El 31 de diciembre de 2025, el Ministerio de Salud suscribió un acuerdo con VECOL S.A. por un valor de COP 956.764 millones, que ha pasado desapercibido. Con él, se busca que Colombia vuelva a producir vacunas, una idea que el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo y el presidente Gustavo Petro han reiterado como una prioridad desde el inicio del Gobierno.
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El proyecto está pensado en tres fases. La primera contempla el diseño y la construcción de una planta de producción de vacunas humanas en la sede de VECOL S.A. en Bogotá, ubicada en la avenida El Dorado. La infraestructura tendría cerca de 4.500 metros cuadrados, distribuidos en tres niveles y contaría con dos líneas de producción de principio activo (el “ingrediente” principal de cada fármaco) y dos líneas de llenado y terminado (o fill and finish). Ambas etapas son claves en la fabricación de vacunas: la primera permite producir el componente biológico esencial, mientras que la segunda se encarga de su envasado bajo condiciones estrictas de esterilidad y control de calidad.
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Una vez construida la fábrica, la segunda fase consiste en la definición y suscripción de acuerdos con aliados internacionales para la transferencia tecnológica de cinco vacunas humanas consideradas prioritarias por el Gobierno, además del traspaso del proceso de producción de la vacuna antirrábica humana desarrollada previamente por VECOL S.A..
La fase tres corresponde a la etapa operativa final, en la que los productos llegan efectivamente al mercado. Incluye la puesta en marcha técnica de la planta, el reclutamiento de personal operativo calificado, la implementación del sistema de distribución nacional y la gestión comercial de los productos. También contempla la búsqueda de precalificaciones ante la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, un requisito que permitiría la comercialización de las vacunas no solo en Colombia, sino también a nivel regional.
Pero nada de esto ocurriría de inmediato. Además, el proyecto, que tiene un horizonte de diez años (entre 2026 y 2035), genera algunas dudas en la industria y el sector.
¿Qué se va a producir?
Lo que el Gobierno denomina “soberanía sanitaria” ha sido una obsesión recurrente del presidente Gustavo Petro, en un contexto en el que el sistema de salud ha atravesado, en los últimos dos años, episodios de preocupación por la escasez de medicamentos y las dificultades de acceso para los pacientes, entre otros problemas.
Clara Isabel Rodríguez, directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de la Industria Farmacéutica (Ascif), explica que la industria farmacéutica nacional ya abastece aproximadamente el 84 % de los medicamentos que se consumen en el sistema de salud colombiano, especialmente en segmentos de alta demanda como analgésicos, antibióticos y medicamentos para la hipertensión. Productos más especializados (por ejemplo, los medicamentos para el cáncer) aún dependen de la producción de farmaceúticas internacionales, de su importación a Colombia y, por eso, son los de mayor costo.
Esto ha generado algunas preguntas en el sector. La primera es ¿qué se quiere producir y qué se requiere, según el contexto colombiano? En el convenio con VECOL —una sociedad de economía mixta vinculada al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en donde el Estado tiene el 99% de las acciones— solo se detalla de manera explícita la vacuna antirrábica humana.
Le preguntamos a VECOL por las demás vacunas incluidas en el plan y respondió que “el convenio establece un marco general para el desarrollo progresivo de capacidades de producción de vacunas humanas”, pero que los detalles específicos sobre cuáles serán las otras vacunas prioritarias y con qué aliados internacionales se negociarán los acuerdos de licenciamiento y transferencia de tecnología “están sujetos a acuerdos de confidencialidad y a decisiones que se toman de manera secuencial a lo largo del proyecto”.
Según VECOL, sin embargo, durante la fase de estructuración del convenio se realizó “un ejercicio técnico de priorización” que tuvo en cuenta criterios como el impacto en salud pública, las necesidades de cobertura, los riesgos de desabastecimiento, la complejidad tecnológica, el volumen de la demanda nacional y la viabilidad regulatoria. En el estudio técnico sobre el proyecto —que conoció este periódico— aparecen algunas pistas adicionales. Por ejemplo, señala como objetivo lograr la certificación del área de llenado y finalización de la fábrica para las vacunas de rabia humana y de varicela, lo que sugiere que serían las primeras vacunas en entrar en operación.
Sobre el resto de portafolio también hay un par de pistas. El documento indica que la selección partió de una revisión de los 25 biológicos que hacen parte del Plan Ampliado de Inmunizaciones (PAI), evaluando tanto su relevancia epidemiológica como la experiencia previa del país en su fabricación. Además de la vacuna antirrábica humana —ya desarrollada por VECOL— y de la vacuna contra la varicela, las fuentes técnicas mencionan como referentes de capacidades que Colombia perdió hace dos décadas biológicos como los de fiebre amarilla, tuberculosis (BCG) y DPT (difteria, tosferina y tétanos), todos ellos hoy importados.
En cualquier caso, los documentos técnicos del convenio son claros en que el portafolio definitivo no está cerrado. La identificación de las otras vacunas y la firma de los acuerdos de licenciamiento con aliados internacionales se concentrará en la fase dos del proyecto, la de transferencia tecnológica. La planta, agrega el estudio, se concibió con un diseño flexible, capaz de incorporar “ampliaciones de Buenas Prácticas de Manufactura” que permitan adaptar o ampliar la producción según las prioridades futuras de salud pública.
¿Quién comprará las vacunas?
Otro interrogante clave es quién comprará las vacunas. Hoy, el Estado compra todas las del PAI a proveedores privados, en su mayoría internacionales, a través de organismos como Organización Panamericana de la Salud (con “compras centralizadas”).
