Entre octubre de 2023 y octubre de 2025, en Colombia se sancionó una ley y se expidió una resolución con las que se espera avanzar en la prevención, diagnóstico temprano y tratamiento integral de la endometriosis, una patología crónica y sin cura que afecta a una de cada diez mujeres a nivel mundial.
Se trata de la Ley 2338 de 2023 y la Política Pública de Endometriosis adoptada mediante la Resolución 2068 de 2025. Hace unos meses, la Asociación Colombiana de Endometriosis e Infertilidad (ASOCOEN) radicó un derecho de petición ante el Minsalud para saber, entre otras cosas, cómo avanzaba la construcción, formulación e implementación del Plan de Acción Nacional de la Política Pública, así como los mecanismos de participación previstos en dicho proceso.
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Aunque la cartera respondió el derecho de petición, un juzgado en Bogotá determinó hace un par de días que la respuesta no fue clara, completa, congruente ni debidamente motivada frente a las solicitudes realizadas por la Asociación.
De acuerdo con la sentencia, proferida por la jueza Mónica Sánchez, del Juzgado Veintiséis de Familia del Circuito de Bogotá, “dicha respuesta no satisface los parámetros constitucionales exigidos para entender garantizado el núcleo esencial del derecho fundamental de petición”.
Por esta razón, la jueza le ordenó al Ministerio de Salud que, en un plazo de 48 horas, emita y comunique una respuesta integral, clara y debidamente motivada frente a cada una de las solicitudes formuladas por la accionante.
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Para la Asociación, la sentencia “también deja en evidencia una preocupación profundamente relevante para las pacientes del país”. A lo que se refieren es a que, según informó el mismo Ministerio de Salud, la participación de organizaciones de pacientes o de la sociedad civil “no está prevista” en la formulación del plan de acción de la Política Pública.
“Desde ASOCOEN consideramos que este escenario genera preocupación frente a los principios de participación ciudadana, transparencia y construcción colectiva que deben orientar toda política pública en salud, especialmente tratándose de una enfermedad crónica, incapacitante y multisistémica que afecta la calidad de vida de miles de mujeres y personas menstruantes en Colombia”, agregó la Asociación en un comunicado.
Además de celebrar la sentencia del juzgado, la cual calificaron como un “precedente importante para la vigilancia ciudadana y el control social alrededor de la implementación de la Ley Endometriosis Colombia”, la asociación realizó una serie de peticiones.
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En primer lugar, pidieron que la ley no se quede en el papel y que la política pública contemple metas, presupuesto, indicadores y mecanismos reales de seguimiento. “Las pacientes deben ser escuchadas en las decisiones que impactan directamente su salud y sus derechos”, concluyó la Asociación.
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