En la noche del lunes 16 de marzo, Gustavo Petro causó una nueva tormenta en el sector de la salud. En medio del consejo de ministros le pidió a Guillermo Alfonso Jaramillo iniciar con la liquidación de “las EPS que están quebradas”. Según el Presidente, como el Congreso no aprobó la reforma a la salud, “no quedaron alternativas”. Todas las EPS están quebradas, dijo. “Intervenidas o no intervenidas”.
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El anuncio empezó a causar inquietud, pues liquidar una EPS es una de esas medidas que no aparecen de la noche a la mañana. Como explica la exviceministra de Salud y Protección Social Diana Cárdenas, “requiere de una planeación detallada; un mal cálculo puede desatar un caos en el sistema”. En su paso por el viceministerio, a ella le tocó la de Saludvida (en 2019), con un poco más de un millón de pacientes, y recuerda que no fueron días nada fáciles, ya que es el Minsalud quien se encarga de planear el traslado a otras EPS.
“¿Cómo garantizamos que esa cantidad de pacientes pueda continuar con sus tratamientos sin traumatismos? ¿A cuáles EPS debían ir para seguir con su atención?”, eran algunas de las preguntas más difíciles de resolver. La inexistencia de una historia clínica interoperable, que puedan compartirse las EPS y que es un viejo sueño del sistema, hacía —y hace— todo el proceso aún más difícil.
Aunque esta vez Gustavo Petro no dio con precisión los nombres de la EPS que quiere liquidar, la hipótesis que algunos actores barajan es que se esté refiriendo a las siete que están intervenidas por la Superintendencia de Salud (a excepción de Nueva EPS, también en intervención). Si esa suposición es cierta, buscaría que los 12 millones de usuarios que, aproximadamente, tienen en conjunto pasen a Nueva EPS, hoy, en su mayoría, en poder del Estado.
Después de todo, el Minsalud ya reveló hace unas semanas que quiere trasladar, al menos, a 2,4 millones de pacientes a esa EPS para reorganizar el mapa del aseguramiento en Colombia, aunque es una medida que está en pausa por una decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia.
Pese a que, en horas de la mañana de este martes, el presidente ratificó su intención de “liquidar EPS quebradas” en su cuenta de X, es difícil moverse en el terreno de especulación. No hay detalles que indiquen cómo sería el proceso, cuándo se haría, qué pasaría con las deudas de esas EPS y hacia dónde pasarían esos pacientes.
Por ese motivo es que Carlos Mario Ramírez, exviceministro de Salud y exdirector de la Adres, no cree que sea una posibilidad tangible, menos en época electoral. “Sería un tiro en el pie”, dice.
De ser cierto que el Gobierno busca liquidar EPS intervenidas para que la mayoría de sus usuarios pasen a Nueva EPS (y otros tantos a Sanitas, Compensar y Sura, aunque esto también es especulación). Ramírez pronostica caos. “Primero, tendría que conseguir una muy buena cantidad de recursos para subsanar las deudas de Nueva EPS para así permitir que reciba más usuarios”, añade. Según la Contraloría, en 2025 las deudas acumuladas de esa EPS sumaban más de COP 21 billones.
¿Podría conseguir esos recursos justo cuando el Gobierno ha tenido que apretarse el cinturón en época de dificultades financieras? “No lo creo”, responde Ramírez. “Entonces, si toma esa decisión de liquidar las otras EPS, pues en un mes va a haber un colapso de servicios. Muchos hospitales y clínicas están teniendo problemas de pagos con Nueva EPS y, si han tenido grandes dificultades ahora que tiene 11,5 millones de pacientes, ¿tendrán menos problemas cuando tenga el doble de pacientes? ¿Restablecerán la confianza?”, se pregunta. “Tampoco lo creo”.
Una “debacle” es la mejor palabra que se le ocurre para advertir lo que sucedería si se hace realidad lo que dijo Petro en el Consejo de Ministros.
A sus ojos, se trata más de un discurso que de una realidad y de una “cortina de humo para ocultar la crisis que sí está viviendo el sistema de salud”. No cree que a pocas semanas de la primera vuelta presidencial, el Gobierno quiera enfrentarse a más problemas de pacientes que no pueden acceder a servicios y a medicamentos.