Para una planta como la que se proyecta con VECOL, el principal, y casi único comprador, al menos en una primera etapa, sería el propio Estado colombiano. Sin embargo, sin un compromiso explícito de compra pública de largo plazo, la producción local difícilmente podría competir en precio con fabricantes globales que operan a gran escala. De hecho, buena parte de la lógica de “soberanía sanitaria” está basada en que el Gobierno no solo impulse la infraestructura, sino que también garantice una demanda estable que justifique la inversión.
Consultada sobre este punto, la empresa reconoce que todavía no existe un esquema concreto de compras garantizadas. “Lo que sí existe es una orientación de política pública a fortalecer la manufactura local, como una estrategia para reducir vulnerabilidades en el abastecimiento y consolidar capacidades nacionales”, respondió VECOL. En términos prácticos, esto significa que el proyecto no parte de contratos de compra asegurados, sino de la idea de construir primero las capacidades industriales y regulatorias necesarias.
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Desde una perspectiva técnica, añade la empresa, “el foco del proyecto está en competir en condiciones equivalentes de calidad, seguridad y cumplimiento regulatorio frente a fabricantes internacionales”. La idea es que, solo una vez se cumplan esos estándares —los mismos que exigen hoy los organismos reguladores y los compradores públicos— las vacunas producidas localmente podrían entrar a competir en los distintos mecanismos de adquisición, tanto nacionales como multilaterales.
¿Cómo se mantendrá en el tiempo una planta de vacunas que requiere altas inversiones, procesos regulatorios complejos y volúmenes constantes de producción, si no existe una demanda asegurada desde el inicio?
Desde la empresa responden que la viabilidad financiera de la planta no depende de que todas las certificaciones internacionales estén listas desde el primer día, sino de una operación progresiva, pensada por etapas. En los años iniciales —cuando aún no se cuenta con la precalificación internacional— la estrategia es poner a funcionar la planta mediante alianzas industriales. Esto implica realizar procesos como el llenado, acondicionamiento u otras operaciones permitidas por la regulación vigente, incluso para terceros. La idea es sencilla: usar la infraestructura para generar actividad productiva, ingresos y aprendizajes, mientras se completan los trámites regulatorios más exigentes.
Justamente, la participación en mecanismos como el Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud y la precalificación de la Organización Mundial de la Salud —que permitirían que no solo Colombia, sino también otros países adquieran las vacunas— aparecen como objetivos de mediano plazo. A más largo plazo, “la visión es que esta instalación de manufactura opere bajo un modelo de sostenibilidad similar al que VECOL ha desarrollado históricamente”, asegura la empresa: sostener su funcionamiento a partir de la comercialización de vacunas y otros biológicos, sin depender del presupuesto público.
En todo caso, VECOL es enfática en un punto: la sostenibilidad no se alcanza de una sola vez. La producción de vacunas es una actividad costosa y técnicamente compleja, por lo que la viabilidad financiera se concibe como un proceso gradual, apoyado en alianzas industriales, una gestión regulatoria activa y decisiones de política pública que se mantengan en el tiempo. Esto último implica que, al menos durante algunos años, el compromiso del Estado será clave. La pregunta inevitable es, entonces, ¿qué impide que un próximo gobierno cambie de prioridades, retire el respaldo político o modifique las reglas?
El Gobierno anticipó ese riesgo, al menos en términos de financiamiento, y comprometió vigencias futuras excepcionales por un periodo de diez años, entre 2026 y 2035. La autorización fue otorgada por el Ministerio de Hacienda mediante una comunicación enviada al Ministerio de Salud el 8 de noviembre de 2025. Los desembolsos, sin embargo, no están distribuidos de manera uniforme en el tiempo. Para el convenio se proyectan montos relativamente bajos en los primeros años —alrededor de COP 71.561 millones en 2026 y COP 1.770 millones en 2027—, seguidos de incrementos sustanciales a partir de 2030, cuando los pagos anuales superarían los COP 126.000 millones hasta el final del periodo.
Además del esquema de vigencias futuras, VECOL le asegura a El Espectador que el proyecto fue concebido desde su origen como una iniciativa de carácter estatal y de largo plazo. Según la empresa, su principal mecanismo de protección frente a cambios de gobierno no está tanto en cláusulas contractuales específicas, sino en que la iniciativa quedó incorporada en instrumentos formales de política pública, en particular el CONPES 4170, que establece compromisos de planeación y programación de recursos en el tiempo.
Ese documento, señala VECOL, reconoce la recuperación de capacidades productivas en el sector farmacéutico como un asunto estratégico para el país, lo que implica una visión que trasciende un solo periodo presidencial. En teoría, este marco reduce la exposición del proyecto a virajes coyunturales de prioridades y le otorga un mayor grado de estabilidad.
El cronograma del proyecto prevé que antes de finalizar el 2027 esté habilitada una primera planta destinada al desarrollo y a la producción piloto de la vacuna antirrábica humana, además de procesos de llenado y liofilización. Esta fase permitiría realizar investigación, producir lotes piloto y ejecutar corridas de validación.
En paralelo, se avanzaría en el diseño de una planta de mayor capacidad, con líneas de producción de antígeno y de llenado. Entre el tercer y el cuarto año del proyecto se concentrarían la adquisición de equipos y la contratación para la construcción, mientras que entre el cuarto y el décimo año se desarrollaría un proceso secuencial de construcción, habilitación, licenciamiento y recepción progresiva de transferencias tecnológicas.
Con este marco, el Gobierno apuesta por dejar andando un proyecto que promete que el país vuelva a producir vacunas, una capacidad que Colombia perdió hace dos décadas.
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