Los caminos que busca el Gobierno Nacional para financiar su "plan de choque" en salud

El Ministerio de Salud ya tiene una primera fotografía del problema. Hay 318.094 afiliados con 844.952 registros de medicamentos clasificados en la categoría de criticidad “muy alta”. En procedimientos y servicios, la cifra alcanza 94.402 afiliados y 155.635 registros. A esto se suman alrededor de 109.062 gestantes sin control prenatal durante más de 45 días y 33.857 mujeres en el tercer trimestre con menos de cuatro controles.

El problema es que identificar a los pacientes no basta. Para destrabar esas atenciones se necesitan recursos. Y, como la propia ministra de Salud, Ana María Vesga, ha reconocido en reuniones con pacientes y otros actores del sistema, como clínicas y representantes de la industria, los COP 10 billones prometidos en la campaña presidencial para el plan de choque no están disponibles por ahora.

En las mesas que la ministra Vesga ha mantenido con pacientes y otros actores del sistema se han planteado algunos caminos para conseguir recursos y, sobre todo, para destrabar plata que ya está dentro del sistema. El primero de ellos apunta a la bolsa de presupuestos máximos. Se trata de unos recursos que sirven para financiar servicios y tecnologías que están en el Plan de Beneficios en Salud, pero que no están cubiertos por la UPC.

Según explicó uno de los representantes de pacientes que participó en estas reuniones, el Minsalud señala que una parte de esos recursos está represada por dificultades en el cierre del ciclo de MIPRES, el sistema mediante el cual se gestionan y registran las tecnologías y servicios que requieren los pacientes y que están sujetos a este mecanismo de financiación.

El problema, según la explicación que recibieron los pacientes, es que los gestores farmacéuticos no estarían completando ese cierre, lo que termina generando dificultades para que las EPS puedan hacer las postulaciones correspondientes a los presupuestos máximos.

En este caso, no es que no exista el recurso, sino que hay un cuello de botella operativo y administrativo que impide que una parte de esa plata siga su recorrido dentro del sistema. La apuesta sería destrabar ese proceso para que los recursos puedan fluir y aportar liquidez, aunque el propio representante advierte que se trata de una solución parcial y que no equivale ni a recursos nuevos ni mucho menos a los COP 10 billones para el plan de choque.

En esas mismas conversaciones apareció otra posibilidad: la compra de cartera. El Ministerio de Salud está evaluando distintos mecanismos para utilizarla como una herramienta que permita mejorar la liquidez del sistema. A esto sí se refirió el presidente De la Espriella, quien anunció que se implementará “un mecanismo extraordinario de compra de cartera dirigida con 0 % de interés” y advirtió que no se trata de “un cheque en blanco para las EPS”: el Gobierno, dijo, no pagará dos veces por un mismo servicio ni reconocerá nuevamente servicios que ya hayan sido pagados.

Sin embargo, aún no está claro qué cartera entraría en ese mecanismo, qué criterios se utilizarían para definir las obligaciones que podrían ser compradas, cuánto dinero pondría el Gobierno ni cuándo comenzaría a operar. Tampoco se trata de una idea completamente nueva.

Un tercer frente está en las EPS intervenidas. La expectativa del Ministerio de Salud es que los planes que deben presentar los nuevos interventores ayuden a ordenar el flujo de recursos entre los distintos actores del sistema y hagan más fluida su circulación.

¿Y la capitalización de Nueva EPS?

Para Alejandro Escobar, director de Sectorial, una firma de análisis de mercado, el problema inmediato es conseguir los recursos que permitan mantener funcionando el sistema mientras se buscan soluciones de fondo. Su punto de partida es que una inyección de dinero es necesaria, pero no suficiente.

“Uno nunca va a entrar a una solución estructural” inyectando recursos, dice. Para 2027, sin embargo, el líder de Sectorial considera indispensable garantizar el gasto corriente del sistema de salud para evitar que el hueco siga creciendo. Hay que recordar que, con una inflación sectorial cercana al 8 % y una siniestralidad del 108 % (es decir, que por cada $100 recibidos se gastan $108 en atender servicios de salud), los recursos destinados al sistema tendrían que crecer alrededor de 16,9 % para 2027. Pero el presupuesto del Gobierno para salud contempla un aumento de apenas 1,8 %.

¿De dónde podría salir esa plata que se necesita? Escobar plantea varias opciones. Aunque el Gobierno Nacional ha dicho que no quiere embarcarse por ahora en una reforma tributaria, él considera que tiene que hacerlo. No necesariamente, aclara, aumentando las tarifas, sino ampliando la base de personas que pagan impuesto de renta. También apunta el IVA, donde, dice, existen exenciones y tarifas diferenciales que podrían revisarse.

Escobar también habla de redistribuir algunas responsabilidades de financiación entre la Nación y los territorios, aprovechando los cambios que se plantean al Sistema General de Participaciones. Esto permitiría que algunas de las responsabilidades que hoy recaen sobre el Ministerio de Salud pasen a ser asumidas por los departamentos y municipios, que recibirían más recursos a través de ese sistema.

Sobre la mesa, además del 2027 y la primera fase del plan de choque, hay un caso que todos en el sistema consideran urgente: Nueva EPS. La EPS más grande del país necesita una capitalización billonaria que, aunque fue anunciada por el Gobierno de Gustavo Petro, nunca se concretó.

Para Escobar, una eventual salida no tendría que depender únicamente de que el Gobierno Nacional ponga todo el dinero. Plantea que podría buscarse un acuerdo con los proveedores para reestructurar las deudas y llevarlas a plazos más largos. Incluso contempla que algunos de esos proveedores puedan convertir parte de lo que se les adeuda en patrimonio y pasar a ser accionistas de la entidad.

A ese esquema, dice, podría sumarse un plan de rescate en el que participen distintos actores. El Gobierno pondría recursos, las cajas de compensación (las otras dueñas de Nueva EPS) podrían aportar capital y algunos proveedores podrían entrar mediante la reestructuración de sus acreencias. Pero Escobar lo plantea como una posibilidad que dependería de que exista un plan de saneamiento claro para la EPS y de que se recupere la confianza de los actores del sistema.

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