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Los paquetes cambiaron, algunas advertencias desaparecieron y las etiquetas parecen más limpias, pero muchos productos ultraprocesados siguen siendo igual —o más— dañinos que antes.
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Alrededor de la salud alimentaria en Colombia hay un enfrentamiento de dos visiones irreconciliables: por un lado, la academia y la sociedad civil apoyan a Minsalud para actualizar el etiquetado frontal que advierte sobre el ultraprocesamiento en comestibles y bebidas como un riesgo para la salud y para la vida; por el otro, gremios y grandes industrias, con intereses comerciales en el negocio de las bebidas y comida chatarra, se oponen.
Esto pone a prueba la capacidad del Estado para proteger a niñas, niños y adolescentes frente a los determinantes comerciales de la salud, que muchas veces imponen decisiones en función de intereses económicos más que en evidencia científica. Por esto, debe haber regulaciones que garanticen información comprensible y útil para los consumidores.
Una de las cuatro regulaciones recomendadas para frenar el avance de la malnutrición es el etiquetado frontal de advertencia en los productos ultraprocesados.
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Estamos en un momento crítico: a finales de 2025, The Lancet publicó una serie de artículos contundentes sobre el daño que producen. Se trata de productos que, si bien pueden partir de alimentos, en su preparación pierden la matriz alimentaria y la capacidad de nutrir. Pero, además, les agregan aditivos químicos, sabores y colores artificiales, que los hacen adictivos.
En niñas, niños y adolescentes, estos comestibles, incluso, desplazan el consumo de alimentos reales en etapas críticas de desarrollo y aumentan los riesgos de sufrir hipertensión, diabetes tipo 2, caries, cáncer y enfermedades cardiovasculares a edades tempranas.
Se ha demostrado cómo, en contextos de pobreza, las calorías baratas de la comida chatarra son la opción más accesible. Por eso, el etiquetado y el impuesto saludable no son solo herramientas informativas, sino mecanismos de justicia social para evitar que el nivel de ingresos determine la salud de las personas. Además, el costo de tratar enfermedades crónicas derivadas de los ultraprocesados supera por mucho cualquier beneficio económico que el país pueda obtener por su venta. Y somos los colombianos, nuestras familias, quienes pagamos esa factura.
En Colombia ya tenemos los octágonos que alertan sobre los excesos de azúcares, sodio, grasas saturadas y trans, y sobre la presencia de edulcorantes. Pero ¿por qué ahora es necesaria una nueva advertencia?
A raíz de la Ley Comida Chatarra (Ley 2120 de 2021) y del impuesto saludable a los ultraprocesados (Ley 2277 de 2022), los grandes fabricantes transformaron los empaques. Empezó Todo Rico. Le siguieron otros gigantes de la industria. De un momento a otro, estos productos se despojaron de los sellos. Podría pensarse que fue porque sirvió la ley, reformularon y ahora son saludables; sin embargo, eso no fue lo que ocurrió. Sí reformularon, pero en sentido contrario: aumentaron el nivel de ultraprocesamiento, con más aditivos, ahora más dañinos, con el objetivo de evitar el etiquetado frontal. Por eso, es urgente seguir la recomendación de la Organización Panamericana de la Salud y complementar el etiquetado con un sello de ultraprocesamiento.
¿Qué podrá pasar? Dentro de unos meses veremos en una estantería unas papas con sellos de exceso de grasas saturadas y exceso de sodio —seguramente una marca local— al lado de un paquete de papas fritas que logró deshacerse de ellos, pero que llevará un etiquetado difícil de maquillar: ADVERTENCIA ULTRAPROCESADO.
Ojalá en mayúsculas, sí: una advertencia que nos diga de manera muy rápida que esas papitas fritas dejaron de ser papas.
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Al final de cuentas, el espíritu de la Ley Comida Chatarra es que estemos informados para tomar mejores decisiones y que el etiquetado se base en la mayor evidencia sin conflictos de interés.
¿A quién oirá MinSalud? ¿A la evidencia o a los gremios y poderosas industrias? La respuesta tendrá consecuencias sobre la salud de todos los colombianos.
* Directora ejecutiva de Red PaPaz
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Por Carolina Piñeros Ospina*
