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José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, aseguró en una entrevista concedida a Caracol Radio que, en caso de llegar a la Presidencia, eliminarían los impuestos saludables. “Muy poco tiene de saludable. Hay que eliminarlo. Eso no tiene ninguna presentación. ¿Quién dijo que un impuesto es un mecanismo a través del cual usted define el consumo de una persona? Las personas deben definir qué es lo que quieren consumir libremente”. Más adelante, Restrepo insistió en esa posición: “Ese es un impuesto que terminaron poniendo por una razón puramente ideológica. Ninguna otra razón tiene”.
Entre 2020 y 2024, el país adoptó al menos tres medidas muy importantes en su política para promover una mejor alimentación y mejor salud. La más reciente es la Ley 2722, aprobada en 2022. Con ella se crearon dos impuestos para desincentivar el consumo de productos poco saludables. El primero fue para las bebidas azucaradas y varía según la cantidad de azúcar añadida que contengan. El segundo es un impuesto sobre el precio de venta al público de los alimentos ultraprocesados que llevan etiquetado frontal. Este impuesto se aplicó de forma gradual: 10% en 2023, 15% en 2024 y 20% en 2025.
Lo que dice Restrepo va en contra de la evidencia que durante años han acumulado diversos organismos de salud, entre ellos la Organización Mundial de la Salud (OMS), que considera los impuestos a las bebidas azucaradas como una de las herramientas más efectivas para reducir el consumo de productos asociados con enfermedades como la obesidad, la diabetes tipo 2, algunos tipos de cáncer y las enfermedades cardiovasculares. De hecho, la entidad ha recomendado de forma reiterada a los gobiernos de todo el mundo fortalecer este tipo de gravámenes y ha señalado que, además de mejorar la salud de la población, pueden generar recursos para financiar programas y servicios sanitarios.
¿Y de qué evidencia estamos hablando? Por ejemplo, del más reciente Informe mundial sobre el uso de impuestos a las bebidas azucaradas de la OMS. El documento analiza cómo se están aplicando estos gravámenes en 160 países y revisa la evidencia acumulada sobre sus efectos. Su conclusión es que los impuestos a las bebidas azucaradas son una herramienta eficaz para reducir el consumo de estos productos, incentivar a la industria a disminuir el contenido de azúcar de sus bebidas y contribuir a la prevención de enfermedades no transmisibles como la obesidad y la diabetes tipo 2.
De hecho, el informe no concluye que estos impuestos deban eliminarse. Por el contrario, sostiene que muchos países los están aplicando de manera insuficiente, con tasas demasiado bajas o sin ajustes frente a la inflación, por lo que recomienda fortalecerlos y diseñarlos aún mejor para aumentar su impacto sobre la salud pública.
La postura de la OMS no es una excepción. En los últimos años, numerosos y diversos estudios han llegado a conclusiones similares sobre el potencial de este tipo de medidas. Por ejemplo, a inicios de 2026 investigadores publicaron en The Lancet Public Health un análisis sobre el impacto que tendrían distintos impuestos y subsidios alimentarios en Australia. Utilizando modelos basados en patrones de consumo, precios de los alimentos y carga de enfermedad, estimaron que un impuesto del 20 % a productos poco saludables como bebidas azucaradas, dulces, snacks, galletas, helados y carnes procesadas podría evitar cerca de 212.000 muertes prematuras a lo largo de la vida de la población adulta australiana, generar alrededor de 1,37 millones de años de vida ajustados por salud y ahorrar unos 15.000 millones de dólares australianos en costos sanitarios.
Los autores también concluyeron que los beneficios potenciales de una medida de este tipo serían aproximadamente siete veces mayores que los obtenidos con un impuesto aplicado únicamente a las bebidas azucaradas. Algo muy interesante es que mientras Restrepo propone eliminarlos, los autores de ese estudio publicaron una columna en el medio especializado The Conversation poniendo como ejemplo a Colombia. “La labor de promoción de grupos de salud y comunitarios podría impulsar la adopción de políticas. En Colombia, esta promoción constante condujo a la introducción de un impuesto del 20 % sobre los alimentos poco saludables. La evidencia sugiere que esto está mejorando la alimentación de la población sin afectar los empleos en la industria alimentaria”.
