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Han sido semanas complejas para los Solari, el reconocido grupo empresarial chileno que es accionista en Colombia de los populares almacenes de cadena Jumbo, Homecenter y Falabella. Primero, porque el pasado 1 de noviembre esta última compañía informó a la opinión pública que se encontraron petardos de baja intensidad en tres de sus locales comerciales en Bogotá, un asunto que las autoridades aún indagan para determinar quién pudo estar detrás de los hechos. La otra situación que alertó a ese conglomerado fue una decisión tomada por la justicia colombiana cuatro días antes del grave percance de seguridad en la capital del país.
En un fallo de 45 páginas, una Sala de Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Antioquia ordenó a una empresa de la familia Solari en Colombia devolver el predio La Liboriana, ubicado en un municipio azotado por la violencia paramilitar: Valencia, Córdoba. Su extensión, 264 hectáreas, equivale aproximadamente a 371 canchas de fútbol o a seis veces el Estado Vaticano. De acuerdo con la decisión judicial, la empresa del grupo chileno, Reforestadora del Sinú, compró este megalote en 2011 por COP 1.171 millones, un negocio en el que participaron dos hombres que han sido mencionados en fallos judiciales y en compras de tierras que han sido anuladas por la justicia.
Esas dos personas son Rafael Argumedo Figueroa y Claudio Sánchez Prada, dos hombres que compraban y vendían tierras en ese departamento. El primero de ellos fue investigado por ser parte de una red de lavado de activos en la que habría participado un exalcalde de Valencia: Mario Prada Cobos, quien fue absuelto en dos instancias judiciales por parapolítica. Asimismo, la Fiscalía cerró en 2023 el caso por lavado por falta de pruebas. Sánchez Prada, que fue rector de la Universidad de Córdoba, también es un viejo conocido de los expedientes judiciales, pues fue investigado por ser ficha del grupo paramilitar de Salvatore Mancuso en esa institución. Sin embargo, el proceso penal prescribió en marzo de 2024.
Funcionarios de la Reforestadora del Sinú dijeron en el proceso que la empresa siguió “un proceso muy riguroso” para adquirir La Liboriana, en el cual se estudia la potencialidad del suelo para la explotación forestal, se examinan los títulos de propiedad, los antecedentes y “se paga con cheque de gerencia a favor del vendedor o de su representante para mantener un control sobre los recursos”. Además, explicaron “que la empresa es sucursal de una sociedad de origen chileno, por lo que los dineros con los cuales invierte en tierras y plantaciones vienen de un prestigioso grupo empresarial que es dueño de marcas como Falabella, Jumbo y Homecenter, entre otros, y realiza estrictos controles sobre el origen de los recursos”.
Sin embargo, el tribunal señaló todo lo contrario. Para los magistrados, la compra hecha por la empresa del Grupo Solari a Argumedo Figueroa desconoció el pasado violento que tenía el corregimiento de Jaraguay, donde está ubicado el megapredio. Según el fallo, la reforestadora llegó en 2010 atraída por los incentivos del Gobierno para invertir en la región, pero ello “no la hace adquirente de tierras de buena fe, ni puede justificar la omisión de diligencias más exigentes en territorios con reconocida historia de violencia”. El tribunal también reprochó a la empresa haber intentado desconocer tanto la condición de víctima del conflicto del reclamante de tierras como la delicada situación de orden público que vivía Valencia.
La historia de La Liboriana
El megapredio, hoy sembrado con cientos de eucaliptos de la Reforestadora, era tierra baldía de la Nación. Al igual que otros grandes predios de la zona, en los años setenta fue adjudicado por el Gobierno a campesinos sin tierra, quienes, como lo recuerda el fallo, a partir de los años ochenta terminaron sufriendo amenazas, extorsiones, secuestros, asesinatos, desplazamientos forzados y despojo por parte de la guerrilla de las FARC y los paramilitares. Fue en 1986 cuando apareció el reclamante de tierras que hoy la justicia reconoce como tal: Ramiro Cabrales Hodeg (fallecido en 2022), quien compró La Liboriana y la destinó a la ganadería y la agricultura.
