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Este martes la Comisión Séptima del Senado retoma el debate sobre la reforma a la salud con dos ponencias ya radicadas: una positiva, respaldada por el Gobierno y el Pacto Histórico y que recoge la esencia del proyecto impulsado por el presidente Gustavo Petro —y que el Congreso ya rechazó en el pasado—, y otra negativa, presentada por la oposición del Centro Democrático. A primera vista, el escenario parece repetirse respecto al año pasado, cuando la mayoría de esta comisión hundió la iniciativa. Sin embargo, hay un elemento nuevo: la posibilidad de una tercera ponencia, una propuesta alternativa de reforma que podría abrir un nuevo espacio distinto de discusión.
La ponencia alternativa se radicará con el respaldo de las senadoras Norma Hurtado Sánchez, Lorena Ríos Cuéllar y Ana Paola Agudelo García. Algo curioso es que las tres congresistas hicieron parte del grupo que en 2024 archivó la propuesta del Gobierno. En esta ocasión, sin embargo, han decidido impulsar un camino distinto.
La propuesta plantea un modelo en el que el riesgo financiero estaría en manos del Estado, mientras que el riesgo en salud sería administrado por las Gestoras de Salud y Vida, figura que reemplazaría a las actuales EPS. Bajo este esquema, la prestación de servicios se mantendría con participación de actores públicos, privados y mixtos.
Este primer detalle busca responder a una de las críticas centrales a la propuesta del Gobierno: para muchos hay falta de precisión sobre qué entidad sería responsable de administrar los dos tipos de riesgo que existen en el sistema. Por un lado, el riesgo financiero, que consiste en garantizar que haya recursos suficientes y que el sistema sea sostenible en el tiempo. Por otro, el riesgo en salud, que implica organizar y controlar la atención de los pacientes, asegurar la calidad de los servicios y vigilar que los tratamientos y procedimientos respondan de manera efectiva a las necesidades de la población. En la propuesta alternativo, el primero estaría a cargo del Estado y el segundo en manos de las EPS. (Puede ver: Así están las fuerzas para el tercer debate de la reforma a la salud)
El documento propone además fortalecer la sostenibilidad del sistema mediante la inyección de nuevos recursos y la adopción de medidas para atender la crisis financiera que enfrentan hospitales, clínicas, médicos y proveedores. Las senadores aclaran que no se busca estatizar por completo el sistema, sino modificar su funcionamiento actual.
Las Gestoras de Salud y Vida tendrían a su cargo la organización de las redes de atención, el control de calidad y la auditoría de los servicios, pero no manejarían directamente los recursos del sistema. Este planteamiento marca una diferencia importante frente al Gobierno. Tanto el Ministerio de Salud como el presidente Gustavo Petro han señalado en varias ocasiones que la organización y contratación de esas redes —hospitales y clínicas donde los ciudadanos reciben atención— debe estar en manos de las secretarías de salud municipales y departamentales. Para el Ejecutivo, esto garantizaría que las decisiones se tomen con base en el conocimiento del territorio y evitaría la integración vertical.
Los opositores a esa visión, sin embargo, sostienen que entregar esa función a los entes territoriales puede derivar en la politización de la contratación en salud. De hecho, el Gobierno ya ha dado pasos para que esa medida se empiece a aplicar incluso sin reforma.
Puede ver: Cambio en estatutos y accionistas a punto de ceder: el gobierno va por Nueva EPS
En que los recursos del sistema sean administrados por el Estado no hay mayor discusión hoy en día. La universalización del giro directo ya es una realidad y la mayoría de las EPS y sus gremios se han mostrado dispuestas a que esa intermediación financiera termine.
La propuesta de las senadoras Hurtado, Ríos y Agudelo incluye la creación de un sistema único de información y de un sistema nacional de auditoría que permitan vigilar en tiempo real el uso de los recursos, detectar irregularidades y activar alertas preventivas.
También establece que la Unidad de Pago por Capitación (UPC), monto que el Estado asigna por cada afiliado, se calcularía con estudios técnicos validados por universidades y definidos por el Consejo Nacional de Salud, algo en lo que también habrá una diferencia importante con el Ministerio de Salud, que ha defendido que esa responsabilidad siga estando en sus manos y dependa de su autonomía. Hay que recordar que la suficiencia de esta prima ha sido un elemento central en la discusión sobre las finanzas del sistema.
Precisamente, en cuanto a la financiación, se busca agilizar los pagos directos a hospitales y clínicas para evitar intermediaciones. Asimismo, se plantean mecanismos de saneamiento de deudas y de protección a prestadores y pacientes. Entre ellos, la destinación de recursos adicionales provenientes de impuestos saludables, el IVA social y un punto del PIB, con el objetivo de estabilizar financieramente el sistema en un plazo de cinco años.
La ponencia alternativa también incluye un mecanismo especial de crédito destinado a sanear las deudas acumuladas por las EPS con clínicas, hospitales y proveedores. Bajo este esquema, los pagos se harían de manera directa a los acreedores, lo que busca evitar demoras y garantizaría que los recursos lleguen de inmediato a quienes prestan los servicios. La medida busca atender una de las principales alertas del sector: la crisis de liquidez que enfrentan las IPS, muchas de las cuales han advertido que, de no resolverse pronto, podrían verse obligadas a suspender servicios o incluso a cerrar.
El nuevo plan contempla destinar recursos del Presupuesto General de la Nación para cubrir, de manera gradual, las obligaciones pendientes de hospitales públicos afectados por la liquidación de EPS. La prioridad serían los pagos a los trabajadores de la salud, con el fin de proteger su estabilidad laboral y garantizar la continuidad en la atención a los pacientes. Otro de los ejes de la ponencia alternativa es el fortalecimiento de la atención primaria. Se trata de una de las obsesiones del presidente Gustavo Petro. La propuesta contempla ampliar la red de centros de atención, servicios domiciliarios, equipos básicos y telemedicina, con el fin de garantizar atención en las comunidades. También se plantea la formalización laboral del talento humano en salud, mejorando sus condiciones de trabajo.
Puede ver: El Gobierno prepara otro gran cambio en la salud: EPS y hospitales deberán reorganizarse
Finalmente, la ponencia propone que el 100% del recaudo de los impuestos a bebidas y alimentos ultraprocesados se destine al sistema de salud durante cinco años. Se estima que esta medida permitiría obtener $4,9 billones de pesos en 2026 y, a largo plazo, más de $60 billones de pesos entre 2026 y 2036. Los recursos contarían con mecanismos de trazabilidad y control preventivo para asegurar su destino exclusivo al sector.
“La crisis actual no es porque no se haya aprobado la reforma del Gobierno Petro. Es producto de la mala administración, de intervenciones fallidas y del llamado ‘chuchu-chu’ que profundizó la crisis y dejó al sistema en estado crítico. Ni esa reforma ni el archivo son la solución: el país necesita una propuesta distinta, que garantice soluciones reales. Postergar el debate o archivarlo sería condenar a pacientes, médicos, hospitales y clínicas”, aseguró la senadora Hurtado. “Esta ponencia es la solución que el país necesita para evitar que el Gobierno imponga, por decreto, una visión que no ha funcionado. Es momento de recuperar un sistema que han dejado en cuidados intensivos por una mala gestión. Esta situación ha puesto en riesgo la vida de los colombianos por la congestión en las citas, la falta de medicamentos, la imposibilidad de cumplir sus tratamientos y el pago adicional de procedimientos”, afirmó, por otro lado, la senadora Lorena Ríos.
No está claro, sin embargo, que el Gobierno se vaya a montar a esta propuesta.
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