Con frecuencia se suele escuchar que los jóvenes y adolescentes son el futuro, pero se vuelve necesario reconocer que también son el presente. En 2026, cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) estiman que en Colombia cerca de 14.8 millones de personas tienen entre 12 y 28 años. Esto representa casi una tercera parte (el 27,8 %) de la población total del país.
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Frente a esa realidad, hay un escenario preocupante: tres de cada cuatro adolescentes y jóvenes no tienen garantizados todos sus derechos. Se enfrentan, de hecho, a múltiples dificultades y retos que incluso pueden poner en peligro su vida. Así lo alertó un reciente informe publicado el pasado 11 de marzo por el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), en el que además advierte que estas circunstancias afectan de manera desproporcional a las niñas, las adolescentes y jóvenes que más se han “dejado atrás”, como personas de pueblos étnicos, con discapacidad, que viven en zonas rurales o en contextos de conflicto armado, así como con identidad de género y orientaciones sexuales diversas.
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El Análisis de Situación de la Población Adolescente y Joven 2026, como se llama este informe, reúne datos actualizados sobre este grupo etario y su objetivo se centra en sensibilizar a la ciudadanía y a los tomadores de decisiones, con el propósito de mejorar las condiciones de vida de los jóvenes. Martha Lucía Rubio, representante auxiliar de UNFPA y quien acompañó al equipo técnico que elaboró el reporte, cuenta que esta información sirve para comprender “cuáles son los desafíos de política pública en un país tan diverso e inequitativo como Colombia, pero que también tiene un gran potencial de voces transformadoras activas”.
A juicio de Rubio, las juventudes, “a lo largo de todas las décadas, han estado al frente de las grandes transformaciones y apuestas de la sociedad. Este sigue siendo ese momento”. Con este análisis, agrega, lo más importante es advertir que actualmente Colombia está entrando en la última etapa de su bono demográfico, que es el crecimiento económico que puede tener un país cuando el número de personas dependientes es menor que el de aquellas que están en edad para trabajar.
Durante los próximos 29 años, por ejemplo, al menos habrá dos personas dependientes por cada tres activas. Es por esta razón que el informe resalta que Colombia tiene una ventana de oportunidad hasta 2054, pero “para aprovechar este bono demográfico, es crucial solucionar las desigualdades territoriales profundas”. Entre los factores que han afectado desproporcionalmente a ciertas regiones están la pobreza, la falta de acceso a servicios básicos y el conflicto. Con el propósito de maximizar el potencial de la población joven, se lee en el informe, “se necesita un compromiso integral del Estado y la sociedad”.
El panorama de salud sexual y reproductiva
Procurar la salud integral de las y los adolescentes y jóvenes no solo transforma positivamente sus vidas, sino que fomenta un desarrollo social y económico. Esta es la premisa con la que parte el informe de UNFPA y con la que pretende promover generaciones más saludables y abrir la puerta hacia un futuro sostenible.
El reporte, sin embargo, llama la atención sobre las desventajas para acceder a derechos sexuales y reproductivos que tiene la población joven de bajos ingresos económicos, que vive en áreas rurales o zonas urbanas pobres y pertenece a comunidades indígenas y afrodescendientes.
Uno de los contextos más preocupantes que resalta el documento es el embarazo en edades tempranas, pues trae graves consecuencias para las niñas y adolescentes. Para dimensionar este problema, basta con revisar una cifra: en 2024 se registraron 3.200 nacimientos por parte de niñas entre 10 y 14 años. Esto, a pesar de que la ley dice que los menores de 14 años no pueden consentir relaciones sexuales, es decir, son embarazos y maternidades forzados, productos de abuso y violencia sexual, según lo establece la Ley 1098 del 2006.
Johana Blanco, asesora nacional de Adolescencia y Juventud de UNFPA, explica que si bien se ha hablado de una disminución en la fecundidad, persiste una brecha entre lo rural y urbano. “Las niñas entre 10 y 14 años en las zonas rurales siguen teniendo embarazos, que claramente son producto de violencia sexual”, agrega, mostrando una realidad aún más inquietante, pues las niñas menores de 14 años tienen hasta tres veces más posibilidades de complicaciones en el parto y posparto y una probabilidad mayor de volver a ser madres en los próximos dos años.
En este punto, a los ojos de Blanco, el desafío se centra en buscar las herramientas que permitan “ejercer una acción territorial intersectorial contundente para reducir esta brecha y entender los desafíos que tienen las niñas en las zonas rurales. Es una realidad muy cruda y muy compleja”.
Aunque en Colombia, durante 2024 se registró la mayor disminución anual de embarazos adolescentes (se reportaron 64.792), en zonas rurales este cambio se ha dado lentamente, ampliando aún más la brecha entre ambos contextos. “Esto se puede deber a que en las ciudades existen alternativas en línea para servicios de salud sexual y reproductiva, información y educación sexual; en cambio, en las zonas rurales, la falta de estas oportunidades ha perpetuado un escenario de mayor riesgo para las adolescentes”, detalla el informe.
No perder de vista la salud mental
Otro de los temas clave de los que habla el informe es la salud mental, sobre todo en un contexto de una juventud que enfrenta algunos desafíos, como la presión académica, la transición hacia la vida adulta y la toma de decisiones sobre proyectos de vida. Estos factores aumentan la vulnerabilidad ante problemas como la ansiedad, la depresión y el estrés. Si estos no son atendidos, puede impactar el rendimiento académico, la empleabilidad y la estabilidad de los jóvenes.
