En la mañana de este miércoles 20 de agosto, el ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, presentó ante la Comisión Séptima del Senado el análisis fiscal del proyecto de ley con el que el gobierno del presidente Gustavo Petro quiere reformar el sistema de salud.
La presentación del análisis fiscal estuvo sustentado en un documento que el viceministro técnico encargado del Ministerio de Hacienda, Leonardo Arturo Pazos, le envió este mismo jueves a Miguel Ángel Pinto, presidente de la Comisión Séptima del Senado, donde la iniciativa del gobierno debe surtir su tercer debate.
El concepto fiscal ha sido una de las principales exigencias de los congresistas que se oponen a la reforma a la salud del gobierno. El 13 de mayo de este año el Ministerio de Hacienda había enviado a esta misma comisión las estimaciones de los costos que tendrá el proyecto de ley, en caso de que se apruebe.
De acuerdo con el más reciente documento, los gastos del sistema de salud bajo el modelo que busca implementar el gobierno alcanzarían los $180.4 billones para 2036. La financiación del sistema pasaría del 5,88 %, que se tiene contemplado para 2026, a 7,28 %, en 2036.
El viceministro Pazos precisó que el concepto se fundamentó en la estimación de costos aportada y actualizada por el Ministerio de Salud y que “el costo fiscal de la propuesta ha sido objeto de cambios y los seguirá presentando”, ya sea por modificaciones del articulado, la actualización de los presupuestos económicos y otras variables.
El uso que más dinero requeriría es el de ‘Mediana y alta complejidad’, que para 2036 se estima en $112 billones, aunque no se entregan más detalles. El segundo rubro que más gasto generaría es el de la atención primaria en salud, uno de los pilares del proyecto de reforma.
Frente a este gasto, el concepto señala que incluyen la implementación de los Centros de Atención Primaria (CAPS) y los Equipos de Salud Territorial, así como el dinero necesario para el personal de planta, el personal administrativo, inversión para adquirir bienes y servicios, entre otros.
Los otros dos rubros que más dinero requieren son el fortalecimiento de la red pública, con $5.5 billones para 2036, y las prestaciones económicas, con $4.4 en el mismo periodo. La primera, busca fortalecer las Empresas Sociales del Estado para que se transformen en Instituciones de Salud del Estado, mientras que la segunda hace referencia al pago de incapacidades y licencias de maternidad y paternidad.
El concepto, que encontrará al final de esta nota, también presenta la proyección de las fuentes actuales del sistema, así como las estimaciones de las nuevas fuentes contempladas en la reforma: el 100 % de los impuestos saludables y el IVA social.
Para el Ministerio de Hacienda, “el impacto fiscal estimado del proyecto de ley del asunto puede incorporarse de forma compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo, manteniendo la sostenibilidad del Sistema General de Seguridad Social en Salud y de las finanzas públicas”.
En ese sentido, la cartera emitió un concepto favorable del impacto fiscal del proyecto de ley. Es importante recordar que el proyecto legislativo está estancado desde hace algunos meses en esta comisión del Senado, donde a mediados de junio se radicó una ponencia alternativa a la del Gobierno.
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