“Presidente, el discurso es un caucho: todo lo resiste. Pero la realidad exige más que un trino y citas legales. El traslado de más de 25 millones de personas —incluidos millones de pacientes crónicos y de alto costo, en tratamiento o a la espera de recibirlo—, en medio de una ausencia absoluta de gerencia de casos, hace de su anuncio un absurdo”, respondió en X la exviceministra Cárdenas a la idea de Petro.
A la otra persona a la que tampoco le gusta mucho ese “plan” incierto es a Carmen Eugenia Dávila, que fue viceministra de Protección Social en el período de Juan Manuel Santos y luego estuvo al frente de Gestarsalud, que agremia a las EPS del régimen subsidiado. “Si lo que pretenden es mandar a toda la gente de las EPS intervenidas a la Nueva EPS, los están condenando a morir. Operativamente se arma un caos”, señala.
Si, por el contrario, la medida que quiere implementar Petro incluye liquidar también a Nueva EPS, “habrá caos, quiebras y muertos. Será insoportable”.
“La liquidación de estas EPS no solamente no resuelve el problema de atención para sus afiliados, sino que agrava el de la (o las) EPS que deban recibir nuevos usuarios y que tampoco están en condición financiera ni operativa para hacerlo. No es prudente ni procedente una medida de esta naturaleza”, agregó Acemi, que reúne a las EPS del régimen contributivo en un comunicado.
El otro problema que se podría avecinar es el de las deudas.
¿Crecerán las deudas?
La siguiente imagen es útil para entender qué ha pasado con los hospitales y las clínicas cuando se han liquidado EPS en Colombia. En ella se puede observar el histórico de deudas que les dejaron, tras esas decisiones, y que aún hoy nadie les paga. Medimás EPS, por ejemplo, dejó deudas por COP 515 mil millones. La EPS Coomeva, COP 338 mil millones. Cafesalud EPS, COP 297 mil millones. En total, la deuda es de COP 2,3 billones.
Ese es uno de los motivos por los que Juan Carlos Giraldo, director de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), ve con preocupación el anuncio del presidente Gustavo Petro.
“Las liquidaciones son un fracaso del sistema. La liquidación nunca tiene un buen desenlace”, dice en un audio. “La historia nos ha demostrado que, específicamente en lo económico, las IPS salen defraudadas en todos estos procesos. Cuando llega la liquidación, lo que sucede es que todas esas deudas, toda esa cartera que estaba pendiente con las entidades que estaban operando, queda, prácticamente, perdida”.
La otra razón que le inquieta es similar a la que le preocupa a la exviceministra Diana Cárdenas. “Son procedimientos que deben ser bien planificados. Se tiene que consultar ampliamente la capacidad de las EPS receptoras, por ejemplo, y estudiar la ubicación de las EPS de dónde saldrá esa población”, añade.
Las entidades que, en teoría, recibirán nuevos pacientes, agrega, también tienen que adecuar sus redes, hacer expansiones, estructurar contratos e incrementar sus capacidades financieras. “Requiere toda una logística para que esté libre de riesgo para la gente”.
En otras palabras, liquidar a varias EPS no es una decisión que se toma de la noche a la mañana. Para que el experimento salga bien, se requiere una precisión milimétrica.
Hay otra cosa que le incomoda al ex superintendente de Salud Fabio Aristizábal (del gobierno de Duque), que fue mencionado un par de veces por Petro en el Consejo de Ministros: que la decisión de liquidar EPS quiera tomarse ahora, justo cuando esas mismas EPS han estado intervenidas durante meses por el mismo gobierno. En su caso, liquidó trece EPS, pero advierte que ahora es diferente, pues, a su parecer, resultaron más deterioradas que cuando las tomaron los interventores.
Examinar ese argumento ameritaría un artículo más amplio, pero el informe que presentó a finales del año pasado la Defensoría da pistas sobre lo que está sucediendo en el sistema: mientras en 2021 se presentaron 92.372 tutelas para acceder a servicios de salud, durante el 2024 hubo 265.173. La proyección para el año pasado es que hubiese 314.658 tutelas.
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Por Sergio Silva Numa
