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Avanza la contienda electoral para elegir alcalde de Bogotá y Juan Daniel Oviedo es uno de los nueve aspirantes a reemplazar a Claudia López. Su candidatura la anunció el año pasado y la inscribió con el respaldo de 204.000 firmas. Hablamos con él sobre su trayectoria y propuestas para llegar al cargo.
Dice que no es un candidato político, sino estadístico. ¿Cómo es eso?
Vengo de la estadística, trabajé con ella cuatro años y entendí que son voces, pese a que se crea que son manipulables. Tener esa bitácora tan potente para reconocer realidades y brechas, me llevó a entender que son herramientas para tomar excelentes decisiones.
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No tiene experiencia en gerencia de ciudades. ¿Su paso por el DANE es suficiente para llegar a la Alcaldía?
Claro que sí. Hice bien mi tarea e identifiqué cosas de las estadísticas que no pude poner en práctica, porque debía ser neutral. Solo con eso, la gente me agradeció en la calle por decir la verdad, por explicar las cosas. Ser juicioso me generó reconocimiento de mis verdaderos jefes, los colombianos.
Dicen que su decisión de vivir en Bosa “es una burla, al ver la pobreza como safari”. ¿Qué piensa de eso?
Me deja triste, pero me desafía. Nadie tiene que ir a Bosa para saber si es una localidad pobre, pero soy un economista consciente de que las cifras tienen contextos. Honro mis compromisos y dejé claro que para mí no era un reto hacerlo, pero algunos lo asumen como un tema proselitista sin hablar conmigo.
¿Tras las elecciones seguirá viviendo ahí, sin importar los resultados?
He sido sincero y he dejado claro que soy bimodal, es decir, pernocto donde me quede más cerca. Con mi arrendatario definí que el contrato irá hasta final de año. Pensaba hacerlo en todas las localidades, pero hacer campaña quita tiempo.
¿Cuáles son las deudas que deja la administración de Claudia López?
Las principales son la inseguridad y la falta de diálogo social. La alcaldesa, con sus declaraciones, generó la pérdida de confianza en la Policía y una fragmentación institucional. La otra es la discusión económica y el diálogo con el sector empresarial. Bogotá aporta el 24 % del PIB nacional, así que uno no puede tener actitud soberbia y renunciar a la escucha asertiva.
Su propuesta Transmilenio Zona Segura habla de efectividad policial + tecnología + cultura ciudadana. ¿Cómo se la explica a los capitalinos?
Nos falta reconciliarnos con TM. Soy usuario hace tres meses y la gente me dice: “No hay que acabarlo. Necesitamos un servicio limpio y seguro”. Y podemos mejorarlo con más policías, cámaras y monitores que muestren qué está pasando. Si se hacen ajustes, habrá impactos en la cultura ciudadana y la gente dejará de colarse, lo que permitirá que la tarifa sea un mecanismo de inclusión social. Se puede subsidiar el transporte, pero implica dejar de dañar ideas solo por no pensar en la implementación.
Dice que la convivencia influye en la seguridad. ¿Cómo reducir la mal llamada “justicia por mano propia”?
Es preocupante que el 54 % de los bogotanos apruebe este tipo de respuesta. Nuestra estrategia de seguridad y de recuperación de autoridad se basa en la reconciliación. La desconfianza en la policía surgió por los abusos contra la manifestación social. En el centro de la relación debemos implementar ejercicios de convivencia para mejorar la calidad de vida.
Sugiere cambios en el Pico y Placa para que la norma aplique de manera autogestionada, vinculando cobros por congestión. ¿Cómo funcionarían?
Hay que cambiar el paradigma. Prohibir es lo más fácil, desde el punto de vista de la economía política. Eso nos ha llevado a extender la medida por 30 años, pero ha sido un incentivo perverso para comprar otro carro o moto. Lo que queremos es similar al pago por Pico y Placa Solidario, solo que los bogotanos pagarán tarifas diferenciales dependiendo del trayecto, corredor y horario. Como funcionaba la tarifa dinámica de Uber. Eso sí, quienes entren en esta modalidad no tendrían restricción, porque se autorregularían en el uso del carro.
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El hacinamiento en las URI llegó a 265 % . ¿Construir más cárceles público-privadas es la solución?
No solo para el hacinamiento, también para la garantía de la seguridad. Parte del incumplimiento de la judicialización es porque no hay dónde recluir a la gente. Para nosotros, la alianza público-privada (APP) es clave. La Ley de Convivencia faculta a las empresas de seguridad privada para prestar esos servicios. No solo de construcción, sino de administración y ejecución, sumado a que la academia ha demostrado que la resocialización en estos centros puede llegar al 98 %, mientras que en La Modelo es del 8 %.
Qué piensa de la propuesta de tener una policía local. ¿La apoya?
No, aunque lo que está en ese proyecto de ley es útil, pero no es el momento. En Bogotá estamos en un momento de urgencia y debemos es montarnos sobre la doctrina policial y las herramientas institucionales planteadas para resolver el problema. No se puede dar el mensaje de que la seguridad dependerá de que 5.000 efectivos aprendan a regular los líos de convivencia. Eso lo hacen hoy los gestores. Lo que hay que hacer es fortalecer sus capacidades, sumado a que el Gobierno debe entender que sí necesitamos más uniformados.
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Por Cristian Camilo Perico Mariño
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