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Aunque en 2022 la Corte Constitucional tuvo una mayoría de mujeres que duró apenas algunos meses, las altas cortes colombianas están lejos de ser paritarias. Hoy el alto tribunal constitucional tiene cuatro mujeres, frente a cinco hombres. La situación en esa entidad es la menos grave en comparación con el resto, donde el porcentaje de mujeres magistradas no llega ni siquiera al 30 %. Aunque, a corte de enero de 2023, hay vacantes que todavía no han sido ocupadas por elecciones que quedaron programadas para este año, las cifras muestran que la deuda de paridad en las altas esferas de las justicia es abismal.
Las cuentas están así: la Corte Suprema de Justicia está compuesta por 23 integrantes en Sala Plena, pero actualmente hay 20 en funciones. De ellos, solo cuatro son mujeres, es decir, el 20 %. Y, por otro lado, en el Consejo de Estado hay 31, de los cuales solo ocho son mujeres, o sea, el 25,8 %. A pesar de que las altas cortes han protegido los derechos de las mujeres, no hay ninguna obligación legal para que la ley de cuotas también deba cumplirse en lo más alto de la Rama Judicial, como sí lo estipula para cargos en el Gobierno. Así, las abogadas que llegan a estos cargos siguen siendo, en cifras, una gran minoría. Las razones de esta desigualdad son muchas, y hay dos exmagistradas que las conocen de primera mano.
“En lo que tiene que ver con la Rama Judicial, en el nivel de empleados y hasta el de magistrados de tribunal, el porcentaje de participación de las mujeres es alto, a veces superior al 50 %, pero este porcentaje disminuye dramáticamente al ver la conformación de las altas cortes, ello debido a que en esa instancia no se adelanta concurso de méritos”, explicó la exmagistrada del Consejo de Estado Lucy Jeanneth Bermúdez. En el caso de la Corte, de la que ella fue miembro y de la Corte Suprema, los nuevos integrantes los eligen los magistrados en sala plena a partir de listas que elabora el Consejo Superior de la Judicatura.
Según Bermúdez, la lista para elegir dignatarios estrictamente cumple con el 30 % que exige la Ley de Cuotas. Las cifras le dan la razón: la Corporación Excelencia en la Justicia analizó en 2021 la conformación de esas listas desde 1994 y encontró que, en el caso de la Corte Suprema, apenas contenían un 28,9 % de candidatas mujeres, y en el Consejo de Estado, un 29,8 %. El resto fueron hombres. En la Corte Constitucional, el Senado elige a partir de ternas que presentan las otras dos altas cortes y el presidente, que en su mayoría también están conformadas por hombres. Es innegable el techo de cristal en la justicia, considera la exconsejera Bermúdez.
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La exmagistrada del Consejo de Estado Stella Conto añade un agravante: que hay un prejuicio de que las mujeres que logran llegar a esos cargos “deben llegar agradecidas”. La propia Conto vivió una situación de discriminación y machismo, reconocida por la justicia, por expresar sus opiniones abiertamente mientras era magistrada. La excluyeron y la hostigaron por no alinearse con una posición mayoritaria entre los demás magistrados. “Es necesario que se entienda que las mujeres ingresan a los cargos públicos en ejercicio de un derecho y, por lo tanto, libres de reconocimientos a quienes las eligieron”, aseguró la exconsejera a este diario.
Bermúdez cree que para solucionar esta disparidad se deben fomentar acciones afirmativas que reivindiquen los derechos de las mujeres. A la misma conclusión llega el informe “Iguales en méritos, desiguales en oportunidades”, que analizó el acceso a la justicia para mujeres de seis países de Latinoamérica. En el caso de Colombia, concluyó que “hay coincidencias al señalar que la Ley de Cuotas ha sido inoperante en la Rama Judicial y que es necesario generar mecanismos para su mayor efectividad: la constitución de ternas solo integradas por mujeres, así como garantías de que los perfiles que integran las ternas sean del mismo nivel”.
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Esta tendencia se hace también evidente en los escenarios internacionales, en donde Colombia aún no incursiona con mujeres. María Noel Leoni, directora de la campaña QGUAL, que monitorea la composición de 88 organismos internacionales en materia de género, explicó en diálogo con este diario que nuestro país no tiene una sola representante mujer ante instancias como comisiones, cortes internacionales, relatorías o comités de la ONU. “Hoy en día Colombia tiene cinco connacionales que son varones”, explicó Leoni, lo que ubica al país en el octavo lugar de su ranquin de países de las Américas sobre equidad de género en estas instancias.
