![Hoy en Colombia todos los medicamentos están “excluidos” de IVA. Eso quiere decir que no se paga el popular impuesto sobre el producto final. / Pixabay](https://www.elespectador.com/resizer/v2/ATWE364XWZCOVOS5QFTHRHZUNA.jpg?auth=b1f99bcd3d3c632c06f391e37030d126da4aaa229863cc3425855dc6550dba77&width=920&height=613&smart=true&quality=60)
El pasado viernes el hashtag #ReformaTributaria fue tendencia en Twitter gran parte del día. La aprobación de la ley en horas de la madrugada inquietó a muchas personas que manifestaron su indignación redes sociales. El documento del Gobierno volvió a ser criticado con dureza mientras varios “líderes de opinión” se encargaron de recordar algunos de los artículos que merecían reproches. Entre ellos mencionaron uno que no había tenido tanto protagonismo pero que generó más de una molestia: el que permite que los medicamentos estén exentos de IVA. (Lea: El nuevo revolcón que tendrá el sistema de salud)
“Mientras todos los colombianos dormíamos, aprobaron una #ReformaTributaria que regala $380.000 millones a la poderosa industria farmacéutica, disminuye impuestos y aumenta exenciones a los más ricos”, trinó el experto en educación Julián de Zubiría. (Lea: Los $309 mil millones que perdió Colombia en medicamentos)
“Lo de las farmacéuticas está claro, clarito, se les dará beneficios tributarios, exenciones por $400 mil millones a un sector en auge que nos ha robado en la cara con los anticonceptivos, por ejemplo. Por eso cada vez opto más por tratamientos homeopáticos y naturales; ladrones”, escribió por su parte la activista Mafe Carrascal, aunque recibió infinidad de críticas por promover la pseudociencia y tratamientos cuya eficacia no ha sido demostrada.
Días atrás el senador David Barguil, del Partido Conservador, había advertido que con la reforma el Congreso le estaba regalando “$400.000 millones a la industria farmacéutica”. Esa “gabela gigantesca”, como la calificó, era para él un impedimento moral y, por ello, renunciaba a ser coordinador ponente del proyecto.
¿Por qué tanta molestia frente a la exención del IVA a los medicamentos? ¿Se trata realmente de una gran “gabela”? ¿Qué cambia en el país con esa transformación? ¿La medida, como dijeron algunos congresistas, se verá reflejada en una disminución de precios de las medicinas?
Para responder esas preguntas hay que empezar con una aclaración: hoy en Colombia todos los medicamentos están “excluidos” de IVA (ojo: excluidos, no exentos). Eso quiere decir que no se paga el popular impuesto sobre el producto final.
La medida ha favorecido por años a esta industria, pero los laboratorios nacionales solían tener reparos a esa decisión. Su argumento era simple: mientras las multinacionales importan sus productos ya terminados y empacados y no se les carga con el IVA, los que fabrican medicinas en Colombia deben pagar el impuesto sobre todos los insumos necesarios para para elaborarlos.
José Luis Méndez, presidente de Asinfar, asociación que agremia a los laboratorios nacionales, utiliza un ejemplo para explicarlo mejor: si una empresa produce acetaminofén en Cali, no paga IVA sobre el principio activo que compone el popular analgésico (es decir, el “ingrediente” clave en el que está basado). Sin embargo, sí debe cancelarlo sobre el resto de la materia prima: tinta, cajas de presentación o blíster (plásticos donde vienen las píldoras).
Esa situación, dice Méndez, ha representado una enorme desventaja frente a las multinacionales, pues, reitera, “sus medicamentos entran sin IVA. A la hora de producirlos ya tendrán descuentos específicos dependiendo del país. Pero es una gran disparidad que había que corregir”.
Y, para él, la manera de resolver ese problema era que las medicinas pasaran de estar “excluidas” a “exentas” de IVA. Así los laboratorios nacionales dejarán de pagarlo por el resto de materiales que usan en la producción. O, en otras palabras, “una compañía nacional recupera el IVA que pagó en el camino. Es una manera de impulsar la industria colombiana y corregir una diparidad de mercado. No se trata, como han querido hacer ver, de una gabela para las multinacionales. Ha habido mucha desinformación. No están entendiendo el propósito de la medida”, insiste.
Una propuesta no tan nueva
La iniciativa que entró en la Reforma tributaria y que generó varias críticas en realidad ya había propuesta en otras ocasiones. Durante el Gobierno de Juan Manuel Santos había sido considerada como una opción para darle un empujón a la industria farmacéutica nacional. En un documento escrito en 2017, Carlos Mario Ramírez, entonces director de la Adres (entidad que administra los recursos del sistema de salud) y ex asesor del Ministro de Salud Alejando Gaviria, lo había sugerido como una manera de lograr “equidad tributaria”.
