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Hace 33 años, el 30 de agosto de 1987, fue secuestrada en el sector de Casablanca, al suroccidente de Bogotá, la militante del M-19 Nydia Érika Bautista. Días después fue dada por desaparecida y se inició uno de los procesos judiciales más accidentados en la historia de los derechos humanos en Colombia. De este caso surgió la primera organización nacional de lucha contra la desaparición forzada en el país. Sin embargo, a pesar de ser un capítulo documentado en la justicia internacional, en los estrados judiciales de Colombia sigue dando vueltas y el único saldo comprobable es el de la absoluta impunidad.
El pasado 29 de abril, la Corte Suprema de Justicia aportó el último capítulo de este interminable proceso, al admitir la consecución de unas pocas pruebas para definir si se anula o no la prescripción dictada a favor de un general y tres suboficiales del Ejército procesados por la desaparición forzada, tortura y homicidio de Nydia Érika Bautista, pretensión de la hermana de esta, Yanette Bautista. Sin embargo, anotó que ya no es necesario aportar testimonios ni volver al debate probatorio. Aunque el máximo tribunal de la justicia ordinaria admitió revisar el expediente desde noviembre de 2017, apenas tres años después da su primera respuesta.
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Este caso se remonta a finales de los años 80, cuando el M-19 y las Fuerzas Armadas libraban una guerra aparte. Nydia Érika Bautista había sido detenida en Cali en mayo de 1986, pero fue dejada en libertad después de ser torturada. Hacia las 6:30 de la tarde del 30 de agosto de 1987, un grupo de desconocidos la abordó en una calle de Bogotá, la introdujo en un vehículo Jeep y, desde ese momento, se perdió su rastro. Días después, el 12 de septiembre, en el sector de Guayabetal (Cundinamarca), en la vía entre Bogotá y Villavicencio, fue encontrado el cuerpo sin vida de una mujer sin identificación.
En ese momento, el hallazgo de este cadáver no tuvo conexión alguna con el caso y la mujer que apareció vendada con un pañuelo blanco y con un disparo de gracia en la cabeza, fue enterrada sin nombre en el cementerio de Guayabetal. Tres años después, por apremios de seguridad, un sargento del Ejército acudió a la Procuraduría para revelar hechos violatorios de los derechos humanos, de los cuales había sido testigo como miembro del Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia Charry Solano. Entre los episodios revelados, el suboficial reseñó la desaparición y muerte de Nydia Érika Bautista.
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Las declaraciones del sargento viceprimero Bernardo Garzón Garzón movieron a la Oficina de Investigaciones Especiales de la Procuraduría y, con base en la información suministrada, se ordenó la exhumación del cadáver encontrado en septiembre de 1987. La gestión fue adelantada por el abogado Eduardo Umaña Mendoza, en representación de Yanette Bautista, quien para la época ya le daba forma a su asociación de familiares de víctimas de desaparición forzada. El 11 de septiembre de 1990 se constató que los restos enterrados en el cementerio de Guayabetal eran los de Nydia Érika Bautista.
Entonces, comenzó una desigual pelea jurídica entre la familia Bautista y varios oficiales y suboficiales de las FF. MM. La justicia ordinaria entró al caso, se practicó una segunda exhumación del cadáver, pero la Justicia Penal Militar reclamó el expediente por competencia. En medio del tire y afloje jurídico por el caso, en julio de 1995 el entonces procurador de derechos humanos, Hernando Valencia Villa, ordenó la destitución del entonces general Álvaro Velandia Hurtado y del suboficial Jorge Ortega Araque, como responsables del capítulo Nydia Érika Bautista. La decisión causó revuelo nacional.
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En ese momento, Velandia ejercía como comandante de la Tercera Brigada del Ejército y, en medio de la polémica, el presidente Ernesto Samper lo condecoró con la Orden al Mérito José María Córdova. La pelea creció porque las organizaciones de derechos humanos recordaron que Velandia había sido reseñado por la Procuraduría desde 1983, por supuestos vínculos con el grupo Muerte a Secuestradores (MAS). Además, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU se pronunció en octubre de 1995 para condenar al Estado colombiano por el caso Bautista y solicitó una investigación exhaustiva.
Ante la presión nacional e internacional, el expediente volvió a una fiscalía de derechos humanos, que en julio de 1996 ordenó vincular a la investigación del caso Bautista a tres suboficiales del Ejército: Luis Guillermo Hernández González, Mauricio Angarita y Julio Roberto Ortega Araque. La clave del asunto radicaba ahora en la reafirmación del testigo Bernardo Garzón Garzón, quien había sido capturado en Palmira en noviembre de 1994. Pero sucedió lo inesperado: en septiembre de 1996, Garzón Garzón se retractó de sus señalamientos y dijo que había sido presionado por la Fiscalía y la Procuraduría.
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A pesar de que ya existían otros expedientes que clarificaban el papel cumplido por el sargento Bernardo Garzón Garzón en violaciones a los derechos humanos cometidas por miembros de inteligencia militar, su retractación obró en favor de los militares encausados y el proceso volvió a la Justicia Penal Militar, que ordenó la libertad de los detenidos. Como colofón, en abril de 1997, Garzón Garzón quedó libre. Los militares quedaron absueltos y el abogado Eduardo Umaña Mendoza fue asesinado el 18 de abril de 1998 en Bogotá, pero Yanette Bautista y su asociación contra la desaparición forzada no se dieron por vencidos.
