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La Superintendencia Nacional de Salud dio a conocer que identificaron una modalidad delictiva que afectaría, principalmente, a las IPS del país. Según la entidad, hay personas que “están usurpando el nombre del Superintendente Nacional de Salud y de miembros de su núcleo familiar” para pedir dinero a cambio de supuestos nombramientos en IPS del país.
Ante esta situación, la Supersalud aclaró que ninguna IPS, ciudadano o entidad debe pagar algún dinero a la entidad. “Ningún cargo, designación o nombramiento está en venta. El Superintendente y sus familiares no intervienen ni intermedian, a título personal, en gestiones de cobro ni en designación alguna ante ninguna EPS”, escribieron en un comunicado.
El caso fue denunciado ante la Fiscalía por los delitos de estafa, suplantación de servidor público y fraude procesal. La Supersalud le pide a quienes hayan recibido mensajes pidiendo coimas que, primero, no hagan ningún pago; segundo, que guarden esa evidencia, y, tercero, que denuncien los hechos ante la Fiscalía y los reporten a la Superintendencia.
Este caso se suma al denunciado previamente por la misma entidad hace un día. El superintendente, Daniel Quintero Calle, afirmó que un ciudadano que dice ser familiar del dueño de una IPS le ofreció coimas para acelerar los pagos a la institución.
En respuesta a estos casos, la Supersalud habilitó canales de reporte directo entre los interventores y el despacho del superintendente, con el objetivo de facilitar el seguimiento a casos críticos y agilizar la toma de decisiones.
Hay que recordar que actualmente existe el mecanismo de giro directo, a través del cual los recursos del sistema de salud se transfieren directamente desde la ADRES a las IPS. En teoría, este esquema busca reducir intermediaciones, mejorar la liquidez de clínicas y hospitales y evitar prácticas como la retención de pagos.
Sin embargo, bajo la normativa actual, las EPS siguen siendo quienes deben postular las IPS para que puedan recibir esos giros. Ese punto es precisamente el que ha generado preocupación durante el último año: que la inclusión o priorización en el giro esté abriendo un margen para presiones indebidas o posibles cobros ilegales, como los que, confirmó la Superintendencia de Salud, han sido denunciados.
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