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El cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para este año ha desatado una ola de reacciones entre varios actores del sector salud. La UPC es, en términos simples, el monto que el Gobierno gira a las EPS por cada afiliado para cubrir sus servicios médicos, medicamentos y tratamientos, lo que la hace un elemento clave en el sistema de salud.
Para 2025, el Ministerio de Salud decretó un aumento del 5,36 % en la UPC, lo que significa que las EPS del régimen contributivo pasarían de recibir $1.444.086 por cada afiliado a recibir $1,521,489. En cuanto a las EPS del régimen subsidiado, pasan de $1.256.076 a $1,323,401.
Este incremento ha generado debate porque está más de 10 % por debajo de las expectativas de varios actores del sistema de salud, que reclamaban uno superior al 16 %. Por su parte, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, respondió, en entrevista con El Espectador, que un aumento del 16% en la UPC “implicaría una nueva reforma tributaria”.
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Ante la situación, en la mañana de este lunes 13 de enero, la Procuraduría General de la Nación pidió al ministerio, una vez más, brindar información sobre el procedimiento técnico empleado para hacer el cálculo de la UPC para 2025. Además, solicitó a la Corte Constitucional estudiar la viabilidad de declarar la Existencia de un Estado de Cosas Inconstitucional, es decir una decisión judicial para declarar que se ha configurado una violación masiva, generalizada y estructural de los derechos fundamentales de determinada población.
“El Ministerio de Salud expidió el acto administrativo con presunta indebida y falsa motivación, con base en fuentes de información parciales, con un procedimiento ajeno a las normas (por ejemplo: la NUEVA EPS intervenida no tiene estados financieros de 2023 y representa el 23% de la población asegurada con más de 11 millones de afiliados)”, señala la Procuraduría en el documento de 24 páginas dirigido al magistrado José Fernando Reyes Cuartas.
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La Procuraduría señala que, por segundo año consecutivo, el ministerio no publicó en su página web el proyecto de acto administrativo antes de su expedición y que, como consecuencia, los actores del sistema de salud y la ciudadanía no tuvieron oportunidad de conocer, de manera previa, la nota técnica que sirvió para calcular la UPC para 2025. “Por consiguiente, se les impidió el ejercicio del derecho a la participación democrática y plural mediante la formulación de observaciones y recomendaciones”, dice el documento.
La Procuraduría asegura que el incremento de la UPC para 2025 corresponde a una decisión política, en vez de una técnica. “El incremento de tan solo el 5,36% del valor de la UPC para 2025, al igual que en 2024, se adoptó sin sustento técnico alguno, en una decisión claramente política, como resultado del archivo en el Congreso de la República de la denominada Ley de Financiamiento, y la necesidad de poner presiones insostenibles para lograr la aprobación de la ambicionada gubernamental reforma al Sistema de Salud”, afirma la entidad.
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De esa manera, en el documento se solicita evaluar si hay un Estado de Cosas Inconstitucional, “con el fin de restaurar el orden Constitucional en salud y evitar su desastre anunciado por muchos actores”. La Procuraduría también pidió adoptar medidas provisionales urgentes dirigidas al Ministerio de Salud para que se corrijan las decisiones en torno a la UPC que califica como “equívocas” y “antitécnicas” en un plazo determinado. Con ello, dice la entidad, se evitaría el agravamiento de la crisis.
Finalmente, la Procuraduría solicitó a la Corte iniciar un trámite de Desacato a orden judicial en contra del ministerio, debido al incumplimiento de las órdenes impartidas por el alto tribunal en el marco del Seguimiento a la Sentencia T-760-08, la cual, en pocas palabras, regula el sistema del derecho a la salud.
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“Los Autos de la Sala Especial de Seguimiento dan cuenta de las advertencias de la Corte al Ministerio por ignorar las instrucciones y órdenes, por tomar decisiones sin estudios técnicos, por no reportar la información requerida, por incumplir los términos y plazos fijados y en tal sentido le ha señalado en varias oportunidades que el desconocimiento de las órdenes dictadas por la Corte Constitucional podría transgredir por acción u omisión las disposiciones del Código Disciplinario Único y del Código Penal”, se lee en el documento firmado por la procuradora delegada, Diana Margarita Ojeda Visbal.
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