A través de una acción de tutela, Yanette Bautista insistió en que el caso se reabriera y regresara a la justicia ordinaria, hasta que en junio de 2000 la Corte Constitucional le dio la razón. Sin embargo, ya en ese momento habían prescrito los delitos de secuestro y tortura. La única opción era seguir adelante en la pesquisa por la desaparición forzada. Por esta razón, en diciembre de 2002, fue necesario volver a ratificar que los restos enterrados en el cementerio de Guayabetal correspondían a la víctima. En enero de 2003, después de 16 años de persistencia, al fin la familia Bautista recibió los restos de Nydia Érika.
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El caso siguió su curso, la defensa de los militares persistió en su versión de que la guerrilla había asesinado a Bautista cuando descubrió que era una supuesta informante del Ejército, pero también fueron apareciendo víctimas de otros casos que advirtieron que la retractación del testigo Bernardo Garzón Garzón no era confiable. Trascendió, por ejemplo, que a finales de los años 80 también había estado involucrado en el secuestro y asesinato de Antonio Hernández, militante del M-19. Y del secuestro de Guillermo Marín, quien se salvó milagrosamente tras ser torturado y recibir dos disparos y se asiló en la Embajada de Francia.
A pesar de las evidencias, la Fiscalía terminó precluyendo el caso en favor de los militares. Lo hizo en 2004 y luego lo confirmó en el 2006. Desde entonces, Yanette Bautista persistió en que se reabriera el caso, sin mayores avances. En cambio, al cabo del tiempo, Bernardo Garzón Garzón volvió a ser capturado en 2014. Con graves cargos en su contra por el caso Guillermo Marín, y declaraciones aportadas por el periodista Raúl Benoit, según las cuales Garzón le había ratificado las acciones violatorias de los derechos humanos de inteligencia militar, apenas estuvo preso dos años y siete meses.
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Apenas en 2017 vino a pronunciarse la Corte Suprema de Justicia, que aceptó revisar el caso. Y luego fueron casi tres años más para su decisión del pasado 29 de abril. Ya no habrá más testimonios, lo que dijo Bernardo Garzón Garzón, al menos en este caso, ya no tiene marcha atrás, no se van a buscar más pruebas porque el debate quedó agotado, pero en contraste, en respuesta a la petición de uno de los militares encausados, se ordenó que todo el expediente que adelantó la Procuraduría sea enviado a la Corte Suprema. De paso, se aceptó que un abogado represente al general retirado Álvaro Velandia.
Yanette Bautista, hermana de Nydia Érika, tuvo que esperar muchos años para que le reconocieran su calidad de víctima y parte civil en el engorroso expediente. No obstante, fue pionera de la lucha contra la desaparición forzada en Colombia y esa insistencia también contribuyó a que, después de dos intentos fallidos, por fin se expidiera en el año 2000 una ley contra la desaparición en Colombia. De su pelea por la verdad surgió el libro Desapariciones forzadas de mujeres en Colombia 1985-2005, que además de Amparo Tordecilla y María del Carmen Santana, entre otras, incluye el caso de su hermana.
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Consultada por El Espectador, Yanette Bautista señaló que, como familiares, han puesto todas sus esperanzas en la Corte Suprema para que, después de treinta años de impunidad, sean sancionados los autores del secuestro, tortura, violencia sexual y desaparición forzada sufridas por Nydia Érika Bautista en su cautiverio. “La justicia ha sido muy lenta. Vamos a cumplir seis años de haber presentado la acción de revisión a la Corte y apenas el proceso se abre a pruebas. Ojalá no tengamos que esperar otros seis porque a lo mejor ya no vamos a estar vivos para conocer una respuesta convincente”, dijo.
“Era joven cuando vi a mi hermana por última vez, ahora ya soy abuela. Mis padres se fueron al cielo sin constatar verdad ni justicia. Sigo creyendo que hay un pacto de silencio, pero el caso es un ícono de lo que ha pasado con las mujeres desaparecidas en Colombia”, agregó Yanette Bautista. En su opinión, es satisfactorio que el caso vuelva a tener actividad, pero insistió en que no se limite a quienes fueron sancionados por la Procuraduría (cuatro oficiales y suboficiales), sino que se abra contra 16 oficiales y suboficiales de la Tercera Brigada de Cali y la Brigada 20 de Inteligencia en Bogotá.
Sobre la petición del exsuboficial Bernardo Garzón Garzón de acogerse a la JEP, señaló: “Él se presentó por casos distintos al de Nydia Érika: por el Palacio de Justicia y por el caso Guillermo Marín, pero tiene el deber de señalar a los máximos responsables en las desapariciones forzadas de todos los casos, incluyendo el de mi hermana, el de Amparo Tordecilla y otros treinta más que ocurrieron en Bogotá y en los que él estuvo involucrado”. Yanette Bautista concluyó que, de no ser así, Garzón podría estar configurando una nueva ruta de impunidad, pues todavía debe aclarar algo de lo que pocos hablan: la violencia sexual del caso Nydia Érika que ha sido invisibilizada.
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