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Este jueves, 4 de septiembre, terminaron las siete sesiones de la mesa de trabajo participativa para revisar la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que son los recursos que entrega el Estado a las EPS para la atención de cada usuario. Aunque el Ministerio de Salud entregó un balance positivo, algunas agremiaciones mostraron su desacuerdo con las conclusiones de la cartera.
De acuerdo con el viceministro de Protección Social, Luis Alberto Martínez, la Comisión de Costos y Tarifas, será la encargada ahora de revisar todos los insumos trabajados en la mesa con los diferentes actores y determinar si “hay o no hay un rezago, y con ocasión a esto hacer un reajuste”, mencionó. Luego de esto, se volverá a citar a la mesa de trabajo para socializar la metodología de lo que sigue.
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Recordemos que en enero de este año, la Corte Constitucional ordenó crear mesas de trabajo para reajustar el cálculo de la UPC para 2025 y los años venideros, después de determinar que el cálculo hecho por el gobierno para 2024 es insuficiente.
Entre otras cosas, la orden decía que se debía analizar la siniestralidad (la relación que existe entre los costos de salud asumidos y los ingresos operacionales recibidos) y las variaciones en las frecuencias de uso. También debía analizar los lineamientos o criterios “a partir de los cuales se podrían realizar los ajustes ex post, la forma cómo se reconocería a las EPS el reajuste de la UPC de 2024, porcentajes y fechas máximas de pago”.
Tras finalizar las mesas de trabajo, la Procuraduría pidió al Ministerio de Salud cumplir con las órdenes y los lineamientos emitidos por la Corte Constitucional. La Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación (Afidro) también les solicitó “mantener estos espacios participativos para la construcción de algo tan relevante como la UPC que se definirá para 2026”.
Sin embargo, otras organizaciones, como la Federación Colombiana de Enfermedades Raras (FECOER), mostraron su descontento, pues afirman que “el ministerio desconoció la insuficiencia de la UPC, contradiciendo lo que ya resolvió la Corte Constitucional”, dijo Diego Fernando Gil, presidente de FECOER.
ACEMI, el gremio que representa a las EPS no intervenidas, también se pronunció. Dicen que el gobierno no reconoció la evidencia, pese a que la Corte Constitucional pidió un debate técnico y transparente. “Insistimos en soluciones con datos verificables, confianza institucional y consenso político”.
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