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El Ministerio de Salud está preparando una norma que podría comenzar a cerrar una de las grandes deudas históricas del sistema de salud con las comunidades indígenas y afrodescendientes. En muchas de ellas hay mujeres y, en mucha menor medida, hombres, que ejercen como parteras y parteros, cuidando de las mujeres durante sus ciclos reproductivos, el embarazo, el parto y el posparto, así como de los recién nacidos y sus familias.
Pese a eso, y a que su presencia es especialmente importante en zonas rurales, dispersas y de difícil acceso, donde con frecuencia son uno de los pocos recursos disponibles para la atención de las mujeres, sus saberes y su labor han permanecido en buena medida por fuera del sistema de salud.
Eso es justamente lo que podría cambiar. En un proyecto de resolución, el Minsalud propone ahora que ese conocimiento tenga un lugar reconocido dentro del sistema de salud colombiano. El Gobierno busca crear mecanismos como la incorporación de parteras y parteros a equipos extramurales de salud, su acompañamiento a las mujeres dentro de los servicios, la adaptación de protocolos y rutas de atención para incorporar sus saberes y, en el caso de los pueblos indígenas, su participación en los Equipos Básicos Interculturales del Sistema Indígena de Salud Propia e Intercultural (SISPI).
Incluso, la propuesta abre la puerta a algo que durante años ha sido una de las principales reivindicaciones de las organizaciones de parteras: que su trabajo sea remunerado. El proyecto establece que las parteras y parteros podrán ser vinculados mediante procesos de contratación por las EPS, las redes de prestación de servicios, las entidades territoriales u otros actores del territorio y que, cuando estén vinculados, deberán recibir un pago por sus labores.
Si se convierte en realidad, ¿qué deberá cambiar en la manera en que el sistema de salud se relaciona con las parteras y los parteros tradicionales?
¿Qué reconocerá el Gobierno como partería tradicional?
La primera pregunta que hay que hacerse es qué es una partera. En su más reciente guía sobre modelos de atención de matronería, la Organización Mundial de la Salud (OMS) prefiere hablar de “matrona” y “matronería” para referirse a este cuidado de la mujer y los recién nacidos durante el continuo reproductivo.
La OMS es una gran defensora de la matronería o partería, pidiendo que los países trabajen para ampliar estos modelos de atención. Su planteamiento parte de que los sistemas de salud pueden dar cabida a distintos modelos de atención materna y neonatal, adaptados a las necesidades y los contextos de cada población. Según la organización sanitaria, ampliar estos modelos se vuelve una estrategia costoeficaz y respaldada por evidencia y por un enfoque de derechos humanos, que puede contribuir a salvar vidas y mejorar la salud y el bienestar de miles de mujeres y sus recién nacidos.
No hay que olvidar que, aunque parezca un problema resuelto en muchos lugares, las muertes maternas siguen siendo una realidad en buena parte del mundo. En Colombia, por ejemplo, la razón de mortalidad materna fue de 45,6 muertes por cada 100.000 nacidos vivos durante el año 2024. Aunque la cifra ha venido disminuyendo, todavía está lejos de la meta nacional de llegar a 32 muertes por cada 100.000 nacidos vivos.
Entonces, el Gobierno parte de definir las parterías ancestrales y tradicionales como sistemas de conocimientos milenarios y comunitarios, con dimensiones espirituales y sagradas, relacionados con las cosmovisiones y con las formas propias de cuidado de los pueblos . Esos saberes abarcan el cuidado del cuerpo, la mente y el espíritu, los ciclos reproductivos, la fertilidad, el embarazo, el parto, el posparto y la atención de los recién nacidos.
A las parteras y parteros, a su vez, los define como personas reconocidas por sus comunidades que han adquirido esos conocimientos mediante transmisión intergeneracional o comunitaria. El documento los denomina «guardianas de la vida y portadoras de memorias vivas y saberes ancestrales».
Este punto es muy importante porque la propuesta no plantea que para ejercer la partería tradicional o ancestral haya que cumplir los mismos requisitos de formación que se les exigen a los profesionales de la salud occidental. Pero entonces, ¿cómo sabrá el sistema de salud quiénes son las parteras y los parteros reconocidos por sus comunidades y cómo podrá articularse con ellos?
Para dar una respuesta a eso, el proyecto propone un mecanismo de identificación y registro nacional, de carácter voluntario. Se trata, en términos sencillos, de una herramienta para que el sistema de salud pueda saber quiénes ejercen la partería tradicional y ancestral en los distintos territorios, conocer algunas de sus características y, a partir de ahí, definir cómo puede trabajar con ellos, especialmente en el cuidado de las mujeres, los recién nacidos y sus familias.
