Dar solución a un problema parte de reconocer y llegar a un acuerdo sobre cuál es, precisamente, ese problema y de manera democrática construir y participar en la solución. No creo que haya soluciones mágicas y el debate tan actual de lo que ocurre con nuestro sistema de salud bien puede ser un ejemplo de cómo se podrían aplicar principios democráticos y el uso de la evidencia científica para llegar a soluciones en busca del bienestar de la gente.
Por muchos años era común escuchar a críticos del modelo de salud, definido en la Ley 100 del 93, argumentar sobre la existencia de un exceso de diagnóstico del problema, mientras se quejaban de un déficit en la búsqueda conjunta y estructural de soluciones. Se ha insistido en el papel de los intereses de los actores involucrados, el ánimo de lucro, la existencia de incentivos perversos, las barreras de acceso y un largo etcétera, lo cual se sustenta en una diversidad de opiniones (muchas de ellas fundamentadas) y la existencia de evidencia científica que aclara que realmente esos han sido parte de los problemas de nuestro sistema de salud.
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Múltiples gobiernos de diferentes corrientes políticas (e ideológicas) han coincidido en que nuestro sistema de salud está en crisis, fundamentalmente en términos financieros. Sin embargo, apelando a un sentido crítico, un diagnóstico en el cual se considere que todo está mal desde el principio no pareciera ser lo más adecuado, y menos a la luz de un análisis sistemático de la información disponible, como lo podría hacer alguien entrenado en cómo funciona la ciencia.
El grupo de académicos que escribió esta columna en El Espectador presenta un listado de hechos, sin duda indignantes, y las decisiones judiciales en que se soportan para demostrar que no son solo opiniones. Dichas situaciones lamentablemente han hecho parte de la implementación de nuestro sistema de salud y, sin duda, han causado sufrimiento innecesario, así como muertes evitables a costa de la acumulación y desvío de rentas de los recursos de la salud. Pero los profesores llegan a una conclusión que no se deriva de los argumentos planteados, como uno esperaría de académicos entrenados en el pensamiento científico: “hay evidencias suficientes de que el actual sistema de salud es un modelo fallido”, dicen.
En mi opinión, y conociendo al detalle mucha de la evidencia científica que se ha generado a partir de diversos análisis sobre impacto del actual sistema de salud, incluso dirigiendo al equipo de investigadores que por doce años desde el Observatorio Nacional de Salud del Instituto Nacional de Salud (INS) generábamos el informe que cada legislatura se le entregaba al Congreso de la República y al Ministerio de salud, es un exabrupto decir que la evidencia científica es contundente en demostrar que el modelo actual es un modelo fallido, pues eso significaría desconocer que, en medio de sus problemas, también ha tenido un impacto positivo, y que en un escenario contrafactual, por ejemplo en que no se hubiese implementado, habrían ocurrido más muertes y casos intolerables con los que nadie estaría contento hoy día.
No tengo que instrumentalizar la evidencia científica para reiterar la necesidad de tener una discusión sobre cómo mejorar el sistema de salud actual para que situaciones como las que listan el “grupo de académicos” no ocurran, ni por parte de actores privados, ni por funcionarios e instituciones públicas.
Estos elementos, sin embargo, no han estado en la discusión sobre la propuesta e implementación vía decreto del nuevo modelo de salud del actual gobierno, que pareciera solo sustentarse en que la forma de solucionar la corrupción que tanto daño le ha causado a nuestro sistema de salud es pasar el dinero de las interesadas manos de empresarios privados que solo piensan en lucrarse a costa del sufrimiento de la gente, a las cándidas almas de nuestros probos servidores públicos, que desde las regiones saben cómo se debe invertir cada peso en la gente sin la mínima desviación. Funcionarios probos hay muchos y he tenido el honor de conocer algunos, pero distamos muchos de ese deseo.
No voy a pecar de inocente para creer que la ciencia, a pesar de sus métodos estandarizados, es neutra, o que en la sociedad no hay intereses económicos que muchas veces presionan y favorecen las decisiones políticas, pero sobre la reforma al sistema de salud del actual gobierno hay muchos temas donde la academia si pudiera estar aportando a la discusión, más que solo haciendo eco del discurso oficial.
Solo traigo a colación un hecho diciente en que la academia y quienes escribieron la columna han guardado un silencio cómplice: la Ley 100 quiso acabar con la salud pública y particularmente con el INS; sin embargo, la actual administración ha podido lograr más en esa dirección que los oscuros intereses de los privados.
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Mientras el país se enfrenta a un nuevo pico del brote de fiebre amarilla (que el presidente se empeña en mostrar como un éxito rotundo del nuevo sistema de salud, mientras los datos del INS muestran una mayor letalidad de los casos que ocurren desde las últimas semanas del 2025) y deberíamos estar respondiendo coordinadamente a la potente introducción de un brote de sarampión (como se hizo ante la pandemia, en años recientes), la directora del INS anda persiguiendo a epidemiólogos que evidencian que la respuesta no ha sido como se espera de parte de una institución de 109 años. Menos mal que todavía no nos ha llegado otra pandemia.
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Por Carlos Castañeda-Orjuela*