Antes de llegar al caso colombiano, revisemos el caso de Reino Unido, donde los impuestos a las bebidas azucaradas entraron en vigor a principios de 2018. Una investigación publicada en la revista Journal of Epidemiology and Community Health analizó datos de más de 15.000 personas y encontró que, menos de un año después de la implementación de la medida, el consumo de azúcares libres se había reducido de forma significativa tanto en niños como en adultos. Los investigadores estimaron que los niños consumían, en promedio, 4,8 gramos menos de azúcares libres al día que los que habrían consumido si el impuesto no se hubiera implementado. En los adultos, la reducción fue de 10,9 gramos diarios. Al analizar las bebidas, las disminuciones fueron de 3 gramos diarios en niños y de 5,2 gramos en adultos. La conclusión fue que el impuesto condujo a reducciones significativas en el consumo de azúcares libres en la población, aportando evidencia de que este tipo de medidas puede contribuir a mejorar la alimentación a nivel poblacional.
En Colombia, los impuestos ya funcionan
Dos investigaciones realizadas por científicos colombianos y extranjeros, que hemos reportado en El Espectador, coinciden con la evidencia internacional y contradicen la visión de Restrepo. Aunque todavía es pronto para medir efectos sobre enfermedades como la obesidad, la diabetes o los infartos, los estudios muestran que las políticas nutricionales implementadas en Colombia ya están produciendo cambios en los productos que llegan a los consumidores y que, al mismo tiempo, no han generado los efectos económicos negativos que durante años anticiparon algunos gremios empresariales.
La primera investigación fue liderada por científicas de PROESA, el centro de investigación de la Universidad Icesi y la Fundación Valle del Lili. Para evaluar si las regulaciones habían tenido algún efecto real, las investigadoras compararon 200 pares de alimentos y bebidas ultraprocesados de la misma marca y presentación comercializados en 2015 y en 2024. El objetivo era determinar si la composición nutricional de esos productos había cambiado tras la adopción de medidas como las metas obligatorias de reducción de sodio, el etiquetado frontal de advertencia y los impuestos saludables.
Los resultados mostraron cambios importantes. En los alimentos, el contenido promedio de azúcar pasó de 10,7 a 8,1 gramos por cada 100 gramos. En las bebidas, la reducción fue aún mayor: de 8,9 a 4,8 gramos por cada 100 mililitros. Las gaseosas redujeron su aporte energético de 41 a 20 calorías por cada 100 ml, mientras que los jugos pasaron de 44 a 20 calorías. También se observaron disminuciones significativas en el sodio, especialmente en las categorías sujetas a metas regulatorias obligatorias. Por ejemplo, en los snacks el contenido promedio de sodio cayó de 725 a 412 miligramos por cada 100 gramos.
Para Elisa Cadena, primera autora del estudio, uno de los hallazgos más reveladores aparece en las bebidas. El contenido promedio de azúcar terminó ubicándose justo por debajo de los 5 gramos por cada 100 mililitros, el umbral a partir del cual un producto debe llevar el sello frontal de advertencia por exceso de azúcares. “Que la industria haya reformulado justo por debajo de ese límite es una señal evidente de que se hizo con la intención de evitar el sello obligatorio”, explicó a El Espectador. Cadena también cuestionó uno de los argumentos históricos de la industria contra este tipo de regulaciones. “Los argumentos de la industria siempre fueron: ‘nos vamos a quebrar, vamos a perder empleo, nuestros productos van a saber feo’. Pero lo que se demuestra es que, en diferentes categorías de productos, sí se han hecho procesos de reformulación y que es posible hacerlos sin que la población lo perciba negativamente”, señaló.
