de las EPS indígenas, como AIC, Mallamas, Dusakawi y Pijaos Salud, que aparecen con autorización en varias de sus zonas de influencia. En departamentos como Cauca, Cesar, Cundinamarca, Huila, La Guajira, Magdalena, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, Santander y Tolima, estas entidades figuran como autorizadas, lo que sugiere que el modelo busca mantener su operación en territorios donde atienden poblaciones indígenas.
Para continuar con las capitales departamentales, en Cartagena de Indias, por ejemplo, el documento muestra que en el régimen contributivo varias EPS conocidas (como Sanitas, Compensar, Sura y Famisanar) figuran como no autorizadas, mientras que Nueva EPS y Salud Total sí aparecen habilitadas para operar.
La pregunta que se hacen muchos colombianos es qué va a pasar a partir de ahora. Lo primero que hay que decir es que, en teoría, el decreto no es inmediato.
El traslado no es automático. Se activa solo cuando la Superintendencia Nacional de Salud expida los actos administrativos que actualizan el ámbito territorial de las EPS. Eso todavía no ha ocurrido y podría tomar tiempo, porque implica revisar, caso por caso, qué entidades cumplen los nuevos criterios de permanencia, ajustar sus autorizaciones formales y notificar oficialmente cualquier modificación.
Sin esos actos administrativos no se puede iniciar la asignación especial de afiliados. Es decir, aunque el decreto ya esté publicado, su aplicación práctica depende de una serie de decisiones técnicas y jurídicas que no se han dado. Solo después de que la Superintendencia actualice el mapa territorial de cada EPS, el Ministerio de Salud y la ADRES podrán empezar el proceso de redistribución.
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