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La Asociación de Empresas Sociales del Estado de Antioquia (AESA), que reúne a 125 hospitales públicos del departamento, anunció que siete instituciones de salud suspenderán los servicios de mediana complejidad para cerca de un millón de afiliados de la Nueva EPS.
(Lea: Expresidente de Nueva EPS, José Cardona, responde tras investigación de la Fiscalía)
La principal razón que ofrece el gremio son las millonarias deudas que tiene la Nueva EPS con hospitales del departamento, que superan los $250.000 millones. Con esta medida, las nueve subregiones del departamento se verán afectadas.
Luis Hernán Sánchez Montoya, director ejecutivo de AESA, dijo que los servicios dejarán de prestarse a partir de la media noche del sábado 20 de septiembre y solo se retomarán hasta que la Nueva EPS realice los pagos pendientes de la cartera corriente.
Además de exigir el desembolso de los recursos, los hospitales piden una reunión de conciliación con Gloria Polanía, agente interventora de la Nueva EPS, que está en proceso de intervención desde abril de 2024. En ese encuentro esperan establecer acuerdos concretos de pago.
Los hospitales que suspenderán estos servicios están ubicados en Caucasia, Ciudad Bolívar, Santa Fe de Antioquia, Yarumal, Yolombó, Puerto Berrío y Turbo.
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¿Qué está pasando con la Nueva EPS?
La Nueva EPS lleva siendo noticia las últimas semanas por la compleja situación financiera por la que atraviesa y porque el presidente Gustavo Petro le ha dedicado largas alocuciones. Incluso, el Gobierno desplegó una amplia campaña mediática en la que distintas entidades del Estado se refirieron a la situación de a EPS.
Un reciente informe de la Contraloría advierte que, lejos de mejorar tras la intervención, la entidad sigue mostrando señales de inviabilidad. En apenas tres años, entre 2022 y marzo de 2025, pasó de tener un patrimonio positivo de $485.000 millones a registrar un déficit superior a $6 billones.
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Si esta tendencia continúa, advierte la Contraloría, el patrimonio podría cerrar 2025 en -$9,16 billones, “proyectando un escenario de inviabilidad estructural que pone en riesgo los recursos del sistema de salud y la atención de millones de colombianos”.
El Gobierno, por su parte, sostiene que parte de ese deterioro responde a que los antiguos directivos de la EPS ocultaron la verdadera situación financiera. La Fiscalía ya adelanta investigaciones en esa línea.
En una acusación formal, el ente acusador señala a varios exdirectivos de la Nueva EPS por delitos como falsedad en documento privado, fraude procesal, peculado por apropiación y omisión de control en el sector salud. Entre los implicados figura José Fernando Cardona Uribe, presidente de la entidad entre 2009 y 2024.
A este panorama se suma el aumento sostenido de las Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias (PQRD), que pasaron de 177.479 en el primer semestre de 2022 a 446.520 en el mismo periodo de 2025, un incremento acumulado de más del 150% en tres años.
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