Este martes 30 de septiembre, en horas de la mañana, inició el debate de la reforma a la salud en la Comisión Séptima del Senado, donde se hundió la última vez, el año pasado. Durante la sesión (que ya se levantó y que continuará mañana), uno de los invitados fue Juan Pablo Rueda Sánchez, presidente global de salud del Grupo Keralty, el mayor accionista de la EPS Sanitas.
Con base en una auditoría forense, encargada de manera privada por la EPS Sanitas, Rueda dio a conocer algunos detalles preliminares sobre lo que sucedió durante la intervención por parte de la Superintendencia de Salud, la cual inició el 2 de abril de 2024 y hasta hace unas semanas fue anulada por la Corte Constitucional, a través de la Sentencia SU-277 de 2025.
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Durante los 17 meses de la intervención, aseguró Rueda, “hubo un deterioro patrimonial equivalente a COP 1,7 billones, que también es la pérdida acumulada durante este periodo”. Agregó que, debido a “la insuficiencia” de la UPC, la EPS Sanitas había presentado resultados negativos, pero que durante la intervención se “aceleraron cuatro veces más”.
Rueda afirmó que se triplicaron las glosas que se hacen regularmente a los prestadores de servicio, es decir, las observaciones o reparos que la EPS Sanitas presentó ante las facturas de los servicios de salud. “Además de los no pagos, hay un elemento de glosa adicional que se acerca al billón de pesos”, dijo.
La auditoría, en suma, encontró que a un grupo de prestadores se le paga en 30 días, mientras que a otro se le hace el giro en 120 días. Esto, en palabras de Rueda, es un asunto de “inequidad que no esperábamos encontrar. Eso no ocurría en la EPS Sanitas”.
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En cuánto a los usuarios, las quejas habrían aumentado en más de un 40 %, y las tutelas y desacatos se habrían duplicado durante la intervención. Los hallazgos preliminares apuntan a que hubo mayor movimiento de personas de otras EPS hacia Sanitas, especialmente de pacientes con cáncer (con un crecimiento del 23 %) y con enfermedades huérfanas.
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