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La Registraduría Nacional del Estado Civil es la autoridad encargada de la identificación de los colombianos. Sin embargo, un artículo de un proyecto de ley, que revisa la Corte Constitucional, le daría adicionalmente el poder absoluto sobre cada dato biométrico de los ciudadanos. Pero ¿está bien que tenga el monopolio? La discusión, que tiene tantos pros como contras, sería un debate sobre los derechos de los ciudadanos, si no fuera por un ingrediente adicional: el malestar que genera que detrás de ese poder hay un privado que, al parecer, estará de forma vitalicia.
Para entender la discusión hay que comenzar con lo básico. La biometría es uno de esos temas que suena complejo, pero es clave comprenderlo, en especial, cuando de derechos se habla. Entiéndase por dato biométrico toda aquella característica física, fisiológica o conductual que puede facilitar la identificación de una persona, como lo son sus huellas dactilares, el iris de sus ojos, la voz, el rostro e incluso cómo camina.
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En Colombia estos datos se consideran sensibles, pues pueden afectar la intimidad de sus titulares cuando se les da un uso indebido. Por eso la ley (salvo cinco excepciones) prohíbe almacenarlos sin autorización, lo que se traduce en que una persona no está obligada a suministrarlos a cambio de acceder, por ejemplo, a un servicio como el ingreso a un gimnasio, por lo que las empresas o entidades deben suministrar alternativas para la validación de identidad.
Teniendo claro este breve contexto, diversos sectores (conformados por organizaciones defensoras de derechos humanos, expertos y empresarios) han rechazado el artículo 45 del proyecto de ley estatutaria 234 de 2020 (el nuevo código electoral, que reformaría las elecciones en el país), pues aseguran que su aprobación le daría aún más poder a la Registraduría sobre el uso de datos biométricos. Dicen que quedaría como la única capaz de hacer autenticación con estos mecanismos, llegando al punto de que desbloquear un celular con la huella o por reconocimiento facial no será posible, a menos que esta entidad dé su aprobación a la marca del dispositivo.
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Otro ejemplo, planteado por Manuel José Cepeda, exmagistrado de la Corte Constitucional, es que las plataformas de comercio electrónico y redes sociales tampoco podrían definir los mecanismos de identificación y autenticación para registrar las cuentas de sus usuarios y controlar su acceso. ¿Pero puede un simple artículo tener tales implicaciones?
Esto es lo que dice textualmente: “La Registraduría Nacional del Estado Civil será la encargada de la identificación digital y autenticación de todos los colombianos por los diferentes medios tecnológicos y/o digitales, a través de la cédula de ciudadanía y tarjeta de identidad digital y por todo tipo de biometría o sistemas de autenticación, y se regirá por la regulación que para tal efecto expida la entidad”. Como pasa muchas veces con textos legales, artículos como estos se prestan a diversas interpretaciones, así que El Espectador quiso conocer cuáles serían las implicaciones que, para la misma Registraduría, tendría este fragmento.
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En la respuesta al formulario que le envió este medio, la entidad dice que es su deber constitucional identificar a las personas y, por lo tanto, es el ente competente para definir cómo se debe autenticar la identidad por medios electrónicos. Con relación al artículo, asegura que lo que pretende es que “las entidades se valgan de las bondades del sistema nacional de identificación como garantía para la autenticación y verificación de la identidad por medios electrónicos, salvaguardando los datos de los colombianos y generando un ecosistema digital seguro para el país”.
Ante la pregunta: ¿la Registraduría pretende convertirse en el único capaz de validar la identidad de los colombianos? su respuesta es no y reitera que su intención es que “todos los sectores del país” acudan a sus bases de datos como mecanismo para asegurar la plena identificación y autenticación de identidad “en todos los actos civiles, políticos, administrativos y judiciales que establece la ley”.
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Según Juan Diego Castañeda, abogado e investigador de la fundación Karisma, el tema de fondo es que debe haber reglas para esto, pues so pretexto de autenticar la identidad no se puede caer en el vacío de emplear cualquier dato para tal fin. “No todo tipo de biometría es constitucional”, aclara y explica que, por ejemplo, el reconocimiento facial es problemático, llegando al punto de que hay países que han pensado prohibirlo.
Parte de lo anterior se debe a que la tecnología que se emplea no es 100 % capaz de identificar a una persona, por lo que podría atribuirle erradamente una identidad a alguien que no es. Esto, a todas luces, podría terminar en casos de discriminación, como lo advierte la ley sobre el tratamiento de datos biométricos.
