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Lo único que tienen en común el gobernador de Magdalena, Carlos Caicedo (2020-23) y, por otro lado, los exgobernadores Luis Miguel Cotes (2012-15) y Rosa Cotes de Zúñiga (2016-19), es su propia animadversión política y, ahora, un expediente judicial en conjunto que abrirá la Fiscalía. El ente investigador anunció que imputará a los tres por el caso “Robo a Magdalena”, tras el cual se habrían perdido hasta $74.789 millones, en cinco contratos que firmaron los funcionarios para mejorar la infraestructura del departamento y para la educación de la capital, Santa Marta.
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Las controversias entre Caicedo y los Cotes son de vieja data, pues el primero ha logrado la aceptación popular del departamento, a pesar de no pertenecer a ningún clan político, y los segundos han controlado la administración pública por años. Las peleas han traspasado la escena política e incluso han llegado a las agresiones físicas, como sucedió en 2019 cuando Álvaro Cotes, padre de Luis Miguel, insultó y golpeó a Caicedo en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá. Ahora, la Fiscalía considera que los tres últimos gobernadores tendrían en común la corrupción y hasta solicitará prisión para Caicedo.
Carlos Caicedo, de expediente en expediente
La Fiscalía no sale de una con Caicedo, para meterlo en otra. El pasado 3 de febrero, el ente investigador archivó el expediente que vinculaba al gobernador con los asesinatos del estudiante de la Universidad de Magdalena, Hugo Maduro (2.000); el vicerrector, Julio Otero (2001); y el decano de la facultad de Educación, Roque Morelli (2002). En ese entonces, Caicedo no había entrado a la vida política y, de hecho, como rector de esa universidad, fue premiado como uno de los mejores de Colombia, al multiplicar el presupuesto y el número de estudiantes del centro educativo, como lo reconoció el Ministerio de Educación.
Antecedentes: No hay certeza de que Carlos Caicedo participó en tres asesinatos: Fiscalía
A Caicedo lo tenían atado a ese expediente los testimonios de exparamilitares de alto calibre como los hermanos Rojas Mendoza, quienes lo señalaron como determinador de los homicidios. Luego, en Justicia y Paz, el sistema para la desmovilización paramilitar, se retractaron asegurando que, al contrario, Caicedo estaba en lista para ser asesinado y que un abogado de los Cotes supuestamente les pagó para que enlodaran al actual gobernador. José Gelves Albarracín, alias El Canoso, comandante del Bloque Norte de las Auc, también se retractó públicamente, en 2017 ante las cámaras de Noticias Uno, tras intentar salpicar a Caicedo en la justicia. Todas esas palabras le costaron cuatro años de prisión al político (2007-2011).
Al final, la fiscal Mónica Jiménez concluyó que, por un lado, el expediente era tan viejo que estaba a punto de archivarse y que la duda era tan grande que resulta mejor resolver el caso a favor de Caicedo. Sin embargo, no pasaron ni dos semanas para que la Fiscalía de nuevo lo vinculara a un caso, esta vez por corrupción. Según la hipótesis anunciada, cuando Caicedo fue alcalde de Santa Marta (2012-15), habría incurrido en irregularidades con la firma de tres contratos. El primero, para la megabiblioteca del colegio San Pedro Alejandrino, que tuvo sobrecostos por $5.000 millones y que, aunque iba a quedar listo en cinco meses, resultó aplazado tres años.
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Otro contrato, en 2015, tenía como objetivo la construcción de dos Centros de Desarrollo Infantil (CDI) y ludotecas en el barrio Ciudad Equidad, en el corregimiento Bonda (Santa Marta). El contrato se concretó por el valor de $6.954 millones, pero tuvo sobrecostos por $979 millones y estuvo suspendido por hasta cuatro años. Y, por último, se le recrimina la gestión municipal para adecuar el coliseo La Gaira, tras el cual habría sobrecostos por $700 millones. “Se constató que, trascurridos más de siete años, el escenario no ha sido entregado en condiciones adecuadas y se encontraría en deterioro e inutilización”, aseguró la Fiscalía.
La justicia disciplinaria también ha acechado a Caicedo. En mayo de 2019, la Procuraduría lo inhabilitó para ejercer funciones públicas por 12 años, pues concluyó que incurrió en irregularidades en la contratación de pozos de agua durante una emergencia ambiental en Santa Marta. Sin embargo, solo un año después, la Procuraduría reversó su decisión, argumentando falencias procesales. Aun así, el órgano de control reporta que Caicedo es el gobernador con más investigaciones abiertas: un total de 14. Entre ellas un juicio disciplinario por, presuntamente, cambios irregulares en el POT de Santa Marta y hasta el supuesto acoso laboral de su exsecretaria, Vanessa Bermúdez.
