“Los ricos también lloran”

Opinión

Foto: El Espectador

En un país donde el derecho a la salud se proclama fundamental y autónomo, pero suele quedarse en el papel, la lucha de clases ya no ocurre en fábricas ni en plazas. Se decide en filas interminables de autorizaciones, en tutelas que corren más que las ambulancias y en cuentas por pagar que envejecen mejor que algunos edificios públicos. El discurso oficial asegura que el dinero (UPC) alcanza pero se lo robaron, mientras sus EPS intervenidas no pagan. La contabilidad, menos poética, dice otra cosa: el gasto de bolsillo de los hogares llegó al 16,8 % del gasto corriente en salud en 2024. El acceso efectivo, por ahora, es del copago emocional.

El ciudadano aprende rápido. La puerta que se cierra en el plan obligatorio se abre, esa sí veloz y cordial, en el mostrador de la medicina prepagada y las pólizas privadas. No sorprende que ese segmento crezca a dos dígitos, tanto en afiliados como en número de planes disponibles. El sistema público se percibe como una fila inmóvil. El privado funciona como puerta giratoria para quien pueda pagar el giro. La equidad se encuentra en versión sala de espera.

No romanticemos la salida privada. Las cifras muestran que cuando el afiliado con prepagada no usa el sistema obligatorio descarga presión sobre el régimen público, aunque también existan argumentos en sentido contrario. Ese alivio es asimétrico: se consolida un bifrontismo sanitario con estándares y tiempos distintos para realidades económicas distintas. No es un crimen del mercado, es el mercado. Hemos permitido que la tarjeta de crédito, y no la necesidad clínica, defina el acceso; ese resultado tiene un nombre: mayor desigualdad.

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Por otro lado, los hospitales dejan de pagar nóminas y proveedores porque la cartera impaga bate récords. A mitad de 2025, la deuda con clínicas y hospitales rozaba los COP 24 billones (pesos). En solo Antioquia esta llega a COP 9 billones. Aquí la ironía sobra. Cuando una institución suspende pagos, lo que se suspende en cadena son las cirugías, las rotaciones, la compra de insumos y, por supuesto, el ánimo del personal. A la economía moral del cáncer y de las crónicas le crecen costos invisibles: agotamiento clínico, siniestralidad creciente, fuga de talento, pérdida de reputación. Los usuarios aprenden a bajar la voz para no reclamar lo que la Constitución prometió en voz alta. Las personas deben acomodarse a la precariedad… o pagar de su bolsillo, lo cual es irreal en el alto costo.

La retórica de la eficiencia sirve como espejo complaciente. Según sea el auditorio, la culpa es de las EPS o del Estado. Falso dilema. Lo que sí existe es una capa de trámites que se confunde con política pública. Negar un medicamento por semanas sin criterio clínico no ahorra, traslada el costo y lo pospone: más complicaciones, más días de hospital, más tutelas. Y cuando por fin llega el medicamento, llega tarde. Los órganos de control llevan años documentando demoras en la entrega de fármacos y en la asignación de citas como principal queja de la ciudadanía. La estadística ya no sorprende.

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Aquí la lucha de clases muestra su perfil más crudo. No se trata de pancartas, se trata de elasticidades. A medida que sube el gasto de bolsillo, los hogares de ingresos medios postergan controles, fraccionan tratamientos o los abandonan. Al mismo tiempo, el segmento de mayores ingresos migra con decisión al carril privado. El resultado macro es un doble circuito. En uno, se paga extra por acceso. En el otro, se acepta la incertidumbre como costo implícito de la cobertura. Ambos luchan, pero con armas muy distintas.

¿Dónde encaja el Estado? No en el sermón, en la operación inteligente. La salida, si la justicia distributiva es más que una frase, no está en bloquear innovaciones ni en revivir el manual tarifario tan soñado por algunos. Está en negociar como sistema que sabe lo que compra. Eso implica, primero, escaneo de horizonte para anticipar tecnologías con dos o tres años de antelación y evitar improvisar a punta de resoluciones o convertir al Invima en muralla.

Segundo, compras conjuntas y precios escalonados por nivel de renta para ampliar acceso sin desfinanciar, cuidando que esto no se convierta en cartel. Tercero, acuerdos de riesgo compartido donde el pagador desembolsa si el tratamiento logra el desenlace pactado. Cuarto, pagos por valor con medición continua de resultados clínicos y experiencia del paciente. Quinto, transparencia radical de datos para que la conversación salga del adjetivo y entre al indicador. Nada de esto es ciencia ficción. Todo tiene pilotos y marcos posibles en la arquitectura colombiana.

No requerimos más frases altisonantes ni culpables convenientes, mucho menos se requieren ironías y frases pueriles. Requerimos gestión. Si el gasto de bolsillo sigue escalando, si la cartera hospitalaria se naturaliza en dos dígitos de billones, si las demoras se vuelven paisaje, habremos institucionalizado una lucha de clases sin pancartas.

En la mañana de este 19 de enero, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, dijo en una entrevista en Caracol Radio que “los ricos también lloran”. Pero, en salud, no debería existir la frontera entre ricos y pobres, porque al final todos estamos llorando. Con la situación actual, ricos y pobres lloran por igual, aunque por distintos motivos: unos por pagar dos veces y comprar acceso a precio de ansiedad, otros por esperar demasiado y pagar con tiempo, salud y, a veces, con la vida. La única división sensata es entre lo que genera valor y lo que no; todo lo demás es ruido que enferma.

*MD, M.Sc, MBA-Médico Internista, Hematólogo y Oncólogo Clínico.Especialista en Inteligencia Artificial

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