La capital indígena de Colombia, Uribia —en La Guajira–, es uno de los municipios a nivel nacional que enfrenta mayores niveles de embarazos tempranos y violencias de género. Para hacerse una idea, según el Dane, en 2019 registró 5,1 nacimientos por cada 1.000 niñas entre los 10 y 14 años, una cifra especialmente alarmante si se tiene en cuenta que, de acuerdo al Código Penal colombiano, todo embarazo en menores de 14 años constituye violencia sexual. En ese contexto, y también durante 2019, comenzó en el municipio el proyecto Valiente con un propósito claro: promover la educación sexual entre niños, niñas y adolescentes.
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Valiente surgió como una iniciativa conjunta de Profamilia, que acaba de cumplir 60 años de existencia, y la embajada de Canadá. Desde entonces, se ha implementado en cuatro departamentos: Magdalena, Cauca, Chocó y La Guajira. En este último, llegó a municipios como Dibulla y a por lo menos cinco instituciones educativas de Uribia: cuatro en el casco urbano y otra en la zona rural, desierto adentro.
Según cifras de Profamilia, hasta agosto de 2024 —año en que finalizó Valiente— más de tres mil personas en Uribia habían participado en sus procesos de educación sexual, de las cuales el 59 % fueron mujeres. Su metodología se diseñó para adaptarse a los contextos de cada territorio: el primer paso fue elegir a gestoras sociales que vivieran en el territorio y hablaran fluidamente wayuunaiki, la lengua oficial del pueblo wayuu. “Necesitábamos personas que conocieran y fueran parte del contexto”, explica Marta Royo, directora ejecutiva de Profamilia.
Luego, cada una fue formada con materiales didácticos y herramientas pedagógicas que ellas llevarían con una serie de talleres a las instituciones educativas vinculadas a Valiente. Los temas iban desde el reconocimiento de derechos y deberes en la niñez y adolescencia, hasta la identificación de violencias basadas en género, la menstruación, el inicio de la vida sexual, la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), y el uso de métodos anticonceptivos.
Los cambios se reflejaron en los datos. En 2019, solo el 20 % de los jóvenes participantes mencionaban el condón como método anticonceptivo. Mientras, en 2024, el 48 % aseguró haberlo usado en su primera relación sexual. Esto, según Profamilia, contribuyó a disminuir los embarazos a edades tempranas y a reducir el riesgo de infecciones de transmisión sexual (ITS).
En el mismo municipio, la tasa de nacimientos en mujeres entre 15 y 19 años fue de 78,5 por cada 1.000 adolescentes en 2019. En 2021 subió a 93,6, pero en los últimos dos años del proyecto, se evidenció una tendencia a la baja: 82,9 en 2023 y 21,2 hasta abril de 2024. Aunque la reducción responde a múltiples factores, Royo menciona que intervenciones de programas como Valiente han sido claves, junto a las acciones de otros actores del sistema de salud, incluido el Ministerio de Salud.
El proceso, sin embargo, no estuvo libre de tensiones. Nancy Leonor Zúñiga Epiayú, una de las gestoras de Valiente en Uribia, le dijo en su momento a El Espectador que al inicio hubo resistencia por parte de los padres de familia. “Pensaban que, con las formaciones, íbamos a corromper a sus hijos o a incitarlos a tener relaciones sexuales. Luego la cosa cambió cuando se dieron cuenta de que el proyecto quería dialogar con ellos. Escucharlos para crear algo en común que respetara nuestra cultura”, explicó Zúñiga.
Ese ejercicio de diálogo hizo que las puertas de las instituciones educativas se abrieron al proyecto y permitió que, además de participar en las jornadas pedagógicas, los estudiantes formularan sus propias iniciativas con el respaldo de Valiente. Las propuestas fueron diversas: algunas buscaban soluciones a problemas de acceso al agua, mientras que otras impulsaban campañas diseñadas y lideradas por los mismos jóvenes. Entre ellas estuvo la de Jairem Alejandra, quien planteó actividades como juegos entre compañeros y bazares de emprendimiento para promover la reducción de embarazos adolescentes en su colegio.
Valiente finalizó el año pasado y Profamilia lo reconoce como uno de sus proyectos más significativos. Durante sus cinco años, llegó a unas 8.000 personas en ocho municipios de cuatro departamentos: Aracataca y Pivijay (Magdalena), El Carmen de Atrato y Bahía Solano (Chocó), Caloto y Miranda (Cauca), y Dibulla y Uribia (La Guajira).
Por ahora, tras la finalización del proyecto, la directora Royo hace énfasis en que Colombia cuenta con uno de los marcos normativos más robustos y progresistas en materia de derechos sexuales y reproductivos. “Y bajo la premisa de que en derechos humanos el único camino posible es el avance, nunca el retroceso, ese debe ser el faro que nos guíe: proteger lo conquistado y seguir avanzando en lo que aún falta. Además, somos un país profundamente desigual. La brecha entre lo que dicen las normas y lo que realmente ocurre en los territorios es enorme. Por eso, debemos avanzar para que ninguna persona encuentre limitaciones cuando se trata de vivir plenamente su sexualidad, con autonomía y sin barreras”, afirma Royo.
Por Luisa Fernanda Orozco
