En horas de la tarde de este 25 de junio, el presidente Gustavo Petro, en compañía de varios de sus ministros firmó la llamada “Ley de salud mental”, que había sido aprobada por el Congreso y con la que se busca, según señaló el Ministerio de Salud, fortalecer “el bienestar emocional de toda la población”, así como establecer “acciones concretas para la prevención, atención integral y protección de la salud mental en todos los entornos: hogares, instituciones educativas, lugares de trabajo, centros penitenciarios y comunidades”.
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“La Ley que acabamos de firmar es esencial en el modelo de prevención de la salud de todas y todos los colombianos”, dijo Petro en el evento, al tiempo que destacó que, con esa nueva ley, será un derecho acceder a la atención en salud mental.
En palabras un poco más concretas, el Presidente le dio luz verde a la Ley 2460 de 2025, que modifica algunos aspectos de otra ley (la 1616 de 2013) y establece varios puntos claves para la prevención y atención.
Como se lee en esa Ley, el propósito fundamental es “garantizar el ejercicio pleno del Derecho a la Salud Mental a la población colombiana, priorizando a los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes, mediante la promoción de la salud y la prevención del trastorno mental” y “la Atención Integral e Integrada en Salud Mental”.
Para lograr ese objetivo, además de indicar que ahora todas las personas tienen derecho a la formación en salud mental desde la infancia (que estará a cargo de las instituciones educativas), la Ley señala que la pedagogía será uno de los pilares de la estrategia para promover salud mental y prevenir las enfermedades mentales.
Pedagogía, clave para promover la salud mental y prevenir la enfermedad
Uno de los caminos para llevar a cabo esa pedagogía es “crear, generar y producir, contenidos y estrategias periódicas anuales de comunicación masiva que integren el sistema de medios públicos” y “canales de comunicación digitales públicos y privados, para la promoción y el cuidado de la salud mental, la educación emocional, la identificación temprana de enfermedades y/o trastornos mentales y la atención primaria en salud mental”.
Esa tarea, se lee en el documento, estará en manos del Ministerio de Salud y el Consejo Nacional de Salud Mental, en coordinación con el Ministerio de Educación.
Así mismo, ordena que se establezcan recomendaciones de advertencia “a la audiencia sobre contenidos que puedan alterar la salud mental de los espectadores, con énfasis especial en la protección de niños, niñas y adolescentes”.
De igual forma, indica que el Observatorio Nacional de Salud Mental deberá realizar estudios para “analizar y vigilar la difusión, consumo y el comportamiento del mercado de los contenidos audiovisuales”. Esas investigaciones deben tener énfasis en prevenir y proteger la salud mental de los niños, niñas y adolescentes.
Para alcanzar esos propósitos, la Ley autoriza al Gobierno a destinar las partidas presupuestales dentro del Marco Fiscal de Mediano Plazo.
Empresas, a ponerle atención a la salud mental
En el ámbito laboral, el documento firmado por el Presidente le indica a las empresas y entidades públicas que deberán promover acciones de “prevención, sensibilización, orientación y control de factores de riesgos psicosociales”. Esa tarea estará a cargo de la Administradora de Riesgos Laborales. También deberán tomar medidas que contribuyan al “bienestar y la salud mental de sus trabajadores durante la jornada laboral”.
¿En manos de quién estará la salud mental?
Respecto a la atención en salud mental, la ley es clara: el Ministerio de Salud deberá adoptar el “modelo de atención integral e integrada, los protocolos de atención y las guías de atención integral en salud mental, con la participación activa de las personas afectadas por condiciones de salud mental, pacientes, sus familias, cuidadores y otros actores relevantes”.
La idea es que en esos protocolos y guías se encuentren los problemas y trastornos, como también los procesos y procedimientos para su implementación.
Según la ley, en manos del Minsalud estará promover programas de formación de competencias en salud mental entre los diferentes actores, como profesionales de la salud, padres de familia o docentes.
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Respecto a la atención, los pacientes deberán ser vistos por profesionales del talento humano en salud, según las necesidades que tengan, aunque deja en manos de las autoridades competentes de cada territorio la evaluación de la atención o adherencia a tratamientos.
Para poder acceder a esa atención en salud mental, la Ley indica que el primer nivel de atención deberá implementar un enfoque biopsicosocial, con el fin de promover los entornos protectores en función de la prevención de trastornos o enfermedades mentales. El énfasis, se lee, deberá estar en el autocuidado, el debido seguimiento y la evaluación de metas.
Quienes atiendan a los pacientes deberán tener títulos de las siguientes profesiones: Medicina, Psiquiatría, Psicología, Enfermería o Atención Prehospitalaria. Además, los prestadores de salud, como las clínicas y los hospitales, serán los encargados de fortalecer y capacitar a ese personal de manera continua.
Entre otras órdenes, la Ley obliga a las Empresas Administradoras de Planes de Beneficios (las EPS o las que hagan sus veces) a “realizar programas de atención integral con enfoque diferencial, étnico y poblacional en salud mental”.
Cuidadores y niños y niñas, eslabones claves
En la Ley hay otro capítulo que hace referencia a la participación social, en el que, entre otras cosas, pide a las Empresas Administradoras de Planes de Beneficios que, dentro de sus estrategias de promoción y prevención, ofrezcan “apoyo psicosocial y capacitación a los cuidadores de personas afectadas por trastornos mentales para mejorar su bienestar y calidad de vida”.
Igualmente, pide que se brinde “atención integral en salud mental preferente a la población joven”, es decir, a las personas entre los 14 y 28 años, pues están en proceso de “consolidación de su autonomía intelectual, física, moral, económica, social y cultural”.
Uno de los puntos que más destacó el presidente Petro en su intervención tiene que ver con los niños y niñas. Para este grupo poblacional, la Ley dice que el Ministerio de Salud deberá, en el término de un año, crear un protocolo de promoción y cuidado de la salud mental y prevención de los trastornos mentales.
El objetivo es que en él “se logre consolidar un modelo de atención integral e interseccional, desde un enfoque de Derechos Humanos, determinantes sociales en salud; factores y protectores, en materia de salud mental para niños, niñas, adolescentes y jóvenes”.
En este aspecto, también le deja una tarea a las EPS, a las IPS, a las entidades territoriales y a los colegios: crear comités de salud mental. Con ellos, deberán coordinar tamizajes para los estudiantes y para los trabajadores de los colegios para que se produzcan informes que permitan detectar “alertas tempranas para prevenir y promover la salud mental”.
Un sistema de información en salud mental
Otro de los aspectos destacados de la Ley tiene que ver con la recolección de más y mejor información relacionada con la salud mental en Colombia. Por eso, le ordena al Observatorio Nacional de Salud que genere “un informe actualizado sobre el estado de la salud mental en Colombia, el cual deberá incluir un análisis de los tratamientos más frecuentes, riesgos, actores, zonas, determinantes sociales en salud y requerimientos específicos en salud mental, con un capítulo especial en materia laboral y educativa”. La actualización no puede ser superior a 2 años.
Así mismo, en manos del Observatorio Nacional de Salud estará formular una estrategia para la actualización de la información sobre Salud Mental. También recoger, procesar, analizar, difundir la información que se recopile en los territorios para que, posteriormente, se integre al Sistema Integrado de Información de la Protección Social.
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Según el documento, varias entidades deberán articularse en torno a ese sistema, pero especialmente el Ministerio de Ciencias, “con el fin de armonizar con los recursos humanos y técnicos de ciencia, tecnología e innovación y constituir la base para la comprensión y el reconocimiento continuo de las necesidades de salud mental de la población colombiana”.
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