Para la tarde de este miércoles 28 de octubre, en la plenaria del Senado de la República está agendado el cuarto y último debate del proyecto de ley que busca ampliar el impuesto al consumo de cigarrillos y vapeadores.
Horas antes de que iniciara el debate, el Ministerio de Salud radicó ante el Senado de la República las consideraciones sobre este proyecto de ley, el 243 de 2026 Senado, 136 de 2025 Cámara, acumulado con el proyecto Senado de ley número 290 de 2025 Cámara, impulsado, entre otros, por Efraín Cepeda (Partido Conservador), Ana Carolina Espitia (Partido Alianza Verde) y Carlos Julio González Villa (Cambio Radical).
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El concepto del ministerio, que era esperado por varias organizaciones de la sociedad civil que han cuestionado que el debate sobre el proyecto de ley avanzara sin el pronunciamiento de la cartera de Salud y de Hacienda, consta de 51 páginas y está firmado por la viceministra de Salud Pública y Atención Primaria (E) y la viceministra de Protección Social, Marcela Brun Vergara.
La conclusión del concepto, elaborado con insumos de la Dirección de Determinantes de Promoción y Prevención y la Dirección de Financiamiento Sectorial, es que el proyecto de ley no es conveniente. ¿Por qué?
Las razones del Minsalud para oponerse al proyecto
Lo primero que resalta el ministerio en su concepto es que la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce el aumento de los impuestos al tabaco como la medida sanitaria y fiscal más costoefectiva para desestimular el consumo de tabaco en la población.
“La evidencia empírica internacional muestra de manera robusta que la tributación al tabaco se constituye en una medida excepcionalmente efectiva para reducir los efectos negativos generados por el consumo del tabaco. Es una medida que de manera simultánea salva vidas, reduce la pobreza y aumenta la recaudación tributaria para avanzar en los objetivos de desarrollo de los países”, agrega la cartera sobre estas medidas.
A pesar de los múltiples avances que el país ha logrado en materia de impuestos al tabaco, el ministerio reconoce que Colombia tiene “margen para alcanzar el nivel de mejores prácticas” en esta materia. El porcentaje de los impuestos al tabaco en Colombia frente al precio de venta es del 62.8 %, mientras que el recomendado para alcanzar el nivel de mejores prácticas en este aspecto es del 75 %.
Sin embargo, como han advertido múltiples organizaciones de la sociedad civil a lo largo del trámite del proyecto, sus disposiciones podrían ir en contra de lo que busca (aumentar el impuesto) y estaría desconociendo normativa que ha sido adoptada en el país.
Los reparos del Minsalud empiezan desde el primer artículo del proyecto de ley. A ojos de la cartera, tras algunos ajustes donde se optó por retirar la expresión “sucedáneos e imitadores”, dejaría un texto que no estaría en consonancia con la Ley 2354 de 2024.
Además, advierte, “retirarlos del artículo da la posibilidad de introducir nuevos productos con denominaciones diferenciales que podrían ser excluidos al no estar en el listado taxativo que incluye la propuesta tributaria o que se genere comercio de los productos fraccionados por partes para eludir el recaudo”.
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Sobre este artículo, asegura que no debería incluir los parches dérmicos y transdérmicos de nicotina, pues son reconocidos como medicamentos para la cesación de consumo de tabaco, sus derivados y sucedáneos e imitadores.
Uno de los puntos centrales del ministerio, y que también ha sido señalado por otras organizaciones, es que existe un riesgo de que la nueva tarifa del impuesto quede por debajo de la tarifa vigente. Es decir, en vez de aumentar el impuesto, lo estaría disminuyendo.
Para explicar esto, el ministerio explica que la tarifa vigente incrementa cada año de acuerdo al IPC más cuatro puntos porcentuales. Mientras tanto, la del proyecto de ley propone un valor fijo de COP 5.100. Si la ley empezara a regir en 2027, estima la cartera, para 2028 y 2029 la tarifa estaría un 4.2 y 5.1 % por debajo de si se mantiene el cálculo de la tarifa actual.
