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En diciembre este mes, uno de los temas que más suena en el sector de la salud es el de la UPC, la Unidad de Pago por Capitación, que es el valor anual que el gobierno paga a las EPS por cada afiliado para cubrir sus servicios de salud. Todos tienen los ojos puestos en el incremento que decidirá el Ministerio de Salud, pues de esa decisión depende la sostenibilidad del sistema.
La discusión ya empezó y la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) y Acemi, asociación que reúne a las EPS del régimen contributivo, revelaron cuál es su propuesta: piden que el incremento esté por encima del 15 %.
La Andi afirma que se necesita un incremento de al menos 15,6 % para empezar a estabilizar el sistema de salud. Esta cifra sale de un análisis a partir de información financiera del Sistema General de Seguridad Social en Salud, que “atraviesa su momento más crítico”, señalan.
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En su análisis, la Andi dice que la insuficiencia de UPC ha llevado a las aseguradoras a operar “en números rojos. El diagnóstico es contundente: el sistema está gastando más de lo que recibe. La siniestralidad de la UPC ha sido superior al 99 % desde 2021 y por encima del 100 % desde 2022”, escribieron en un comunicado.
Según la Andi, para el cierre de este año, se proyecta una siniestralidad del 105,9%. Esto significa que por cada $100 pesos que ingresan a las EPS, estas gastarán casi $106 solo en atenciones de salud, sin contar gastos administrativos. “Esta brecha ha generado un déficit operativo de $10,2 billones solo para la vigencia actual”, agregan.
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Por el otro lado, Acemi le apuesta a un mayor incremento. Para esta agremiación el incremento debe ser del 17,33 %, luego de un análisis en el que consideró el gasto en salud reportado en 2024, el ajuste por inflación y el crecimiento de las frecuencias. Esto quiere decir que, explica Acemi, a partir del 1 de enero la UPC legal en el Régimen contributivo debe ser de $1.785.164 y en el Régimen subsidiado de $1.552.403, si se aplicara la misma proporción de ajuste.
“De manera reiterada se ha insistido en la importancia de contar con un proceso de retroalimentación suficiente y detallado. El diálogo técnico y la estandarización de los reportes, así como lineamientos claros desde el Ministerio de Salud contribuyen a que no se eliminen registros y se consolide una base cierta del gasto en salud del país”, señaló Acemi en un comunicado.
Esta agremiación señala que la información reportada a la Superintendencia Nacional de Salud al cierre de octubre de 2025 da cuenta de la mayor siniestralidad que ha tenido el sistema en su historia. “Datos agregados de todas las EPS indican que este indicador supera el 111%... Se estima que a diciembre 31 de 2025 el déficit del periodo alcanzará los 9 billones de pesos, que se suma al de años anteriores y que están representados en carteras atrasadas entre todos los agentes”, arega Acemi.
Para la Andi, el ajuste mínimo del 15,6 % es financiable. Dicen que el Presupuesto General de la Nación aprobado para 2026 contempla transferencias a la ADRES por más de $48 billones. “Si estos recursos se destinan estrictamente al aseguramiento y no se desvían a otros programas, el Estado tiene la capacidad de cubrir el ajuste requerido”, mencionan.
Al Ministerio de Salud le quedan pocos días para ajustar la UPC
El Ministerio de Salud, liderado por Guillermo Alfonso Jaramillo, tiene hasta el 31 de diciembre para anunciar el aumento de la UPC para 2026. La noticia llegará en medio de un cierre de año especialmente complejo para el sistema: un déficit que va creciendo, una reforma de la salud estancada y sin alternativas claras, IPS que cierran servicios y un aumento sostenido de quejas, tutelas y barreras denunciadas por pacientes en todo el país.
El Ministerio de Salud tampoco ha cumplido con las órdenes de la Corte Constitucional relacionadas con la UPC. En particular, debía establecer y ajustar el rezago de la UPC para la vigencia 2024; revisar el déficit acumulado del sistema de salud hasta 2021; y definir lineamientos claros para realizar ajustes posteriores, con fechas y porcentajes precisos. Sin embargo, como contamos en este artículo, a más de tres meses de finalizadas las segundas mesas de revisión sobre el tema, no se ha publicado ningún informe con las conclusiones ni los cálculos del Minsalud.
Para Acemi, es urgente priorizar el aseguramiento. “No es compatible la mayor inversión en infraestructura y equipos básicos de salud, con el desfinanciamiento persistente de la UPC que es la protección financiera de la población, además de ser una decisión política poco costo efectiva, que derivará en mayor enfermedad y mayor gasto con el paso del tiempo”, señalaron.
