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La Adres, conocida como el banco de la salud, informó sobre la suspensión del trámite de 557 solicitudes de indemnización por muerte y gastos funerarios en el país. Las reclamaciones sumaban un total de COP 20.000 millones de pesos, pero la entidad encontró inconsistencias.
En Colombia, es posible solicitar indemnizaciones al Estado por eventos que causen daños a la salud o la muerte. Dentro los motivos por los cuales se reconocen estas indemnizaciones se encuentran las catástrofes naturales, como los terremotos o las avalanchas, los accidentes de tránsito causados por "carros fantasma" (que se fugan) y aquellos ocurridos por actos de terrorismo.
El trámite de esas solicitudes se hace ante la Adres, que es la entidad que administra los recursos del sistema de salud en el país. Allí se surte un proceso de revisión, en el que se analizan los documentos y evidencias con los que la víctima acredita la solicitud de la indemnización.
Durante el proceso de revisión de esas 557 reclamaciones, la Adres identificó irregularidades por las cuales solicitó la apertura de una noticia criminal en la Fiscalía General de la Nación, que ahora es la encargada de investigar las solicitudes. De acuerdo con la Adres, el 86 % de esas reclamaciones solicitaban el reconocimiento de indemnizaciones por muerte o gastos funerarios de personas víctimas de actos terroristas que no estarían debidamente acreditados.
"Estos procesos buscaban el reconocimiento económico de más de COP 20 mil millones y están asociados a indemnizaciones por muerte y gastos funerarios de presuntas víctimas de actos terroristas. En el marco de las actuaciones que se adelantan y como medida orientada a proteger los recursos públicos destinados a financiar el sistema de salud, la ADRES determinó no continuar con el trámite de las reclamaciones mientras avanzan las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación", señaló la entidad en un comunicado.
La entidad también aclaró que esto no implica que se suspenda el resto de solicitudes que se han presentado por este motivo y que se seguirán tramitando como es usual, siempre y cuando no presenten ninguna inconsistencia.
Además, aseguraron que colaborarán con la investigación de la Fiscalía, aportando la documentación que hace parte de las reclamaciones suspendidas. El ente investigador será el encargado de establecer si existen dichas irregularidades en las solicitudes y si se cometió algún delito en la presentación de documentación falsa.
"Estas medidas se toman en el marco de la política anticorrupción que impulsa el Gobierno nacional y como parte de la misionalidad de la ADRES de salvaguardar los recursos de la salud de los colombianos", concluyó la entidad.
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