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En 2012, el coronel (r) Carlos Ramiro Rincón Joya llegó a ser el subdirector administrativo de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares. Cuatro años más tarde sería uno de los 20 militares, oficiales y suboficiales activos y en reserva, capturados por haber presentado certificados médicos falsos para obtener pensiones de invalidez o indemnizaciones. Lo mismo ocurrió con el coronel (r) Manuel Canastero Salgado: en 2009, medios regionales, como el Portal Araucano, le atribuían “importantes logros militares en contra de los grupos narcoterroristas”. Siete años más tarde admitiría ante la justicia que usó documentos alterados para beneficiarse con dinero del erario.
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Lo propio hizo Rincón Joya, y el pasado 12 de agosto, casi tres años después de esa aceptación de culpabilidad, la justicia ordinaria finalmente anunció la sentencia contra ambos coroneles (r), los oficiales de más alto rango que usaron esta “estrategia criminal para defraudar los intereses del Estado”. El fallo también se refiere a los demás involucrados en este episodio de corrupción dentro del Ejército. En una sentencia de 80 páginas, el Juzgado 47 de Conocimiento de Bogotá recapituló toda esta historia judicial, cuyo punto de partida fueron auditorías internas que detectaron certificados médicos con errores ortográficos. Errores que, en teoría, un médico no cometería.
Esos certificados son los soportes con los que las juntas médico-laborales determinan si un uniformado fue afectado en servicio y por eso debe recibir una indemnización. En uno, por ejemplo, se leía “varicocele”, en referencia al agrandamiento de venas dentro del escroto, con b. El tema podía ser un descuido sin importancia, pero la auditoría avanzó. Se verificó la idoneidad de ciertos documentos adjuntados por militares ante las juntas y los resultados no fueron alentadores. Varios de los especialistas que supuestamente habían dado fe de ciertas condiciones médicas fueron entrevistados y aseguraron que nada tenían que ver con esos documentos.
El caso de los coroneles retirados representa bien el modus operandi de los 20 militares procesados. Por “disminución de la capacidad laboral”, al coronel (r) Carlos Ramiro Rincón Joya le reconocieron una indemnización de $154 millones, además de su pensión. Para lograrlo presentó papeles que, según se leía, habían expedido un gastroenterólogo (Julio Zuleta), una fisiatra (Irma Raigosa) y un especialista en ortopedia (Hugo Serrato). Los sellos y firmas alterados de Raigosa y Serrato serían una constante en esta historia, pues fueron de los más usados por todos los que recurrieron a las falsificaciones para conseguir dinero del Estado que no merecían.
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Cuando los médicos asistieron a entrevista para revisar el expediente del coronel (r) Rincón Joya, expresaron que esas no eran sus firmas ni sus sellos. La Fiscalía hizo pruebas grafológicas y confirmó sus versiones. Los doctores, además, señalaron que los certificados estaban plagados de “terminología que no les es propia e incluso que no coincidía la gravedad de la enfermedad con el diagnóstico”. Por “lo elaborado de la estrategia criminal”, concluyó la Fiscalía, “resulta imposible pensar que (Rincón Joya) actuó en solitario”. Aunque, al menos en este fallo, no queda claro quién o quiénes orquestaron esta defraudación a las arcas públicas.
Los errores se hicieron evidentes con facilidad. Se encontró rápidamente que los militares no tenían historia clínica en los centros médicos donde aseguraban haber sido atendidos. Un militar llamado Luis Fernando Rodríguez Cano acreditó un problema en sus piernas, y le hubieran creído si no fuera porque el examen que entregó, que era un estudio de nervios y músculos supuestamente de sus extremidades inferiores, incluía un diagnóstico de túnel del carpo, una condición exclusiva de las manos. Los médicos le ayudaron a la Fiscalía a descubrir que el examen de otra paciente había sido usado como “plantilla”, en este y varios casos más.
Cano obtuvo una indemnización de $76 millones, suma promedio de lo que consiguieron los demás militares involucrados en este esquema de engaños, además de una pensión de invalidez, como casi todos, quienes solían aportar dos o tres certificados médicos espurios para así lograr contraprestaciones a las que en realidad no tenían derecho. Y el caso del coronel (r) Manuel Canastero Salgado, señaló el fallo del Juzgado 47, “dista de lo evidenciado frente a los demás coimputados por la cantidad de maniobras fraudulentas que ejecutó para el reconocimiento de una prestación económica derivada de una eventual pérdida de capacidad laboral”.
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El coronel (r) Canastero, comprobó la Fiscalía, presentó no dos ni tres certificados médicos alterados, sino seis, a los que añadió un acta de junta médico-laboral de 2012, en la que se le otorgaban prestaciones por disminución de capacidad laboral, “que a su vez resultó ser falsa”, y, encima de todo, presentó un recurso judicial ante el Tribunal Superior de Bogotá, luego de que la Dirección de Sanidad del Ejército se negara a informarle en qué iba su trámite. Por medio de exámenes grafológicos se confirmó que las médicas cuyas firmas aparecían en el acta de 2012 no habían participado en ese documento, el cual ni siquiera existía en los registros de Sanidad.
Así las cosas, y por haber admitido su responsabilidad en este esquema corrupto, los coroneles (r) fueron sentenciados a dos años de prisión por fraude procesal y uso de documento falso, y a una multa de 25 salarios mínimos mensuales legales vigentes (unos $22 millones cada uno). A ellos y a cinco uniformados más, el Juzgado les otorgó un período de prueba de dos años para no ir a la cárcel, a cambio de suscribir un acta de compromiso: no pueden salir del país sin autorización, deben comparecer personalmente cuando la autoridad que vigila el cumplimiento de su sentencia los requiera y tienen que reparar los daños causados.
O sea, se entendería, devolver el dinero que estos altos oficiales del Ejército consiguieron engañando a la misma entidad que juraron servir.
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