La segunda investigación analizó precisamente otra de las advertencias más frecuentes de los opositores a los impuestos saludables: la posibilidad de que destruyeran empleos o afectaran la actividad económica. El estudio fue desarrollado por investigadores de la Universidad del Rosario, la Universidad Javeriana y centros internacionales vinculados al Global Food Research Program de la Universidad de Carolina del Norte. Para ello utilizaron datos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares y aplicaron varias metodologías económicas que permiten comparar lo que ocurrió en los sectores afectados por la regulación con escenarios alternativos en los que esta nunca hubiera existido.
Los resultados no encontraron evidencia de despidos masivos, reducciones significativas de ingresos laborales ni aumentos de la informalidad en los sectores de bebidas y alimentos procesados. Durante el primer año de implementación de las medidas, las diferencias observadas fueron pequeñas y, en la mayoría de los casos, estadísticamente indistinguibles de cero. Incluso cuando los investigadores aplicaron distintos métodos de análisis, la conclusión se mantuvo: no apareció la destrucción de empleo que algunos gremios habían anticipado durante el debate legislativo. “La evidencia sugiere que, en el corto plazo, las empresas no se ajustaron principalmente a través de despidos ni de reducciones salariales”, explicó Mayra Sáenz, investigadora de la Universidad del Rosario y coautora del trabajo. Según la economista, las compañías parecen haber respondido mediante reorganizaciones internas y ajustes en sus procesos productivos. De hecho, en el sector de bebidas los investigadores encontraron incluso un aumento moderado de las horas trabajadas, compatible con una adaptación gradual a la regulación.
El investigador Paul Rodríguez, también autor del estudio, atribuye buena parte de este resultado a la capacidad de la industria para reformular sus productos. “Si elaboro gaseosas con azúcar, también puedo producir gaseosas sin azúcar o embotellar agua. Ajustar el mercado es, por tanto, relativamente fácil”, explicó.
Ninguno de estos estudios demuestra por sí solo que los impuestos saludables sean una solución perfecta ni permite saber todavía cuál será su efecto final sobre la salud de los colombianos. Pero sí ofrecen evidencia que apunta en una dirección distinta a la planteada por Restrepo. Hasta ahora, las políticas nutricionales colombianas parecen estar incentivando la reformulación de productos, reduciendo la exposición de los consumidores a ingredientes asociados con enfermedades crónicas y haciéndolo sin provocar los impactos económicos que durante años fueron utilizados como argumento para frenarlas.
A esta evidencia se suma un informe reciente de ANIF citado por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), según el cual el consumo diario de bebidas azucaradas en Colombia cayó entre 2022 y 2024. Entre los jóvenes de 12 a 28 años pasó de 24,6 % a 22,6 %, mientras que entre los adultos de 29 a 44 años descendió de 24,9 % a 19,2 %. El informe también señala que la reducción fue más marcada en los hogares de menores ingresos. Asimismo, reportó que a mayo de 2025 los impuestos saludables habían generado un recaudo de $1,6 billones, equivalente al 1,3 % del recaudo tributario total.
“No se puede decir que estamos en una crisis de financiación del sistema de salud y, al mismo tiempo, proponer quitarle al sistema 3 billones que recibe de los impuestos saludables, porque “las personas deben decidir qué consumen”. ¿A quién se le ha impedido comprar una gaseosa?“, opinó en X, en ese sentido, Johnattan García-Ruiz, Investigador y consultor en asuntos de salud global y acceso a medicamentos.
Ninguno de estos estudios demuestra por sí solo que los impuestos saludables sean una solución perfecta ni permite saber todavía cuál será su efecto final sobre indicadores como la obesidad, la diabetes o las enfermedades cardiovasculares. Pero, en conjunto, sí ofrecen evidencia que apunta en una dirección distinta a la planteada por Restrepo. Hasta ahora, las políticas nutricionales colombianas parecen estar incentivando la reformulación de productos, reduciendo el consumo de bebidas azucaradas y disminuyendo la exposición de los consumidores a ingredientes asociados con enfermedades crónicas, todo ello sin provocar los impactos económicos negativos que durante años fueron utilizados como argumento para frenarlas.
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