En julio se conoció la noticia de que habían sido cerrados los servicios de ginecología y obstetricia y los de pediatría en Antioquia. Desde entonces, pediatras y ginecólogos del departamento han emitido alertas sobre el riesgo al que se enfrenta esta población por el cierre masivo, como lo explicamos en esta nota.
Ahora, en un comunicado, la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (ACSC), un gremio que agrupa a 69 especialidades de medicina, le exige al Gobierno tomar las medidas pertinentes para poder garantizar la atención en salud a madres gestantes, recién nacidos y niños en el departamento. (Lea: Alertan por cierre de camas para atención pediátrica en Colombia)
Según dice Dora Bernal, presidente de la asociación, en la Ley Estatutaria 1751 de 2015, entre otras cosas, se estableció que a las mujeres (incluyendo a aquellas que están en estado de gestación) se les debe garantizar el derecho fundamental a la salud y que su atención médica no podrá estar limitada a ningún tipo de restricción administrativa o económica.
“Las instituciones que ofrecen los servicios de salud deben definir procesos que garanticen las condiciones para su prestación, incluyendo la atención postparto para las mujeres embarazadas”, anotó Bernal. Al llamado de esta asociación se le suma el realizado por la Sociedad Colombiana de Cirugía Pediátrica, que pide que se prime el derecho a la vida de los niños.
“Estamos en la obligación de alertar al Gobierno y al Ministerio de Salud sobre esta preocupante situación. Hacemos un llamado a priorizar la vida y la salud de nuestros infantes sobre la rentabilidad, que suponemos es el factor que ha desencadenado estos cierres”, advirtió Margarita Martínez, presidente de dicha sociedad. (Puede ver: La ginecología moderna les debe una disculpa a las mujeres)
A esta grave situación se le suma el complejo panorama que muestran los indicadores de salud, como por ejemplo, que la morbimortalidad materna y perinatal ha aumentado en los últimos cuatro años. Por eso, añadió Jorge Enrique Enciso, presidente de la Federación Colombiana de Sindicatos Médicos (FECOLMED), “el Estado debe corregir con urgencia la deficiente destinación de recursos para la atención materna y perinatal, dando prioridad real a la mujer y el binomio madre-hijo”.
De acuerdo con las diferentes entidades, ni el Estado, ni las diversas entidades que administran las IPS públicas y privadas están cumpliendo con sus obligaciones constitucionales y legales y, añadieron, están ponen en riesgo la salud de las mujeres en estado de embarazo y de los niños. “Es inadmisible, más si se tiene en cuenta el argumento fútil de la poca rentabilidad que ofrece la atención de los partos y los niños”, concluyen. (Lea también: ¿Sangra mucho en su periodo? Este producto es el que más retiene sangre)
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