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Los 11 cuerpos que llegaron a Medicina Legal tras el cuestionado operativo militar, realizado el lunes 28 de marzo en Puerto Leguizamo (Putumayo), ya fueron identificados y ocho de ellos fueron entregados a “personas autorizadas” para recibirlos. Aunque la Fuerza Pública y el Ministerio de Defensa insisten en que fueron guerrilleros muertos en combate, comunidades y organizaciones de derechos humanos insisten en que eran civiles: campesinos e indígenas que fueron asesinados.
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De acuerdo con información que Medicina Legal le entregó al senador Iván Cepeda, recibieron en total 11 cuerpos. De ellos, identificaron a 10 como mayores de edad y el restante es un menor de edad, lo que confirma el dato de la Defensoría del Pueblo sobre un adolescente de 16 años muerto. Igualmente, la entidad forense determinó que los cadáveres correspondían a 10 hombres y una mujer, todos fallecidos en el operativo militar.
En su petición de información, el senador Iván Cepeda también solicitó que le informaran la causa de muerte de los cuerpos que recibió Medicina Legal provenientes de la vereda El Remanso, de Puerto Leguizamo (Putumayo). El instituto despejó en parte las dudas del legislador, pero aclaró que los informes de necropsia fueron entregados a las autoridades pertinentes y es a ellas a quienes debe acudir el senador para conocer la causa de esas muertes.
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Medicina Legal clasificó las muertes dentro de la variable “acción militar”, pero no reveló más detalles. Mientras tanto, la Fiscalía continúa las investigaciones para esclarecer la operación militar en la que murieron estas 11 personas. Según ha dicho el gobierno, buscaban capturar a alias Bruno, jefe de una disidencia de las extintas Farc llamada Comandos de la Frontera. Aun así, persiste la duda de si los fallecidos eran realmente criminales, como los presentan las autoridades, o civiles, como asegura la comunidad.
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Ante la incertidumbre, la organización Human Right Watch (HRW) envio 19 preguntas al Ministerio de Defensa para que esclarezca lo que realmente ocurrió en Puerto Leguizamo (Putumayo) el pasado 28 de marzo. En sí, la organización internacional busca conocer con precisión la fecha, el lugar y el objetivo de la operación.
“¿Qué unidad participó en la mencionada operación? ¿Cuántos hombres en pie de fuerza terrestre participaron en la operación? ¿Se contó con apoyo militar, naval y/o de personal en helicóptero? Narre las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las cuales se desarrolló la operación militar. Precise el número de personas ‘neutralizadas’ y, si pertenecían a un grupo armado, el grupo armado al cual pertenecían y su identificación (nombres, apellidos, edades y números de cédula de ciudadanía)”, son algunos de los cuestionamientos que HRW remitió al Ministerio.
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Según aseguró con algún sarcasmo o ironía el ministro de Defensa, Diego Molano, a los “‘inocentes civiles’ se les incautó: arsenal de guerra, granadas, fusiles, proveedores, cartuchos, entre otros”. Además, explicó que se trataría de una operación legítima en su totalidad y que las operaciones militares del Ejército cumplen con los protocolos exigidos.
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