Sin embargo, el proyecto es explícito en esto: no se busca crear ninguna especie de licencia para ejercer como partera. Este registro no podrá convertirse en un requisito para ejercer ni sustituir los mecanismos propios mediante los cuales cada comunidad reconoce a sus parteras y parteros. Tampoco podrán exigirse títulos académicos, certificaciones externas o requisitos que resulten incompatibles con la naturaleza ancestral y tradicional de esta práctica.
En otras palabras, uno de los principios que atraviesa la propuesta que ahora hace Minsalud es que el sistema de salud reconozca estos saberes sin despojarlos de la forma en que históricamente han sido transmitidos y legitimados dentro de los pueblos y comunidades. Parte de ese reconocimiento se ve en que el Gobierno señala que las parteras y los parteros deben ser considerados talento humano en salud propio y enfatiza que no son personal voluntario de los servicios de salud.
El sistema de salud tendría que adaptarse a las parterías
Con la definición clara, la siguiente pregunta es cómo ingresan estas parteras al sistema de salud. Y aquí lo que propone Minsalud es reconocer soluciones a dos dificultades. Por un lado, estas mujeres deben tener cabida en las instituciones del sistema de salud, pero por otro, no basta solo con eso: el propio sistema de salud tiene que hacer ajustes para poder trabajar con ellas y con las comunidades.
Primero, entonces, está reconocerles un espacio dentro de las instituciones. El proyecto plantea que las parteras y los parteros puedan participar directamente en acciones de atención en salud. Por ejemplo, podrían hacer parte de equipos extramurales que lleguen a los territorios, acompañar a las mujeres dentro de los servicios de salud y participar en acciones de promoción de la salud, prevención de enfermedades y cuidado de las familias.
En el caso de los pueblos indígenas, la propuesta plantea que hagan parte de los llamados Equipos Básicos Interculturales del Sistema Indígena de Salud Propia e Intercultural (SISPI). Allí trabajarían junto con sabedores ancestrales, promotores de salud, agentes comunitarios, personal de salud y profesionales de otras disciplinas, de acuerdo con las particularidades culturales, territoriales y los sistemas de conocimiento propios de cada pueblo.
En esa línea, el documento establece que las parteras y los parteros podrán ser vinculados a procesos de atención en salud por las EPS, las redes de prestación de servicios, las entidades territoriales u otros actores presentes en los territorios. Los recursos para esa contratación podrían corresponder a intervenciones individuales, acciones de gestión de la salud e intervenciones colectivas, de acuerdo con las características, necesidades, metas y prioridades definidas en cada territorio. Y la resolución es explícita sobre la remuneración: las parteras y los parteros que sean vinculados o que se articulen como una Organización de Base Comunitaria deberán recibir una compensación económica por las acciones de apoyo y acompañamiento que realicen.
Al menos en esta resolución, no quedó establecida una tarifa nacional por cada parto atendido. Lo que plantea el proyecto es un marco para que las acciones de las parteras puedan ser contratadas y remuneradas dentro de las intervenciones y actividades de salud que se acuerden en cada territorio.
Pero la segunda parte de la tarea es que el sistema de salud en sí mismo cambie. Porque el Minsalud reconoce que no bastaría con incorporar a las parteras si las instituciones siguen funcionando exactamente de la misma manera y esperan que sean solo ellas quienes se adapten. Por eso, el proyecto plantea que los servicios de salud hagan adecuaciones socioculturales y técnicas para tener en cuenta sus saberes y prácticas.
Eso puede significar cambios en procedimientos, protocolos, herramientas y estrategias de atención, pero también en la manera en que se relacionan con las comunidades. El Minsalud plantea, por ejemplo, que las rutas de atención materno-perinatal y de promoción y mantenimiento de la salud, aquellas que buscan acompañar a las mujeres durante el embarazo, el parto y el posparto, así como cuidar la salud de los recién nacidos y sus familias, se adapten con participación de las propias comunidades y de las parteras, para construir propuestas que permitan complementar sus saberes con las atenciones.
En la práctica, esto podría traducirse en que una partera acompañe a una mujer durante su atención en un servicio de salud, que la información sobre su embarazo, parto o posparto se entregue de una manera que sea comprensible y acorde con las características de cada comunidad, o que incluso se adapten algunos espacios e instalaciones para tener en cuenta sus cosmovisiones y formas propias de cuidado. El proyecto plantea estas medidas como una forma de reducir las barreras físicas, comunicativas y actitudinales que pueden dificultar el acceso o afectar la manera en que las mujeres y sus familias reciben atención en los servicios de salud.
El personal de salud también tendría que prepararse para esta relación. La propuesta contempla fortalecer sus competencias interculturales, incluido el trato digno y la no discriminación, y desarrollar procesos de formación que permitan comprender y respetar los saberes de la partería tradicional y ancestral.
