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25 Feb 2016 - 3:52 a. m.

Treinta años sin conocer los efectos del níquel en la salud

Problemas respiratorios y cáncer son el precio que pagan las comunidades de Montelíbano (Córdoba), al parecer, por la explotación del mineral. Cerro Matoso desestima ser el causante de las enfermedades.

María Paulina Baena / Óscar Güesguán Serpa

Según la revista Biomédica, la más importante del país en temas de salud, 85 de las 102 principales enfermedades identificadas en el mundo se deben a la exposición a riesgos ambientales. En Colombia, el 2% del PIB se pierde atendiendo enfermedades prevenibles asociadas con la salud ambiental, es decir, la que depende de factores físicos, químicos y biológicos del entorno. La minería es una de las actividades que agravan esta problemática.

La Corte Constitucional le puso la lupa a este tema. En un auto emitido este mes, el alto tribunal no aceptó una prórroga solicitada por el Instituto de Medicina Legal para entregar el resultado final de un estudio que debe determinar si la explotación de níquel es o no la causa de problemas en la piel y respiratorios en Montelíbano (Córdoba), donde opera Cerro Matoso. Esto forma parte de una orden ya fijada por la Corte el 30 de enero de 2015, y además le pidió a la multinacional, unos meses después, costear todos los gastos de la investigación.

Israel Aguilar, cacique mayor de la comunidad indígena zenú del Alto San Jorge, ha venido alertando sobre el impacto de esta actividad desde hace más de cinco años. En una entrevista con El Espectador en marzo de 2013 dijo:

“(Se presentó) la proliferación del cáncer y el aumento del aborto. En 2011 se hizo un análisis en Pueblo Flechas a través de la Secretaría de Salud de Montelíbano, en donde se mostraba que hubo 36 embarazos, de los cuales 14 fueron abortos, o sea más de uno por mes. Un aborto tiene un significado espiritual sin comparación, es quitarle la vida a un ser humano antes de nacer (...) para nosotros es un etnocidio”.

A raíz de esta situación y de lo grave que sería la extinción de esa cultura, los pobladores de la zona presentaron una acción de tutela que exigía el cumplimiento de sus derechos fundamentales, entre ellos la salud. Por eso, el alto tribunal le ordenó al Ministerio de Salud empezar con los estudios de salud pública en los municipios que circundan la mina: Montelíbano, San Jorge de Uré y Puerto Libertador.

El estudio, según la Corte, deberá ser liderado por el Instituto de Medicina Legal y los resultados deberán presentarse en un plazo de seis meses, lo que significa que en agosto estarían listos. Sin embargo, fuentes del Ministerio de Salud le dijeron a El Espectador que no han sido notificados oficialmente y entre tanto no podrán dar declaraciones de la forma en que tendrán que proceder.

Cerro Matoso es la única mina de níquel a cielo abierto que tiene Colombia, la más grande del continente y la cuarta en el mundo. Desde el municipio de Córdoba se pueden ver las volquetas atestadas de escoria, un polvo rojizo que sale del proceso de purificación del ferroníquel (que después se exporta a las principales metrópolis del mundo). Ese polvillo es el que aquja a la población.  

El examen tiene el objetivo de establecer si las molestias en los ojos, afectaciones respiratorias e irritaciones en la piel son consecuencia de la actividad minera. De acuerdo con información de Cerro Matoso, la muestra deberá ser aplicada a 1.890 personas y tendrá un costo de $700 millones.

También la multinacional aclaró que fueron ellos quienes hicieron la solicitud del estudio, luego de que las comunidades aseguraran que el níquel fuera el causante de las alteraciones de la salud. “Cerro Matoso sí sufragará los costos de la realización de los exámenes solicitados por la Corte, con el convencimiento de que su operación no tiene impacto en la salud de las comunidades vecinas, sino que las que se presentan en ellas son las mismas de las que adolece el resto del departamento de Córdoba”.

Según José Luis Marrugo, ingeniero químico e investigador de la Universidad de Córdoba, quien ha estudiado los efectos de los metales pesados en la salud humana, el precio que han tenido que pagar las poblaciones por estar cerca de la mina es alto, porque han estado expuestas entre 20 y 25 años al problema. “Cuando una persona dura todo ese tiempo en esas condiciones, las secuelas en la salud son graves, así la empresa cumpla con los estándares de calidad que el Estado determina”. Además, dijo, la población tiene problemas de saneamiento básico. “Eso se confabula para un problema mayor de contaminación, porque no es lo mismo una persona bien alimentada que una mal alimentada en esas condiciones”, remató.

Marrugo aseguró que el problema de la minería no es solo el níquel, sino otros residuos tóxicos y materiales asociados con la minería que se dispersan por la población. “Tenemos que precisar el problema, porque no es sólo Cerro Matoso, sino otros actores que contaminan, cultivos ilícitos, deforestación y centrales térmicas de carbón que influyen en la salud de las personas”, aseguró.

Este argumento lo refuerza Néstor Montañez, fiscal del sindicato Sintracerromatoso, al señalar que “el residuo del proceso de explotación de níquel va a unos botaderos ubicados en las zonas aledañas a la mina. Esos residuos, denominados escoria, se esparcen con la brisa llegando a las poblaciones”.

Según escribió el toxicólogo Jesús Olivero en el documento “Efectos de la minería en Colombia sobre la salud humana”, el níquel es un reconocido agente cancerígeno, pero “el conocimiento del impacto sobre los ecosistemas cercanos a la única mina en Colombia, Cerro Matoso, es ínfimo. Existe un amplio cúmulo en relación con los impactos de la minería sobre la salud humana a nivel mundial, pero poco en Colombia". 

Sumado a esto, Olivero aseguró que de acuerdo con la base de datos PubMed (www.pubmed.gov), que da cuenta de las investigaciones indexadas en revistas científicas, "no existe registro alguno sobre investigaciones relacionadas con este mineral en Colombia". 

Significa, entonces, que no conocemos nada respecto al impacto de la mina de Cerro Matoso, la única de níquel en el país, sobre la salud de las personas. En esto último coincide Leonardo Briceño, jefe del departamento de salud pública de la U. del Rosario, quien concluyó que la investigación del país es débil en cuanto a enfermedades asociadas con el ambiente. “La investigación que hay es escasa. No pasa de ser referida a fuentes secundarias de información”, dijo.

"No hay una claridad de cuántos cánceres son causados en Colombia por contaminantes orgánicos o plaguicidas" - dice Briceño - "no tenemos efectos a nivel de genoma por causa de esta contaminación, ni tenemos idea de otros efectos como problemas en la piel y nerológicos", remata el experto.  

Lo que deja claro la decisión judicial es que aunque la minera lleva trabajando 30 años en el país, no había estudios serios sobre el impacto de su actividad en la salud humana. Para el médico Briceño, no hay interés en generar políticas públicas sólidas que atiendan estos casos y así es difícil actuar.

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