Este reclamante de tierras era miembro de una de las familias políticas más importantes de Córdoba, pues su hermano es el exdiputado Álvaro Cabrales Hodeg, señalado por la Fiscalía de haber sido uno de los políticos que se alió con los paras en 2001 en el denominado Pacto de Ralito. En entrevista con este diario, Luis Enei, director del proyecto forestal chileno, afirmó que Ramiro Cabrales vendió el terreno a personas “conocidas” con el fin de saldar deudas. Y fue más allá: “Cabrales no es víctima de nada, pertenecía a la oligarquía cordobesa, iba al mismo club campestre de Mancuso; además, fue alto funcionario de la Gobernación. Este fallo es una usurpación, es decepcionante que no valoraran nuestras pruebas y que no haya una segunda instancia que revise este fallo”.
En cuanto a la situación de seguridad de Cabrales Hodeg el fallo de restitución de tierras dice que, a principios de los noventa, sus empleados recibieron amenazas por parte de la guerrilla, lo que lo obligó a vender el terreno en 1993 a tres empresarios antioqueños que conocía, entre ellos, el ganadero y columnista de El Meridiano de Córdoba Ramiro Vélez Toro. Según testigos que declararon en el proceso, Vélez, fallecido en 2017, alcanzó a acumular “al menos 2.000 hectáreas” en el departamento, ya que “contaba con la liquidez y era el único que estaba adquiriendo tierras en la región”. Cabrales Hodeg dijo durante el proceso que “La venta fue por una suma muy por debajo del precio real”.
Al mismo tiempo —dice la decisión judicial—, a Valencia empezaron a ingresar los primeros grupos paramilitares liderados por Fidel Castaño. Su propósito: acabar con la guerrilla que convirtió al municipio en un corredor estratégico de las Farc. “La Liboriana estaba en un punto estratégico donde se libraban confrontaciones armadas, y en varias ocasiones que visitó su finca Cabrales vio que sacaban heridos y muertos en hamacas. Razón por la cual evitaba frecuentar la zona con su familia”, dice el fallo judicial. El documento señala que, en 2005, el columnista Vélez Toro vendió el terreno a Abis Argumedo González, quien luego, en 2010, se la vendió a Rafael Argumedo. Este último aseguró no tener ninguna filiación con ella.
Un año más tarde, la empresa del Grupo Solari la adquirió. Sobre esta compra, el Tribunal señaló que: “Sería contraevidente negar el provecho que la Reforestadora tomó de los fenómenos de violencia generalizada, visibilizado en la adquisición de grandes extensiones de tierra productivas y estratégicamente ubicadas a un precio que, si bien no reflejaba la depreciación de cuando estaba en manos del reclamante, todavía llevaba signos de un entorno perturbado y enrarecido por los hechos de violencia del pasado inmediato, ya que para el año 2010, cuando empezó su negociación, aún pululaban reductos de los paramilitares y figuras afines que veían en la tierra un potencial negocio, como se evidenció acá”.
Los magistrados también retomaron en su decisión un punto que puso sobre la mesa la Unidad de Restitución de Tierras: “La llegada al municipio de Valencia de megaproyectos, como el de la Reforestadora del Sinú, propiedad del grupo empresarial chileno Solari, y quien funge como opositora de la restitución, no se puede entender por fuera del contexto del conflicto armado en el país, y que los efectos del conflicto armado en Colombia no solo han profundizado las desigualdades en la propiedad de la tierra, sino que han servido para el surgimiento de nuevas élites locales, la entrada de empresas de capital mundial y cultivos industriales de gran escala”.
Luis Enei, director de la Reforestadora, le contó a este diario que hay otros dos predios de la compañía en San Pedro de Urabá, Antioquia, que tienen demandas de restitución de tierras. El funcionario de la empresa dijo que “estas solicitudes se encuentran en manos de la Unidad de Restitución de Tierras, la cual analizará si tienen sustento; si son verdaderas o falsas. Quienes reclaman son una familia y un grupo de ganaderos”. Sobre quién les vendió esas tierras, que actualmente tienen sembrados eucaliptos de la Reforestadora, Enei solo atinó a decir que fue un hombre de apellido Álvarez y que, en ese momento, no recordaba su nombre completo.