¿Y qué pasa cuando se complique el embarazo?
Parte de la adaptación de los sistemas de salud y sus modelos de atención que promueve la OMS es que una ruta esté preparada no solo para acompañar los embarazos y partos de bajo riesgo, sino también para identificar a tiempo cuándo una mujer necesita otro tipo de atención y facilitar su acceso a ella.
Ese punto también es importante en la propuesta del Minsalud. Reconocer la partería tradicional no significa que las parteras tengan que asumir por su Todocuenta todas las situaciones que pueden presentarse durante un embarazo o un parto. Por el contrario, el proyecto plantea que su articulación con el sistema de salud permita mejorar la identificación de riesgos y la remisión oportuna de las mujeres cuando necesiten atención en una institución de salud.
Esto parte de la idea de que un embarazo y un parto sin complicaciones pueden ser acompañados desde estos modelos de atención, pero que, cuando se presenta una situación de riesgo, debe existir una ruta que permita identificarla y conectar rápidamente a la mujer con los servicios de salud que pueda necesitar. Para esto, el proyecto de resolución señala que las mujeres embarazadas que sean acompañadas o remitidas por parteras deben recibir atención oportuna y sin demoras injustificadas en los centros de salud, sobre todo cuando se trate de una emergencia obstétrica.
Es decir, una partera podría identificar una situación de riesgo y remitir a una mujer a un servicio de salud, y esa remisión deberá recibir una respuesta oportuna en los hospitales. Y aun cuando la mujer pase a la atención institucional, la partera podrá seguir haciendo parte del proceso de cuidado. La idea es que la llegada a un servicio de salud no rompa el vínculo, sino que exista una conexión efectiva entre la partería y la atención que presta el sistema.
Todo esto suena, en teoría, apegado a la evidencia y recomendaciones de la OMS, pero, ¿qué retos tendrá su aplicación?
Los retos de reconocer la partería en el sistema de salud
Pasar de estos principios a la práctica puede ser mucho más difícil. La resolución establece el marco general, pero buena parte de los mecanismos que permitirían hacerlo realidad todavía tendrán que construirse: cómo se contratará a las parteras, cómo se definirán sus funciones en cada territorio, cómo se garantizará su participación en las rutas de atención y cómo se resolverán las diferencias entre las formas propias de cuidado y los protocolos del sistema.
El Minsalud señala que varios de estos asuntos deberán desarrollarse posteriormente y de manera concertada con las organizaciones representativas de los pueblos y comunidades y con las propias organizaciones de parteras. Esto es importante porque la propuesta señala que no se pretende crear un modelo único de partería para todo el país.
En los territorios indígenas, por ejemplo, la articulación debe hacerse de acuerdo con los sistemas de conocimiento y las formas propias de cada pueblo, mientras que para las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras se prevé un desarrollo normativo y técnico que deberá ser concertado.
No necesariamente una partera tendrá las mismas funciones, necesidades o formas de relacionarse con los servicios de salud en una comunidad indígena de la Amazonia que en una comunidad afro del Pacífico. La norma reconoce esas diferencias, pero llevarlas a contratos, rutas de atención, equipos de salud y mecanismos de pago requerirá decisiones concretas en cada territorio.
También está el reto de la contratación. La resolución abre la puerta para que EPS, redes de prestación de servicios, entidades territoriales y otros actores contraten a las parteras y establece que quienes sean vinculadas deberán recibir una compensación económica. Pero el proyecto no define una tarifa nacional por sus servicios ni establece que exista un pago único por cada parto atendido. Los recursos podrán provenir de distintas intervenciones y acciones de salud, según las necesidades y prioridades de cada territorio. La pregunta, entonces, será cómo lograr que esa posibilidad de contratación se convierta realmente en una fuente estable de reconocimiento económico y no dependa de acuerdos aislados o de la voluntad de cada institución.
Finalmente, el proyecto habla de diálogo entre saberes, de participación comunitaria y de ajustes socioculturales, pero eso tendrá que reflejarse en la práctica cotidiana de hospitales, clínicas, EPS y equipos de atención primaria. Esto con el objetivo de que la articulación no termine convirtiéndose en una adaptación de las parteras al sistema, en lugar de una transformación del sistema para trabajar con ellas que promete Minsalud.
Eso podría implicar, por ejemplo, que un profesional de la salud entienda por qué una partera acompaña a una mujer, que una institución sepa cómo incorporar ese acompañamiento sin poner barreras y que ambos puedan ponerse de acuerdo cuando existan diferencias entre una práctica tradicional y un protocolo clínico. También supone que las instituciones eviten que la partería sea vista como una práctica menor, informal o simplemente auxiliar.
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