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Para evitar este y otro tipo de problemas, el experto reitera la necesidad de que la Corte Constitucional (que analiza la ley) piense en las reglas con las que la Registraduría tratará los datos biométricos de la población, pues vale recordar que estos no se pueden usar sin el consentimiento de las personas. Por eso, pretender sacar reconocimiento facial de las fotos de las cédulas, sin la autorización de sus titulares, iría en contra de la ley.
En caso de aprobarse este artículo (sin un debate previo y sin definir una regulación), cree que la Registraduría pasaría por encima de este derecho y comenzaría a usar, indiscriminadamente, los datos biométricos sin el consentimiento de la población. De hecho, asegura que ya lo hacen, con el procesamiento de imágenes de reconocimiento facial a partir de fotos de cédulas, lo que a su vez deriva en la noticia que se dio a conocer a principios de noviembre, que el sistema financiero comenzará a usar biometría facial (a modo de piloto y con el acompañamiento de la Registraduría) “para ofrecer mayor seguridad”.
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La Registraduría le dijo a El Espectador que el tratamiento que actualmente hace a los datos biométricos es conforme a los parámetros que establece la ley y que para resguardarlos se acoge “a los más altos estándares internacionales de aseguramiento”. Añade que es contrario a la realidad que estén comercializando estos datos con privados (como los bancos) y que lo que hace es permitir a las entidades que lo requieran consultar sus bases, sin que la información allí contenida sea almacenada, replicada o indebidamente tratada.
Idemia, la empresa que estaría detrás de un monopolio
Hay otra arista que se desprende de la eventual aprobación del artículo 45 por parte de la Corte Constitucional y es la denuncia que hace a este medio uno de los empresarios que, en reiteradas ocasiones, ha intentado participar del andamiaje tecnológico que tiene la Registraduría, sin obtener resultado.
Él, que prefiere la reserva de su identidad, asegura que no ha sido porque a su empresa le falten competencias, sino porque la Registraduría está casada desde hace años con Idemia, empresa que presuntamente tiene un monopolio en la entidad y que, al parecer, se ha dedicado a diseñar tecnología que solo sea compatible con la suya, cerrando así las puertas a otras compañías que quieran competir.
Si el mencionado artículo es aprobado, asegura, los multimillonarios contratos que se desprenderían del mismo ya tienen empresa ganadora: Idemia Identity & Security. Este medio intentó ponerse en contacto con dicho operador, pero no fue posible.
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La misma Registraduría pareciera no desconocer tal afirmación, pues en las respuestas enviadas a este medio asegura que “los escenarios de competidores llevan consigo implícito el concepto de comercio, circunstancia que es ajena a los propósitos constitucionales y misionales de la Registraduría”, lo que da entender que no tienen reparos en hacer contrataciones directas, pues, como continúa explicando, “de acuerdo con el mandato constitucional, somos un órgano autónomo e independiente, que tiene a su cargo dirigir y organizar las elecciones, adoptar las políticas de registro civil en Colombia, tener a su cargo la identificación de los colombianos y proteger el ejercicio del derecho al sufragio; por ende, el cumplimiento de sus funciones obedece a fines superiores que no se traducen en intereses particulares”; es decir que prima más su deber que el abrir licitaciones para que las empresas interesadas puedan participar de su andamiaje tecnológico.
Según Castañeda, esto es problemático, pues redunda en que el precio que Idemia (o el “aliado tecnológico”, como lo define la Registraduría) le ponga a sus tecnologías es el que la entidad terminará pagando, porque con el sistema que manejan es muy difícil comparar los precios. Entre otros cuestionamientos, como que toda tecnología que proponga Idemia será comprada por el ente, y que, como lo advierte el empresario, si por algún motivo la empresa llegase a quebrar, o desaparecer, con ella se va la base de la identificación de los colombianos.
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No obstante, la Registraduría explica que las tecnologías que utiliza cumplen con el principio de neutralidad tecnológica (que no tienen preferencias) y que se acoge a estándares internacionales de interoperabilidad; es decir, que si deciden contratar a otras empresas estas puedan acoplar sus tecnologías a las que ya están implementadas o están en desarrollo.
El fin que pueda tomar el mencionado artículo 45 está en manos de la Corte Constitucional, que determinará si está en línea con la Constitución o no. Más allá de la decisión, es importante que en el país se debatan abiertamente las reglas de juego que debe tener el uso de tecnologías que emplean datos biométricos, como las cámaras de reconocimiento facial, por ejemplo, pues pareciera que los entes y gobernadores quisieran brillar más por sus “desarrollos” que por dar el trato que merece un dato sensible.
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