Las otras tierras del vendedor del grupo Solari
Argumedo Figueroa dijo en el proceso que La Liboriana fue apenas una parte de los terrenos que le vendió a la Reforestadora del Sinú. Fueron un total de 1.200 hectáreas, lo que equivale aproximadamente a la mitad de la isla de San Andrés o a 1.680 canchas de fútbol. Un negocio que valió COP 3.800 millones en 2010, según declaró el negociante de tierras. No es la primera vez que Argumedo Figueroa aparece comprando grandes territorios en regiones azotadas por la violencia. En una sentencia de 2016 emitida por el Tribunal Superior de Bolívar, este hombre aparece en un traspaso de un lote de 20 hectáreas en el municipio de María la Baja.
Según el reclamante de esa tierra, que fue desplazado en los años 2000 por grupos paramilitares, él nunca avaló ese movimiento notarial, el cual permitió que una empresa, La Pradera de María S.A., luego le comprara en 2009 esa parcela a Argumedo Figueroa. La segunda aparición del empresario Rafel Argumedo Figueroa en la compra de tierras fue contada en un extenso reportaje de Verdad Abierta, en el que es mencionado un conocido palmicultorbarranquillero. Se trata de Alfredo Tapia Rizzo, quien llegó a los Montes de María y, entre mayo y julio de 2009, le compró 10 terrenos a Argumedo Figueroa.
De acuerdo con el reportaje periodístico, esas tierras terminaron siendo un megaproyecto de siembra de palma de aceite y piña. El medio de comunicación aseguró que “Argumedo compró decenas de predios en María La Baja y los vendió a empresas que llegaron a instalar grandes negocios en el municipio de Bolívar. En los certificados de tradición y libertad de los 10 predios que Argumedo le vendió a Tapia resalta el hecho de que, al menos en el papel, el comerciante de tierras vendió a la empresa de Tapia esos títulos por el mismo valor al que Argumedo los había comprado”.
Aunque esta es la segunda vez que la justicia le anula a Argumedo Figueroa una venta de tierra por las situaciones que rodearon las compras, el empresario le dijo a este diario que “todos mis negocios han sido formales, realizados ante notaría y registrados conforme a los procedimientos de ley. Rechazo de manera categórica cualquier insinuación de que haya existido un aprovechamiento indebido o beneficio irregular. Nunca he tenido ni tengo relación alguna con personas o grupos al margen de la ley, y mis actuaciones siempre se han enmarcado en la legalidad y la buena fe”. Al igual que la Reforestadora, negó que en 2010 existiera una delicada situación de orden público en Valencia.
Argumedo Figueroa, quien actualmente no tiene ningún requerimiento judicial, no entregó mayor detalle sobre sus negocios con el Grupo Solari, y el empresario Tapia, y aseguró que fueron ventas que se hicieron hace más de 15 años y que fue un abogado el que se encargó de los trámites legales. Argumedo dice que vive en Montería, pero hay documentos que señalan que también reside en Atlanta (Estados Unidos). También a su nombre figura una empresa en La Florida llamada Hebron Foods, la cual también tiene sede en Planeta Rica, Córdoba. Según la página web de la compañía, se dedica a la exportación de frutas y verduras del campo colombiano.
En julio de 2024, la compañía del Grupo Solari realizó el primer envío de más de 13.800 toneladas de eucalipto a bordo de un buque que zarpó desde un puerto de Tolú, con destino a España. En cuanto al predio La Liboriana, el Tribunal le ordenó a la Unidad de Restitución de Tierras que lo administre a través de terceros y se destine “el producido del proyecto a programas de reparación colectiva para víctimas en las vecindades del predio, incluyendo al beneficiario de la restitución”.
El director de la Reforestadora, Luis Enei, dice que ha sido difícil hacer negocios en Colombia, pero que persisten en su labor en el departamento de Córdoba, la cual califica como “fundamental a la hora de emplear personas, brindar asistencia médica, entre otras acciones a través de la fundación de la compañía”. Sin embargo, hoy la justicia colombiana dice que en el caso de la compra de la Loboriana la Reforestadora sí falló: obvió la grave situación de orden público que vivía el departamento por la violencia paramilitar de los Castaño y los grupos armados que los sucedieron.
* Nota del Editor: Aclaramos a nuestros lectores que la decisión de restitución de tierras objeto de este artículo recae exclusivamente sobre la sociedad Reforestadora del Sinú Sucursal Colombia. La cadena de supermercados Jumbo, operada en Colombia por Cencosud, así como Falabella y Homecenter, no tienen vínculo societario ni participación en dicha compañía ni son destinatarias de la sentencia citada.
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Por David Escobar Moreno
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