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Hace dos años, la Corte Suprema de Justicia le pidió al Ministerio de Justicia solicitar la extradición de Aida Merlano Rebolledo, excongresista condenada por liderar una red de masiva compra de votos en la costa caribe. Sin embargo, el anterior gobierno solicitó el proceso al gobierno interino de Juan Guaidó en Venezuela, enfrascado en un “cerco diplomático” que nunca tuvo efecto. Ahora, con el restablecimiento de las relaciones con Venezuela, el Ministerio de Justicia de Petro parece tener luz verde para lograr la extradición. El problema, ahora, está en un pequeño trámite judicial.
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Para entender la situación, hay que remontarse a mayo de 2020. Entonces, la Corte Suprema confirmó la condena por corrupción electoral contra Merlano. Por tanto, el expediente salió de los despachos de la alta corte, con destino al Juzgado 18 de Ejecución de Penas de Bogotá. Según el Código de Procedimiento Penal, este último está encargado de tomar las decisiones necesarias para que las sentencias, con sanciones penales, se cumplan. Entre esas decisiones está que radique un documento al Ministerio de Justicia para que solicite la extradición. Pero, como conoció El Espectador, eso no ha pasado.
Hasta que el Juzgado no radique ese documento, el Ministerio de Justicia está maniatado para adelantar cualquier gestión en Venezuela. A pesar de que las relaciones están oficialmente abiertas e, incluso, Colombia designó como embajador en el país vecino al excongresista Armando Benedetti. Una vez el Ministerio tenga en su poder la solicitud del Juzgado, podrá coordinar con la Cancillería la gestión ante el gobierno de Nicolás Maduro.
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La extradición de Aida Merlano Rebolledo tiene poco de judicial y más de político. El gobierno de Iván Duque y su ministerio de Justicia sí adelantó gestiones para traer a la excongresista, el problema fue que la solicitud llegó al gobierno interino de Juan Guaidó, en Venezuela. Se trató, entonces, de un procedimiento estéril, a pesar de que fue comunicado públicamente en 2020. “Colombia hace un llamado a la comunidad internacional a que exija al régimen ilegítimo de Maduro que cese la protección ilegal a la señora Merlano”, explicó la Cancillería en su momento.
Las implicaciones de una frontera abierta
Este fin de semana, los gobiernos de Venezuela y Colombia preparan la apertura oficial de la frontera. Se espera un impulso económico que no se registra desde 2008, cuando el intercambio comercial alcanzó los US$ 7.200 millones. La Cámara Colombo-Venezolana maneja proyecciones de US$800 millones a US$ 1.200 millones, luego de tres años en los que las puertas estuvieron oficialmente cerradas por orden del expresidente Iván Duque. Desde el próximo lunes 26 de septiembre, tendrán luz verde para transitar, por las vías históricamente utilizadas, aviones, camiones de carga y, por supuesto, los ciudadanos.
La reapertura de la frontera también tiene implicaciones judiciales. Entre ellas, reactivar el tratado de extradición entre ambos países. El embajador Benedetti estará encargado de hallar los caminos para que ambos países estén conformes. Mientras en Colombia se espera la anunciada verdad de Merlano, el oficialismo venezolano da pistas de lo que podría exigir con el tratado en marcha. Hace un mes, el vicepresidente del Partido Socialista Unido, Diosdado Cabello, manifestó su interés en que Colombia entregue a opositores solicitados por la justicia.
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Ante ello, lo primero que respondió Petro es que “Colombia garantiza el derecho de asilo y el refugio”. Entre los opositores que espera tener Venezuela está el exdiputado Julio Borges, fundador del partido Primero Justicia y quien es señalado por un atentado con drones sufrido por Nicolás Maduro en 2018. En agosto pasado, el líder de la Asamblea Nacional Venezolana, Jorge Rodríguez, exigió a Petro que entregue a Borges por ser el “autor intelectual del magnicidio en grado de frustración”.
Además, el gobierno venezolano podría iniciar trámites para extraditar a la exfiscal general Luisa Ortega, quien huyó a Colombia en 2017. Antes de llegar al país, denunció a Maduro por presuntamente sostener una relación de sobornos con la constructora brasilera Odebrecht. La multinacional aceptó su responsabilidad en Estados Unidos por aliarse con altos funcionarios públicos en toda Latinoamérica para quedarse con megacontratos de infraestructura. La Fiscalía tiene la hipótesis de que en Colombia repartió hasta $US 11 millones en coimas.
El regreso de Merlano
A Aida Merlano le espera una condena de 11 años y cuatro meses de prisión. Se fugó de Colombia el 1 de octubre de 2019, en un cinematográfico escape del Centro Médico La Sabana, en Bogotá. Asistía a una cita estética odontológica que contó con el permiso del Inpec. Por la fuga, hace dos semanas fue condenada su hija, Aida Merlano Manzaneda, a siete años y medio de prisión domiciliaria.
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Desde Venezuela, Merlano ha declarado en la Corte Suprema de Justicia. En febrero de este año, se conoció que salpicó al entonces precandidato presidencial Alex Char con el esquema de compra de votos que la tiene condenada. Aseguró que él le habría entregado $500 millones en efectivo para la financiación de su campaña. Por otro lado, explicó que cuando fue alcalde de Barranquilla, entre 2016 y 2019, habría obtenido grandes sumas de dinero como consecuencia de coimas exigidas a contratistas que resultaron favorecidos con la supuesta adjudicación irregular de contratos.
Tal fue el eco de sus declaraciones que la Corte Suprema compulsó copias a la Fiscalía, la Comisión de Disciplina Judicial y la Comisión de Acusaciones del Congreso para investigar a 19 personas que podrían estar inmersas en delitos electorales. En el documento de 13 páginas que firmó el magistrado de la Sala de Instrucción, Francisco Farfán, reposan los nombres de los expresidentes Juan Manuel Santos, Iván Duque y Álvaro Uribe Vélez, así como Germán Vargas Lleras, Óscar Iván Zuluaga y el exfiscal Néstor Humberto Martínez.
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