El “Mello” Cotes
Antes de entrar a la administración pública, en la Asamblea de Magdalena (2007), Luis Miguel Cotes era reconocido como uno de los mejores acordeoneros de la región. Es hijo de Álvaro Cotes Vives y sobrino de Luis Miguel Motes Vives, conocidos en el Magdalena como “Los Conejos” y por sus negocios y alianzas políticas. Según confesó en una entrevista con TeleCaribe, él y su hermano gemelo, Álvaro Cotes, pasaron por un concurso para ver quien se lanzaría a cargos públicos, para mantener el poder de la familia. Una posición que alcanzó pronto, pues con tan solo 24 años fue elegido gobernador del Magdalena (2012-2015).
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Su supuesta gestión corrupta, como administrador del departamento, es la que imputará la Fiscalía. Todo tiene que ver con la “Vía a la Prosperidad”, que pretendía el mejoramiento de la vía Palermo – Sitio Nuevo – Remolino y Guaimaro en Magdalena. Al parecer, firmó contratos y adiciones, con todo tipo de errores, que habrían generado millonarias pérdidas económicas que configurarían un peculado que asciende a más de $73.109 millones. Según detalles del caso, el contrato se firmó en medio de lo que serían incrementos patrimoniales sin sustento, posibles anomalías en los estudios previos y la estructuración del presupuesto.
En 2020, por los mismos hechos, la Procuraduría multó a Luis Miguel Cotes con $100 millones, pues encontró que para la “Vía a la Prosperidad” se usaron estudios y diseños desactualizados. Estos, como se probó, no tuvieron en cuenta la ola invernal, entre 2010 y 2011, que cambiaron las condiciones físicas de la carrera. Al final, se hicieron solo 18.3 km a pesar de que estaba proyectada para 52.6 km. Y la Procuraduría concluyó que, en realidad, esa vía no tuvo nada de prosperidad: la vía no es funcional, el proyecto no fue finalizado, no hubo procesos contractuales para continuar la vía y, aparte, los contratistas se tardaron el doble de tiempo para entregar menos kilómetros de los acordados.
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La Fiscalía, por otro lado, tiene en juicio ante la Corte Suprema al “Mello” Cotes por, en 2012, la contratación de la empresa Aposmar S.A. como operario del chance en el departamento por cinco años. Según el ente investigador, Cotes habría permitido que las condiciones favorecieran únicamente a esa firma, que, aparte, pertenecía a Enilce López, alias La Gata. La misma que está condenada por el asesinato del guardia de seguridad Fabián Ochoa Torres, a manos de paramilitares que lo consideraron un colaborador de las Farc. La Gata, además, como tiene entre sus cuentas la JEP, usó su poderío en los juegos de azar para lavar plata del paramilitarismo.
La primera dama Rosa Cotes
Cuando el “Mello” Cotes fue gobernador, según reporta La Silla Vacía, su tía, Rosa Cotes Vives, fue nombrada “primera gestora departamental” o primera dama. Ese era un puesto que ya conocía, pues obtuvo esas funciones de la mano de su esposo, Francisco Zúñiga, quien fue alcalde de Santa Marta (1993-94 y 2004-07). La pertenencia de Rosa al clan Cotes, y conociendo la política de cerca, fue suficiente para llegar a la gobernación de Magdalena (2016-19). En ese periodo, imputará la Fiscalía, habría entregado a dedo tres contratos de contabilidad, por $1.023 millones.
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Rosa Cotes es ampliamente conocida en la región por su relación con Zúñiga, quien fue alcalde de Santa Marta, gracias, entre otras cosas, al apoyo del temible jefe paramilitar Hernán Giraldo, líder del Frente Resistencia Tayrona de las Autodefensas. Zúñiga confesó su crimen en 2009 y fue condenado a cuatro años y dos meses de prisión. Según El Tiempo, “los paras al servicio de Giraldo presionaron para que los habitantes de las veredas y corregimiento de las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta y zonas adyacentes a la Troncal del Caribe votarán en las elecciones de octubre de 2003 por Zúñiga”, acusó la Fiscalía.
Entre otros episodios, a Rosa Cotes se le criticó la entrega de hasta 5.000 sillas “Todo Terreno” para discapacitados, que no eran otra cosa que sillas plásticas parecidas a las Rimax, con ruedas y posapié. Fueron entregadas en alianza de la Fundación Caminos por Colombia. “Estos neumáticos permiten a la persona desplazarse por terrenos pedregosos, desiguales y con barro, lo que sería imposible hacerlo con una silla convencional”, precisó la Fundación en su momento. Ahora, Rosa Cotes estará vinculada a un proceso judicial por corrupción. Su sobrino, el Mello Cotes, también está en el ojo de la Fiscalía. Y su enemigo político, Caicedo, quien gobierna hoy en día, se prepara para un nuevo episodio judicial en su contra.
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