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La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) impuso sanciones por un total de $5.763.477 a tres sociedades, en su calidad de mayoristas e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), por haber excedido los precios máximos de venta de medicamentos.
“La decisión se adoptó después de realizar visitas de inspección en las ciudades de Cúcuta y Cali, en las que se verificaron las operaciones comerciales de Distribuidora Hospitalaria de Cúcuta S.A.S. (como mayorista); Fabilu S.A.S. (como mayorista y propietaria de la I.P.S. Clínica Colombia ES, ubicada en Cali), y Fabisalud IPS S.A.S. (como propietaria de la I.P.S., Clínica Cristo Rey, también ubicada en Cali)”, comunicó la SIC.
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La entidad de vigilancia informó que los precios de venta de medicamentos en estas mayoristas e IPS han superado los topes fijados por la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos (CNPMDM) en la Circular 13 de 2022. Además, identificó posibles vínculos de control y representación legal ejercidos por miembros de una misma familia.
Por un lado, la SIC encontró que de octubre de 2022 a junio de 2023, la mayorista Distribuidora Hospitalaria de Cúcuta S.A.S. comercializó medicamentos, excediendo los precios máximos, en porcentajes que van desde un 1,24 % hasta un 7.000,93%. Un ejemplo de ello es el medicamento Tisseel, que se usa en procedimientos quirúrgicos como sellante de tejidos y cuyo precio máximo de venta es de $585.368,42. Sin embargo, esta mayorista lo comercializó por $4.750.000. Algo similar sucedió con el medicamento Actilyse, que actúa disolviendo los coágulos de sangre en los vasos sanguíneos, cuyo precio máximo de venta es de $1.691.122,48, pero fue comercializado por un valor de $11.601.138.
Por su parte, Fabilu S.A.S., como distribuidora mayorista, vendió nueve medicamentos entre enero y diciembre de 2023, excediendo los precios máximos fijados por la CNPMDM en porcentajes que van desde un 3,5 % a un 164,7 %. Uno de ellos fue Clexane, usado para tratar coágulos sanguíneos y cardiopatías, cuyo precio máximo de venta es de $12.089 y fue comercializado por $32.000. Además, mientras que el precio máximo de Bridion, que sirve como inhibidor neuromuscular, es de $265.820, Fabilu lo distribuyó por $603.463. La Superintendencia precisó que estos medicamentos fueron vendidos a una Empresa Social del Estado.
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En tercer lugar, la entidad halló que Fabilu S.A.S., como IPS propietaria del establecimiento Clínica Colombia ES, comercializó diez medicamentos entre enero y diciembre de 2023, excediendo los precios máximos fijados, en porcentajes que van desde un 3,38 % a 2.175,11 %. Ocurrió con Tisseel, solo que en este caso en su presentación líquida, sólida e inyectable, cuyo precio máximo de venta es de $313.172 y fue comercializado por $7.125.000.
“También sobresalieron las ventas del medicamento Verapamilo, en su presentación sólida oral x 50 tabletas, cuyo precio máximo de venta es de $202, pero fue comercializado por Fabilu S.A.S., como IPS, por un valor de $ 2.700”, se lee en el comunicado de la SIC. “Finalmente, se encontró que Fabisalud, como IPS, propietaria del establecimiento Clínica Cristo Rey, durante los meses de enero a diciembre de 2023, comercializó cuatro medicamentos, excediendo los precios máximos fijados por la CNPMDM, en porcentajes que van desde un 0,09% a un 100%”.
El medicamento Symbicort Turbuhaler (160mcg/4,5Mcg) frasco por 60 dosis, por ejemplo, que se utiliza para tratar problemas respiratorios como asma y enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), se vendió en $110.229, cuando en realidad su valor máximo de venta es de $55.114.
A través de esta sanción, la SIC busca “proteger el interés general y prevenir posibles abusos de agentes del mercado”, para que eventualmente se garantice que los recursos públicos asignados se utilicen de manera eficiente. La entidad agregó que derechos fundamentales como la salud y la vida se ven comprometidos debido a estos sobrecostos de los medicamentos que requieren los usuarios del sistema.
La Superintendencia aclaró que estas medidas corresponden a un fallo de primera instancia, por lo que contra las mismas proceden los recursos de reposición ante la Dirección para el Control y Verificación de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal, y de apelación ante la superintendente delegada para el Control y Verificación de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal.
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