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La Procuraduría General de la Nación decidió abrir una investigación disciplinaria para evaluar si hubo irregularidades en la toma de posesión y en el nombramiento de directivos dentro de la Nueva EPS, intervenida por el Gobierno Nacional desde 2024 y hasta abril de 2027.
La investigación gira alrededor de dos personas: Luz María Munera Medina y Jorge Iván Ospina. La primera fungió hasta hace poco como supersalud ad hoc, cuando Bernardo Camacho era supersalud (pues, antes de llegar a ese cargo, Camacho había sido interventor de Nueva EPS, lo que lo inhabilitaba para tomar decisiones). Ospina, por otra parte, es desde hace poco más de dos semanas interventor de la entidad. Lo que llama la atención de la Procuraduría es que, según la información preliminar, podría haber existido una “extralimitación de funciones”, es decir, que se habrían tomado decisiones sin tener las competencias legales para hacerlo. Además, se menciona una posible falta de cumplimiento de requisitos para asumir esos cargos.
La investigación se origina en un informe enviado desde la propia Procuraduría Delegada para la Salud, en el que se habría alertado sobre supuestas irregularidades tanto en el proceso de toma de posesión de la Nueva EPS, la más grande del país, como en el nombramiento de Ospina. A partir de esa alerta, la entidad decidió entonces revisar formalmente lo ocurrido. Además, se menciona que la Procuraduría ya tenía conocimiento previo del caso a través de un oficio del Ministerio de Trabajo, remitido por competencia, relacionado con esos mismos hechos.
La Procuraduría ordena en el auto recolectar pruebas, que incluye documentos ya aportados y solicitar otros adicionales a la Superintendencia de Salud, como los actos de nombramiento, hojas de vida, manuales de funciones y actas de reuniones. También se establece que los investigados podrán rendir versión libre, es decir, dar su explicación de los hechos, y que tienen derecho a estar acompañados por un abogado. Esto hace parte del debido proceso. Por ahora, se señala que no se está concluyendo ninguna responsabilidad, sino que formaliza la apertura de la investigación para examinar si hubo o no irregularidades disciplinarias.
Esta es la última decisión de la Procuraduría en el sector salud. A inicios de abril, la Supersalud se vio obligada a nombrar interventores suplentes en varias EPS intervenidas, luego de que el ente de control suspendiera provisionalmente a algunos de los titulares en medio de investigaciones disciplinarias. Las medidas de la Procuraduría han involucrado a entidades como ASMET Salud, SOS, Savia Salud y Coosalud, mientras que en el caso de Capresoca se anunció el nombramiento de un nuevo suplente. En todas, las investigaciones apuntan a posibles incumplimientos de funciones que habrían impactado la prestación del servicio, en un contexto que la propia Supersalud ha descrito como de limitaciones estructurales del sistema.
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