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Después de más de tres semanas de negociaciones, un borrador de la reforma a la salud fue entregado este miércoles a los partidos Conservador y de la U. Se supone, confiaban los directores de ambas colectividades, Efraín Cepeda y Dilian Francisca Toro, respectivamente, que este debía ser el último antes de que los ponentes se sentarán a redactar una propuesta. La sorpresa fue que, una vez más, el borrador redactado por el Ministerio de Salud no reflejaba los acuerdos alcanzados. Eso colmó la paciencia de los partidos.
Hacia la noche de este miércoles, ambos políticos señalaron que no insistirían más, tampoco asistirían a más reuniones y presentarían una propuesta común y aparte del Gobierno al Congreso. “Recibida la ponencia del proyecto de reforma a la salud encontramos que no se contemplan los acuerdos pactados por lo cual presentaremos una ponencia alterna que recoja las propuestas presentadas por los partidos para salvar vidas”, alcanzó a escribir en Twitter la directora de la U.
Con el retiro de los tres grandes partidos (Liberal, Conservador y de la U), la reforma a la salud está virtualmente muerta en su proceso legislativo. Hoy no tendría los apoyos para pasar en Comisión Séptima de la Cámara. Las razones de la ruptura se reducen a la participación de las EPS, a la auditoria de las millones de cuentas de cobro que genera el sistema día a día y al manejo eficiente de los recursos de la salud.
Las gestoras y los fondos regionales
El manejo de los recursos fue siempre una de las claves del proyecto. Fue, desde el principio, una línea roja del presidente Gustavo Petro, que buscaba que el Adres, el llamado banco de la salud, girara los recursos a hospitales y clínicas, sin que estos dineros pasaran por las EPS (como sucede hoy). Para que esto fuera posible, el Adres tenía que aprender a hacer unas funciones que hoy hacen las EPS y que muchos expertos creen que son difíciles de adquirir en un corto plazo. Entre ellas, principalmente, autorizar y auditar la factura de cada servicio médico que se presta en Colombia.
El exministro Alejandro Gaviria (cuya salida del Gobierno fue criticada por el Liberalismo y se dio, en gran parte, por su postura frente a la reforma), se hacía algunas preguntas sobre este tema a inicios de febrero y advertía que “sin control del gasto, la quiebra del sistema será inevitable y acelerada”. Las EPS, decía el entonces ministro, “tienen miles de personas empleadas para estas tareas”.
Martha Lisbeth Alfonso, congresista del Partido Verde, una de las ponentes de la reforma en la Comisión Séptima, y quien ha apoyado el proyecto del Gobierno, señalaba que mientras “los partidos defienden la existencia de una instancia externa al Estado que controle los gastos para que el sistema no se quiebre, el Gobierno dice que el sistema no se va a quebrar porque los controles van a seguir, pero además porque la lógica del sistema será evitar que la gente se enferme”.
Los partidos políticos habían accedido a que el Adres girara los recursos a los prestadores, pero pedían que la auditoria de las facturas siguiera en manos de las gestoras de salud, la figura que reemplazaría a las EPS. Es decir, las gestoras autorizarían y auditarían los gastos, y el Adres recibiría esa información y pagaría a los prestadores. Esa parecía ser una fórmula intermedia, pero no lo fue.
En el borrador entregado este miércoles por el Ministerio de Salud se dice que: “La Administradora de Recursos del Sistema de Salud ADRES, será pagador único de manera gradual de acuerdo con las capacidades que adquiera, a cuyo efecto le corresponde reconocer, auditar y pagar las cuentas de las prestaciones de servicios de salud y demás obligaciones (…) que permiten hacer los pagos a prestadores y proveedores”. El texto dice que mientras el Adres desarrolla esas capacidades, hará el giro ordenado por las EPS o a las gestoras, pero podrá hacer auditorías concurrentes directamente o a través de firmas de auditoría especializadas debidamente registradas ante la Supersalud.
Es decir, el Ministerio redactó que la función de las gestoras de auditar los pagos sería temporal, mientras el Adres adquiriera la capacidad de hacerlo. Los partidos querían que esto fuera definitivo.
En el cómo el Adres iba a adquirir esas capacidades está la siguiente gran grieta entre los partidos y el gobierno. El texto original de la ministra de salud, Carolina Corcho, creaba unos fondos regionales de salud que serían oficinas descentralizadas del Adres y entre cuyas funciones estaba hacer la auditoria que hoy hacen las EPS. Esos fondos serían manejados, según el primer texto del Gobierno, por una junta integrada por trabajadores, empleadores y Gobierno, algo que los partidos rechazaron desde el inicio como una excesiva burocratización del sistema que podía abrirle la puerta a la corrupción en las regiones.
En el texto presentado hoy tras las negociaciones con los partidos, esos fondos siguen existiendo y bajo su responsabilidad sigue estando el registro permanente y detallado de cada servicio prestado y pagado, con datos de la persona que recibió el servicio, el municipio, la Institución Prestadora de Servicios de Salud, el diagnóstico y otras variables de relevancia, además de un sistema de revisión y auditoría de cuentas y evaluación de calidad de la red de prestación de servicios de salud.
En lo que sí hubo un cambio fue en quiénes estarían al frente de esos fondos. Mientras en el proyecto inicial se buscaba que fueran administrados por una junta de tres actores (empleados, empleadores y gobierno), en el texto presentado hoy a los partidos se dice que su administración estará en manos de las Direcciones Territoriales de Salud. Estos detalles terminaron por dinamitar los diálogos entre el Gobierno y los partidos.
El Conservador y de la U llevarán su propuesta común al Congreso, en donde buscarán el apoyo del liberalismo que, al parecer, también llevará un texto aparte. Mientras tanto, y hasta el cierre de este artículo, no había reacción del gobierno y tampoco del Ministerio de Salud.