Según el escalafón que mide los países de Latinoamérica que no tienen mujeres en estas esferas internacionales, Colombia está por debajo, por ejemplo, de Panamá, Trinidad y Tobago, Honduras o Guatemala. Si bien Leoni destacó el rol colombiano ante la OEA, en donde se respaldó el espacio de la mujer en la justicia, tiene claro que aún existe una deuda grande para que las mujeres lleguen a ocupar cargos decisorios en materia internacional. La directora resaltó que la llegada de las mujeres a esos escenarios no es otra cosa que garantizar el derecho a la igualdad. “La paridad es la medida de la igualdad. Es importante tener eso como parámetro”, dijo Leoni.
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La experta aclaró que, por lo general, la mujer se enfrenta a “varas muy altas”, porque debe desafiar escenarios que están masculinizados y en los que pocas o nulas veces han incursionado mujeres. Eso, a juicio de la experta, se convierte en un reto no solo porque se tienen que enfrentar a un rol profesional, sino que deben alternar con otras responsabilidades que la sociedad ha impuesto sobre el género. Para Leoni, está claro que las mujeres deben ser valoradas profesionalmente por meritocracia, por lo que considera que los espacios de justicia no solo deben estar cargados por igualdad, sino también que ellas tengan legitimidad y poder de aportar y decidir.
De acuerdo con Leoni, el panorama en Latinoamérica no es alentador respecto de otras regiones, pese a que se ha avanzado. “La región de Latinoamérica y el Caribe es la que menos representación de mujeres tiene. En la zona tienen 39 % de mujeres en los puestos internacionales, comparado con el 43 % en Europa Occidental y Estados Unidos”, explicó la experta. Si bien el reto es desafiante, Leoni considera que deben existir políticas en Colombia que fomenten, garanticen y alienten a las mujeres a ser parte de esos escenarios de los cuales han sido excluidas durante décadas. Allí tiene un papel central el Gobierno, que es el encargado de hacer las postulaciones.
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Pero el mismo Gobierno está rajado. Recientemente, la Procuraduría le llamó la atención por la baja inclusión de mujeres en altos cargos del Ejecutivo. “Fuera del gabinete ministerial no se ha cumplido la Ley de Cuotas, que exige que el 30 % de los cargos de poder público estén ocupados por mujeres, de hecho, en su programa de gobierno, Petro prometió elevar ese umbral al 50 %”, dice el documento enviado al director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Mauricio Lizcano. La misiva sostiene que de 37 viceministerios, 10 están ocupados por mujeres (27 %) y de 35 entidades descentralizadas, solo ocho tienen mujeres como directoras (22 %).
El gobierno de Iván Duque fue criticado, y en tres ocasiones la justicia le tumbó designaciones: la de los ministros de Defensa, Diego Molano; de Interior, Daniel Palacios, y la del director del Dapre, Víctor Muñoz. En ese momento la Procuraduría no lo criticó frontalmente, pero en el caso de Petro, además de la obligación legal, la paridad fue una promesa de su campaña, que hasta ahora no se ha materializado. En los cinco meses que lleva este Gobierno, todavía no ha tenido que armar ternas para altos cargos de la justicia, ni presentar candidatos a organismos internacionales, pero ya se avecinan esos primeros desafíos.
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Por ejemplo, el próximo año, el fiscal Francisco Barbosa cumplirá su período y el presidente Petro deberá conformar la terna para que la Corte Suprema elija a un nuevo fiscal general -cargo que solo ha ocupado una mujer, Vivianes Morales-, así como la terna de la que el Senado elegirá el reemplazo del magistrado Alejandro Linares en la Corte Constitucional. Desde que la primera mujer llegó al Consejo de Estado, en 1978; a la Corte Suprema, en 1984, y a la Constitucional, en 2003, los movimientos de mujeres han logrado avances en sus derechos, como la despenalización del aborto, y ya dos mujeres han sido vicepresidentas y una alcaldesa de Bogotá. ¿Se podrá romper finalmente el techo de cristal?
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