El menor recaudo, continúa el concepto, recaería principalmente sobre el excedente que se gira para el aseguramiento en salud. “Una tarifa menor (4% a 5%) equivaldría a un menor recaudo de COP 79.000 a COP 99.000 millones, de los cuales cerca del 84 % (COP 67.000 a COP 83.000 millones) dejaría de llegar al aseguramiento en salud”, calcula el ministerio.
Otra de las preocupaciones del Minsalud tiene que ver con las destinaciones del componente específico del impuesto al consumo de cigarrillos y otros productos con tabaco. Con la normativa actual, explica la cartera, se conservan las destinaciones del 16 % para deporte, 84 % de libre destinación y los ingresos adicionales recaudados por efecto del aumento de la tarifa van al aseguramiento en salud.
Con uno de los cambios sugeridos en el proyecto de ley, “una parte de esos ingresos adicionales que hoy financian el aseguramiento pasaría al deporte, por lo que los recursos con destino a la financiación del régimen subsidiado provenientes de esta fuente disminuirían”. “Con los datos de 2025, esa disminución habría sido de $125,7 mil millones”, calculan desde la cartera.
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Sobre este tema, el concepto agrega que “con esta proyección, la ADRES podría dejar de recibir cerca de $547 mil millones acumulados entre 2027 y 2030. Si además la ley rige en 2028 con una tarifa inferior a la vigente, la disminución podría aumentar entre $67 y $83 mil millones al año”.
Otra de las críticas tiene que ver con que las categorías de los productos presentadas por el proyecto de ley “pueden dificultar la identificación de productos sujetos al gravamen, particularmente frente a nuevas modalidades comerciales”.
Otros reparos al proyecto de ley
Como hemos contado en estas páginas, el Ministerio de Salud no es la única entidad que tiene reparos con el proyecto de ley actual. Distintas organizaciones de la sociedad civil han venido alertando durante las últimas semanas que, si bien el proyecto “se presenta como una alternativa para incrementar los recursos para el país y desincentivar el consumo, por la forma en que ha transitado, se siente la interferencia de la industria tabacalera”.
En una carta que varias organizaciones, como Red PaPaz, la Liga Colombiana Contra el Cáncer y la Fundación Anáas, entre otras, le dirigieron al Senado a mediados de octubre, advirtieron que el texto de la iniciativa “desconoce los avances alcanzados en Colombia, en tanto ignora, entre otras, denominaciones ya establecidas, lo que conduciría a un escenario de inseguridad jurídica y desprotección de los derechos humanos”.
La Red Colombiana de Cesación de Tabaco y Nicotina (ReCeTa Colombia), una iniciativa que integran distintas asociaciones médicas, universidades y hospitales, entre otros, también envió una carta solicitando ajustar algunas de las propuestas del proyecto de ley.
Sobre el ajuste tarifario, que el Minsalud también cuestionó, la Red señaló que este “no permite proteger a los actuales consumidores de cigarrillo electrónico de migrar hacia el consumo de cigarrillo y constituye un preocupante retroceso en los logros de reducción del tabaquismo en Colombia”.
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Frente a la propuesta de gravar cada producto de manera aislada, señalaron que se debe “construir una estructura coherente que contribuya a disminuir el consumo total de productos de tabaco y nicotina y no a desplazarlo de una categoría hacia otra”.
Aunque las diferentes organizaciones han aclarado que no buscan cuestionar la utilización de los impuestos como herramienta de control del tabaco y la nicotina, sí creen que, de mantenerse algunos de los componentes sin ajustes, “existe el riesgo de debilitar el impacto sanitario esperado de la reforma y generar incentivos no deseados para la sustitución entre productos o el mantenimiento del consumo de nicotina”.
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