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Hay parte de razón en las desafortunadas palabras que Juan Pablo Ramírez, secretario de gobierno en la alcaldía de Medellín, dijo ayer justo después de los disturbios entre la barra de Atlético Nacional y la policía, que obligaron a la suspensión del clásico contra América de Cali en la Liga BetPlay.
Es cierto, Nacional debe tomar responsabilidad en lo que sucedió. Pero, en parte. No como dijo el secretario, que aseguró que el caos de seguridad que estalló en el Atanasio era culpa de la institución. Va más allá, en la estrategia continuada de los dirigentes que durante años dotó de poder a las barras, con beneficios económicos que a la larga, como se demostró en los últimos meses, se hicieron insostenibles. Por eso estalló todo el domingo y en eso Nacional —un asunto que no es menor y al contrario es el meollo de toda la problemática— debe hacer un “mea culpa”.
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Sin embargo, la línea que tomó la alcaldía en el caso es, por lo menos, cuestionable. Después de las palabras de su secretario de gobierno, Daniel Quintero, alcalde de la ciudad, dijo a través de Twitter que a Nacional no se le iba a volver a prestar el estadio. También dijo que prefería “a los policías cuidando a la gente en las calles” que concentrados en un escenario deportivo. Y que, y ahí está el barullo, solo dará vuelta atrás a su decisión cuando la dirigencia se siente a dialogar con las barras para establecer “condiciones mínimas de seguridad entre barra y directivas”.
No lo dijo textualmente, pero dejó la puerta abierta en ese sentido: que Nacional debía ceder ante las pretenciones de sus barristas, que demandan que se restablezcan los beneficios económicos que durante décadas la dirigencia del cuadro verdolaga les regaló.
El secretario de gobierno lo dijo de forma más abierta en su mensaje de “construir fútbol en paz”. Parafraseando las palabras de Ramírez, su declaración fue la siguiente: “esta batalla campal es responsabilidad de Atlético Nacional, que rompió el acuerdo de trabajo conjunto entre la hinchada y el club que existía desde hace más de 20 años y generó este caos y este riesgo para la ciudad”.
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No es desacertado pedir una conciliación entre las dos partes. Sí, debe haber conversación. Es lógico, por más de que Nacional sea una institución privada, el cuadro antioqueño se rige en un escenario netamente público y popular, así que debe haber un llamado al diálogo entre todos los actores involucrados y no se puede resolver el problema de un tajo, con una simple decisión empresarial. Los acuerdos que se buscan para dirimir la situación, según explica tanto el gobierno de la ciudad como los barristas, son rehuidos por los dirigentes del verde, que se niegan a sentarse en la mesa con los hinchas. Ese es un problema.
La Dimayor, en su comunicado oficial, respalda al club: “es inaceptable que se responsabilice a los clubes del fútbol profesional y a sus dirigentes por el actuar de vándalos que, por portar una camiseta, no representan los valores de una institución, ni poseen vinculación alguna con la misma”.
Y en el tire y afloje, también es otra arista que las exigencias de los barristas son desproporcionadas. En ese escenario, y ante esas expectativas, la dirigencia de los verdolagas es vehemente en no aceptar, ni siquiera, la conversación. Más, si tenemos en cuenta la escalada de la violencia, con amenazas a los dirigentes, protestas y estallidos como el del domingo, que crisparon la situación al límite, dando pie a la cúpula de Nacional para ser todavía más reacia en su postura.
¿Quién afloja? Ahora, con la opinión pública a su favor, los dirigentes de Nacional tienen la sartén por el mango. No es algo que amilane a los barristas, convencidos de la justicia de su causa y ambiciosos de recuperar el poder que los “verdaderos dueños” del equipo les quitaron sin mediar.
Por eso, resulta necesaria una intervención estatal de la situación, más allá de una conciliación “para ajustar medidas de seguridad”. No sirve de nada volver a llegar a un pacto que, a la larga, se vuelve insostenible para cualquier club. Pactos bajo la mesa sustentados en dineros escondidos. Y eso que, en este caso, estamos hablando del cuadro más poderoso y adinerado de nuestro fútbol. La violencia de las barras en el fútbol colombiano tiene más capas y lo que sucedió el domingo en el Atanasio es un episodio de una larga historia de sucesos. Infortunios que fueron solucionados con medidas laxas, que pospusieron una debacle cantada que nunca termina de llegar a su acabose.
La génesis del problema en Nacional
Ese pacto al que se refería el secretario de gobierno —ese que llevaba más de 20 años—, no es otra cosa que la financiación de Atlético Nacional a sus barristas. En especial, a Los del Sur, los hinchas más radicales y populares del verde antioqueño.
Nacional, en su apogeo, financió a las barras con boletas, banderas, humos, tifos y un largo etcétera de beneficios con la condición de garantizar la paz en el estadio. La institución daba prebendas a los hinchas para que estos se comportaran y no se mataran los unos con los otros. La intención más noble de la estrategia buscaba que, además, las barras hicieran trabajo social en los barrios y las calles, un modelo de construcción de paz en el fútbol sostenido plenamente por el talonario del cuadro verdolaga.
