La Asociación de Empresas Gestoras del Aseguramiento y/o Gestión de la Salud (Gestarsalud), que agremia a las EPS del régimen subsidiado, se pronunció frente al decreto publicado por el Gobierno nacional en el que se cambia el mapa del sistema de salud en el país.
Como contamos en El Espectador, el documento plantea una nueva territorialización del país, desautorizando a algunas EPS en varios municipios en los que no tendrían capacidad suficiente. Como consecuencia, Nueva EPS, la promotora de salud más grande del sistema, sería la única presente en todo el territorio nacional.
Según estimaciones del Minsalud, Nueva EPS sería la única aseguradora disponible en 504 municipios, el 45 % del país. Esto implica que reciba 2,4 millones de nuevos usuarios, alcanzando un total de 14 millones de afiliados. Este movimiento ha generado dudas, como explicamos en este artículo, por la crisis financiera que atraviesa la entidad.
En su pronunciamiento, Gestarsalud hizo un llamado a que cualquier proceso de reorganización del sistema de salud, como el que plantea este decreto, se haga priorizando la protección de los pacientes.
“La realidad del país exige avanzar hacia modelos de organización del sistema que reconozcan las diferencias territoriales, la disponibilidad de oferta de servicios y las características poblacionales de cada región, sumado a la necesidad de optimizar el uso de los recursos y avanzar hacia un sistema sostenible en un contexto de recursos limitados”, dijo el gremio sobre su posición frente al decreto.
Además, reconocieron que este enfoque de territorialización del sistema de salud es clave para zonas rurales y dispersas del país, en donde es más difícil el acceso a servicios de salud, así como a los profesionales necesarios para brindar una atención adecuada.
“Esta es una realidad que conocen de primera mano las EPS del régimen subsidiado, que operan en muchos de estos territorios enfrentando desafíos asociados a la disponibilidad de servicios, las barreras geográficas y las condiciones sociales de la población”, señaló Gestarsalud.
Frente a estas dificultades, el gremio asegura que fortalecer el aseguramiento de usuarios a partir de la organización territorial “permite articular mejor la oferta disponible, consolidar redes de atención con mayor capacidad resolutiva y garantizar el acceso oportuno a servicios y tecnologías en salud, contribuyendo a cerrar brechas en regiones que tradicionalmente han enfrentado mayores barreras de acceso”. Estos argumentos, precisamente, fueron parte de las motivaciones que expresó el Gobierno para plantear una nueva organización del sistema.
En su comunicado, reiteraron su disposición a contribuir desde la parte técnica a la implementación de soluciones que permitan atender los problemas que hoy enfrenta el sistema de salud. Además, pidieron que los actos administrativos que se esperan para implementar este decreto abran un debate sobre las barreras que tienen las zonas rurales y dispersas en el acceso a servicios de salud. Esto, dicen, debe trascender un gobierno y convertirse en política de Estado.
Los actos administrativos a los que se refieren son los que debe expedir la Superintendencia de Salud modificando el ámbito geográfico en el que puede operar cada una de las EPS del país, reglamentando lo que ya está planteado en el decreto emitido por el Minsalud.
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