De hecho, apunta Blanco, el 58 % de intentos de suicidio se concentra en adolescentes y jóvenes; y, aunque se presentan más casos de suicidios en hombres, los registros muestran que los mayores intentos los tienen las mujeres. Estas cifras dan cuenta de “unas normas sociales de género que les dicen a los hombres que ‘ser vulnerable es ser débil; pedir ayuda es señal de falta de hombría, entre otras cosas”. El desafío, en opinión de Blanco, es “pensar la salud mental desde los determinantes sociales de la salud, entendiendo cómo tenemos que trabajar en esa brecha de género para proporcionar entornos protectores”.
El análisis de UNFPA señala que los estigmas alrededor de la búsqueda de ayuda, combinados con la falta de servicios de salud mental accesibles y adecuados, obstaculizan detectar y tratar a tiempo estas situaciones. También hay agravantes cuando las y los adolescentes se enfrentan a experiencias de discriminación y acoso, especialmente para poblaciones étnicas y LGBTIQ+.
El informe plantea que todos estos factores plantean que no basta solo con tener más profesionales y centros, “sino también crear ambientes seguros donde las y los jóvenes se sientan cómodos buscando ayuda sin ser juzgados. Además, la salud mental debe ser un eje central en todas las políticas e iniciativas dirigidas a la juventud”.
Retos en educación y trabajo decente
Las cifras sobre educación que muestra el informe también son inquietantes. Blanco detalla que “si tomamos 100 niñas y niños que deben ingresar al sistema educativo, vemos que solo el 85 % culmina la primaria; el paso a secundaria llega a un 72 %, pero en la educación media solo se llega al 52 %”. Estos datos, añade, “nos invitan a pensarnos las trayectorias educativas de una manera más compleja, a garantizar la cobertura y la permanencia y a identificar este abandono escolar”.
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La deserción responde, básicamente, a condiciones culturales o situaciones de pobreza. Pero también se debe a que a las niñas y adolescentes les asignan prácticas de cuidado y a los embarazos tempranos, lo cual refleja la multidimensionalidad de factores, es decir, que muchos de los problemas están encadenados entre sí.
El análisis de UNFPA también arroja datos sobre la población joven que no estudia y tampoco está ocupada en el sistema educativo o laboral, pues muchas veces no cuentan con las oportunidades. Uno de cada cinco jóvenes, entre los 15 y 28 años, se encuentra en esta situación. Además, hay una brecha de género importante, ya que por cada hombre hay dos mujeres en este contexto.
Por esta razón, UNFPA hace un llamado a que en Colombia haya más educación, que garantice las trayectorias de los jóvenes y adolescentes, y a que se implemente un enfoque de derechos que “permita cuestionar y transformar las normas sociales alrededor del género y que incluya la educación integral en sexualidad”. Blanco comenta que si las personas terminan su educación, pueden tener mayor criterio, mayores habilidades, mayores herramientas para llevar a cabo sus proyectos de vida”.
El mandato social, agrega, debe dejar de ser que las niñas, las adolescentes y las jóvenes asuman prácticas de cuidado que las pongan en desventaja en el acceso a educación y empleos dignos.
Por otro lado, dice que “la violencia feminicida tiene rostro joven”. Y es que uno de los datos más preocupantes del informe muestra que cerca del 36 % de las víctimas de feminicidio en el país son adolescentes y jóvenes. Es una problemática en crecimiento, sobre todo en la población de 18 a 26 años. La proporción de feminicidios de jóvenes en este rango de edad pasó de 29,3 % en 2023 a 52,3 % en 2024.
“Hay una imperiosa necesidad por avanzar en estrategias integradoras de construcción de entornos seguros para las juventudes que dinamicen las capacidades sociales e institucionales para la prevención, más allá de los esfuerzos de mitigación bajo contextos activos de violencias”, plantea el análisis de UNFPA.
Orientar acciones
Si bien todos estos asuntos están interrelacionados y son multifactoriales, para la representante Rubio, uno de los temas más urgentes por atender está relacionado con las afectaciones por diferentes formas de violencia. “Esto incluye las violencias basadas en género, que están estrechamente relacionadas con temas de normas sociales de género, pero también hablamos de condiciones como el conflicto y las complejas situaciones humanitarias”.
Entre las extensas recomendaciones, el informe de UNFPA plantea acciones para abordar las distintas realidades de adolescentes y jóvenes y avanzar en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, enfocados en la pobreza, salud y bienestar, educación de calidad, paz.
Este análisis además servirá como insumo para orientar acciones a nivel nacional, de acuerdo con Andrés Hernández, asesor de la Dirección de Asuntos Económicos, Sociales y Ambientales del Ministerio de Relaciones Exteriores, quien señala que desde el Gobierno, a partir de 2024, se ha venido adelantando el proceso de formulación del Plan Nacional de Acción de Juventud, Paz y Seguridad, derivado de una resolución de las Naciones Unidas en la que insta a los países a consolidarlo.
Colombia es el primer país de América Latina y el Caribe que adelantaría ese plan de acción, pues la mayoría se han concretado en África y, de acuerdo con Hernández, se espera que este año, antes de finalizar el Gobierno de Gustavo Petro, se pueda entregar ese plan de acción, mediante un decreto presidencial.
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Por Catalina Sanabria Devia
