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Los ocho senadores cuyos votos fueron decisivos para que la reforma a la salud se hundiera en la Comisión Séptima del Senado se pronunciaron hoy respecto al nuevo proyecto, acordado entre el Gobierno y las EPS. “Consideramos que es un error radicar un texto que no ha sido examinado y concertado con los demás actores del sistema y que insiste en desconocer la voz de los pacientes y usuarios, del talento humano en salud, la academia y expertos en la materia, no es el camino que propusimos”, declaran en un comunicado.
El documento aparece firmado por Norma Hurtado (partido de La U), Lorena Rios Cuellar (Colombia Justa Libres), Honorio Henríquez y Alirio Barrera (Centro Democrático), Nadia Blel Scaff y José Alfredo Marin (Partido Conservador), Miguel Ángel Pinto (Liberal) y Berenice Bedoya (del Partido ASI). “El texto conocido mantiene errores conceptuales que no superan los motivos por los que fue archivado”, sostienen los congresistas. Y agregan: “La propuesta legislativa es un resumen de la reforma inicial, no desarrolla una ruta clara para resolver los desafíos de nuestro sistema de salud, continúa sin tener los estudios técnicos adecuados y representa un riesgo para el derecho fundamental a la Salud de los colombianos”.
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Para los senadores, cualquier propuesta de reforma a la salud tiene que tener 10 aspectos fundamentales “que recogen las inquietudes, preocupaciones y propuestas de los actores y consideramos deben estar en la base de la reforma que el país necesita”. Entre ellos, la dignificación y formalización del talento humano en salud, fortalecimiento de la atención primaria y preventiva con un enfoque rural y diferencial, el acceso y agilidad en la Política Farmacéutica y el ajuste al cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).
Sobre este último tema, que ha sido motivo de controversia entre el Gobierno y otros actores de la salud, los senadores firmantes declaran: “Deberá establecerse y calcular técnicamente por una instancia independiente conformada por expertos de la academia. Sin diferenciación entre regímenes contributivo y subsidiado en el acceso al PBS, ajustando el cálculo por componentes de riesgo en salud de afiliados, con toma de decisiones articuladas con los ministerios de Hacienda y de Salud, determinando una UPC-diferencial para zonas marginadas y causada por cumplimiento de exigencias de Óptima Acreditación en Salud”.
Además, insisten en que cualquier nueva propuesta debe garantizar el saneamiento de pasivos en el sector salud y contar con un aval fiscal y con la construcción, “el reconocimiento y participación de todos los actores”. “Seguimos comprometidos con fortalecer el sistema de salud de los colombianos, consensuando las mejores propuestas con todos los actores del sistema, que den como resultado una reforma eficiente, equitativa y sostenible”, finalizan. La carta se conoce justo horas después de que el Gobierno anunciara que retira su apelación al hundimiento y se decidiera por impulsar su nueva propuesta.
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“La propuesta es un resumen de la reforma inicial, no desarrolla una ruta clara para solucionar los problemas de nuestro sistema de salud y representa un riesgo para el derecho fundamental del sistema de salud”, concluyó la senadora Lorena Rios Cuellar, de Colombia Justa Libres.
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