Pasar de “excluido” a “exento”, apuntó, permitiría “reducir los costos/precios de los productos farmacéuticos”, “aumentar la competitividad de la industria farmacéutica nacional” y “fomentar el establecimiento de nuevas industrias en Colombia”.
“La industria farmacéutica extranjera en general goza de este beneficio en su país y logra menores costos finales, lo que genera una inequidad a la industria nacional en el mercado colombiano, y obviamente limita sus posibilidades de incursionar o competir en el mercado extranjero”, escribió.
En el fondo tenía un buen argumento que hoy reitera: “La industria local produce cerca del 70% de las unidades de medicamentos que se consumen en el mercado nacional. Sin embargo, en valores bajó al 30% y las ventas de productos importados oscilan entre el 60% y el 70% del mercado. Desde 2016 plantas se han cerrado o vendido y vemos desabastecimiento en medicamentos esenciales. El país depende cada vez más de la importación ineludible de productos farmacéuticos”.
En otras cifras eso quiere decir, como anotaba Ramírez, que mientras en 1991 las importaciones de productos farmacéuticos eran de US $36 millones, en 2002 pasaron a US $502 millones y en 2016 equivalieron a US $2.109 millones. Que los medicamentos pasaran de excluidos a exentos era para él, “una victoria temprana, con efectos inmediatos en costo y precios”.
Ramírez tenía razón en varios puntos. Uno de ellos es que en los últimos años la participación de la industria nacional en el mercado farmacéutico colombiano había menguado. Óscar Andia, director del Observatorio del Medicamento de la Federación Médica, también lo había sugerido en un artículo publicado en junio de este año en la revista Cuestión Salud de la Universidad Icesi.
Entre sus cálculos mostraba varias cifras: en 2012 el 79% de las unidades de fármacos que se adquirían en el país eran de origen nacional, pero en 2018 esa participación había sido del 69%. Ese porcentaje representaba solo el 35% del valor vendido en Colombia ($5,2 billones). En la otra cara de la moneda estaba el avance notorio de las multinacionales: mientras que los medicamentos importados constituían el 21% de las unidades, en 2018 representaban el 31%. En plata eso era igual a $9,6 billones, es decir, el 65% del valor vendido en el mercado nacional.
Además, mencionaba otra situación evidente en los últimos años. “Hay un fenómeno de desnacionalización de las farmacéuticas por la compra de empresas nacionales productoras de genéricos por parte de multinacionales”.
Aunque no lo escribía, dos ejemplos muestran que una de las estrategias de esas compañías extranjeras ha sido adquirir “grandes” empresas nacionales. Sanofi, de Francia, compró a Genfar en 2012, y Pfizer, de Estados Unidos, se convirtió en el dueño de Lafrancol en 2014.
La pregunta en este punto, entonces, es a quién favorece la medida que se añadió a la Reforma tributaria. En un artículo publicado en La Silla Vacía, la profesora de la Universidad de los Andes, Tatiana Andia, preferia usar otros términos. La modificación, advertía, es para aliviar el bolsillo de los fabricantes nacionales de medicamentos. “Son fabricantes nacionales de medicamentos y no industria nacional porque la mayoría de los que solían ser laboratorios colombianos son ahora divisiones de multinacionales farmacéuticas”, explicaba
Una discusión con matices
Para la profesora Tatiana Andia había otros puntos que deberían ser tenidos en cuenta en esta discusión. Uno de ellos, señalaba en su texto, es que esa “industria de producción nacional” no había tenido un “récord completamente limpio en materia de precios de medicamentos”. Un buen ejemplo era lo que había sucedido con la regulación de los valores de los anticonceptivos.
“Entre los anticonceptivos regulados que más redujeron su precio a principios de este año hay dos de Lafrancol, que tuvo que reducir el precio de Segubell y Bellaface en 80% y 70%, respectivamente”, decía. Además, “es muy común que las compañías de fabricación local comercialicen genéricos de marca a precios de original”.
La otra inquietud que señalaba se refería al efecto real de la medida para los pacientes. ¿Se traducirá en una reducción de precios de los medicamentos, como lo sugierieron algunos congresistas? “La evidencia internacional muestra que esas exenciones no se trasladan al consumidor final y que las regulaciones de precios que pretenden reconstruir la estructura de costos de las empresas farmacéuticas, fracasan estrepitosamente”, escribió en La Silla Vacía.
La esperanza, a sus ojos, estaba en otro artículo de la Reforma tributaria que ordenaba a la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos revisar si habría una reducción en los valores de los fármacos, lo que implicaría rastrear la compra de todos los insumos. Una “tarea técnicamente absurda”, era como la calificaba.
José Luis Méndez, de Asinfar, sabe que esa es una crítica frecuente pero tiene una postura completamente diferente. “La industria siempre lo ha dicho: si podemos recuperar el IVA, eso se verá reflejado en los precios finales”, asegura. “Desde luego que habrá disminución en los valores de nuestros productos. Eso es un hecho”.