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Y si había dudas sobre la veracidad de ese pacto —tácito y secreto a voces—, la confirmación la dio el presidente del equipo, Mauricio Navarro, después de los incidentes en la previa del partido con América: “Nosotros simplemente les anunciamos que el club, debido al déficit económico, no aceptaba algunas exigencias. El tema de los abonos lo han torpedado y nosotros no estábamos en capacidad de aceptar lo que pedían en temas económicos, como la boletería, la salida de los tifos, el humo en las gradas o el dinero que exigían por cuidar a las hinchadas visitantes. Las medidas están tomadas, si la barra no quiere dejar hacer el partido va a ser difícil”.
Los tiempos no son los de antes y la organización Ardila Lülle le exigió a Nacional empezar a rendir como empresa. El despilfarro del equipo en los últimos años se empezó a controlar desde la cabeza de la institución y eso llevó al cuadro verdolaga a cortar gastos en todas sus ramas.
En el ocaso de la gloria que vivió Nacional, tras la década de su segunda Copa Libertadores, la debacle del equipo, sin los resultados de otrora, ha afectado a la institución más prestigiosa del fútbol nacional en todos los aspectos. Y el económico es clave para entender lo que está sucediendo.
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Las medidas tomadas por el nuevo presidente, que además llegó al cargo al mismo tiempo de otros dirigentes que la hinchada no ve con buenos ojos, derivaron en el enfrentamiento a campo abierto con las barras. Desde hace meses, las conversaciones entre las partes no han llevado a ningún puerto. Y lo que empezó en manifestaciones pacíficas derivó en un enfrentamiento que superó toda escala, con decenas de heridos entre policías e hinchas y varios capturados de la barra.
Sin espacio para el diálogo, desde Nacional dicen que en las reuniones con los barristas no se ha encontrado solución, mientras que Los del Sur responden, como sucedió el domingo, que los dirigentes ni siquiera se presentan a los encuentros pactados por la alcaldía de la ciudad, algo que corroboran los funcionarios del gobierno local ante la negativa del presidente del equipo, quien asegura que las reuniones son ”sesgadas y organizadas a mansalva para arrinconar a Nacional”. O miente uno, o mienten dos. O cada parte utiliza su versión para manipular a la opinión pública.
Lo cierto es que la problemática se salió de control. Y Atlético Nacional no se mueve de su postura, es, como dijo el presidente, una determinación empresarial. ¿Qué rumbo se puede tomar?
Una crisis que se pudo evitar
El partido con América se iba a jugar en un ambiente de absoluta tensión. En la previa, Los del Sur soltaron amenazas en Twitter.
Se venía venír, se sabía que iba a suceder y, de todas maneras, la policía fue incapaz de prevenir el desmán. La solución de las autoridades, en cabeza de Juan Pablo Ramírez, fue culpar al equipo: “Queríamos evitar lo que sucedió hoy: 11 policías lesionados y 13 ciudadanos afectados (…) Nosotros cogemos gran parte de la seguridad de la ciudad para ponerla en función de la seguridad de un privado, pero ese privado no solo no nos ayuda, sino que nos genera mayores riesgos”.
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Había múltiples alertas, advertencia de las intenciones de las barras y, sin embargo, la situación desbordó a la fuerza pública que se enfrascó en una batalla en las tribunas y los alrededores del estadio, aplicando su fuerza contra los hinchas, también desmesurados en sus ataques contra los agentes que intentaban contener la situación.
Sin embargo, el desmadre del estadio no terminó siendo otra cosa que el eterno reflejo de escándalos que se cocinan día a día en los espacios deportivos de Colombia. El incidente de Nacional irá la lista de revueltas que estallan en los estadios y que a veces, dependiendo la escala de la violencia, tienen consecuencias que involucran mayores o menores tragedias.
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No hay que mirar muy atrás en el retrovisor para encontrar episodios recientes de violencia entre las barras, el más diciente de los últimos meses fue el del hincha de Deportes Tolima que se metió a la cancha de Ibagué para intentar agredir a Daniel Cataño, quien, al final del cuento, está siendo investigado por responder al ataque del energúmeno aficionado.
Un poco más atrás, solo en el tiempo reciente, están los episodios de las invasiones de campo de las hinchadas de Unión Magdalena o de Deportivo Cali. Situaciones que estuvieron muy cerca de rozar una verdadera debacle y que prendieron las alarmas, una y otra vez en bucle eterno, de una problemática en la que nadie toma cartas en el asunto.
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O sí, como en Nacional, porque son varios los equipos que, bajo cuerda, reparten plata entre sus barras para aplacar su comportamiento. Porque desde las leyes no se toman medidas, porque no se aplican políticas estatales para tratar los problemas sociales de fondo y porque, como se demostró este domingo, la fuerza del talonario llega hasta un día en el que todo se revienta y cuando un club dice no va más, la situación con las hinchadas en Colombia se vuelve insostenible.
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