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Separar a la Policía del Ministerio de Defensa, reparar a las víctimas, sistematizar los datos sobre muertos y heridos durante las protestas con organizaciones sociales y promover una ley que reglamente el derecho a la protesta, fueron las recomendaciones que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), luego de la visita que hizo a Colombia. Fue un hito: se dio en medio de la convulsión del paro nacional que estalló desde el 28 de abril de 2021 y, para cuando la Comisión aterrizó en Bogotá, en las calles, a diario, había heridos o muertos en las manifestaciones. La visita sucedió hace exactamente un año y trajo esperanza de que la violencia mermara (algo que sí sucedió).
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Pero a la fecha ninguna de esas cuatro recomendaciones ha sido acatada por el Gobierno. De hecho, entre organizaciones de derechos humanos y víctimas hay la sensación de que el incumplimiento es total. Recomendaciones generales, como garantizar los derechos económicos y sociales, reforzar la confianza de la ciudadanía en el Estado o promover el diálogo no se han cumplido, opinó Óscar Ramírez, abogado de la ONG Comité de Solidaridad con Presos Políticos. En su momento, la CIDH aseguró que había evidenciado, en terreno, que los colombianos salieron a las calles hastiados de la desigualdad, para encontrarse con una represión violenta”.
Pero el diálogo, en el que tanto insistió la Comisión, no se dio, explicó Ramírez. “En las mesas ponían a discutir a los gremios con los defensores de derechos humanos, y el Estado se lavaba las manos. Los procesos de diálogo fueron simulados y, por el contrario, un ejercicio de confrontación”, agregó el abogado. El panorama no es distinto con recomendaciones más puntuales. Óscar Ramírez citó un ejemplo: evitar el uso desproporcionado de la fuerza. “Después del informe con las recomendaciones de la CIDH, se presentaron por lo menos dos homicidios por parte del Esmad durante las manifestaciones: uno ocurrió en Bogotá y el otro, en Norte de Santander”.
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A lo que añadió que “hay otra dinámica muy preocupante que demuestra que el Estado no tiene intención de transformar su manera violenta de atender las protestas: el alto número de personas que resultan heridas y, en particular, los traumas oculares debido al uso de armas menos letales durante las manifestaciones sociales. Solamente la semana pasada tuvimos dos heridos de trauma ocular en Bogotá. Durante todo mayo tuvimos tres”. Temblores, organización que lleva un registro de denuncias de abuso por parte de la Policía, concluyó en un informe que lanzó esta semana: “Después del paro nacional de 2021, hemos registrado otros 203 casos de violencia policial”.
Solo en los primeros cuatro meses de 2022, Temblores registró 161 agresiones de la Fuerza Pública, y al menos la cuarta parte ocurrieron en contextos de protesta. Para Alejandro Rodríguez, quien coordina el observatorio de la ONG Temblores, a pesar de los reproches que hizo la CIDH a la actitud del Estado, las víctimas solo han aumentado. Además, señaló: “No ha habido ningún paso hacia la reparación, ningún perdón público. No ha habido siquiera un reconocimiento. La problemática se ha agudizado”. Para el abogado Óscar Ramírez, la situación de violencia puede agudizarse aún más, pues no solamente no se implementaron las recomendaciones, sino que se legisló en contra de lo que sugirió la CIDH. Puso como ejemplo la Ley de Seguridad Ciudadana.
En la nueva norma se aumentaron, por ejemplo, las penas en los delitos que más imputó la Fiscalía a manifestantes, como la obstrucción de vías o el lanzamiento de sustancias peligrosas. Esto a pesar de que el 76 % de los vinculados a este tipo de investigaciones penales tuvieron que ser dejados en libertad, porque sus capturas fueron declaradas ilegales y de que la CIDH llamó la atención por el uso del derecho penal contra quienes protestan. Asimismo, la Ley de Seguridad Ciudadana amplió el marco que tiene la Policía para utilizar los traslados por protección, una forma de detención que ha sido fuertemente criticada porque no tiene control de un juez.
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“En vez de cambiar esta figura, no estimular su uso, implementar mayores controles, como recomendó la CIDH, el Gobierno endureció su posición”. Alejandro Rodríguez, desde Temblores, reprocha que, mientras tanto, “no ha habido ningún fallo condenatorio contra un policía por los abusos cometidos. Hay algunos avances, pero en muchos de los casos las investigaciones no reportan avance alguno”. En este punto también insistió el abogado Ramírez, pues, “en contraste, hay una gran cantidad de procesos penales contra líderes de la primera línea. Ahí hay una tremenda desproporción: mientras hay más de 260 personas de la primera línea judicializadas, hay apenas unos pocos procesos en los que se vincula a policías”.
A juicio de Rodríguez y Ramírez, el que no haya sanciones contra los responsables de los abusos puede llevar a que se repitan. Del lado de las víctimas también hay desilusión. Sin embargo, centran sus esperanzas en un futuro y no en el año que ha transcurrido. “Creo que la visita sí sirvió, porque el gobierno que viene tendrá a su disposición el informe de la CIDH y de las diferentes organizaciones”, dijo Andrés López, líder social de la Comuna 20 de Siloé en Cali, uno de los manifestantes que hablaron con la Comisión durante la visita. Para López, las medidas para reforzar la confianza de la ciudadanía en el Estado es una tarea pendiente. “La Fuerza Pública o las instituciones en ningún momento se han acercado a esclarecer la verdad”, señaló López.
Incluso, agregó el líder social, las estigmatizaciones continuaron. Frente a los retos para el gobierno entrante, en lo que atañe a las recomendaciones, Andrés López explica que es necesario dar legitimidad y dignificar la protesta. Asimismo, pide impulsar el diálogo en torno a las exigencias del paro, y de la mano de la CIDH y de las organizaciones de la sociedad, esclarecer lo que pasó las manifestaciones. El abogado Ramírez considera que el gobierno Duque seguramente “va a dar cifras de todo tipo: que se atendieron miles de denuncias, que hay abiertas tantas investigaciones”. Pero, reprocha que esos supuestos resultados, “no se han traducido ni en sanciones, ni en individualización de responsables, ni en cambios”.
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Hace una semana la CIDH publicó su informe anual sobre derechos humanos en la región. Allí recogió gran parte de los hechos que evidenció durante su visita y de las recomendaciones que emitió. Pero, además, le hizo un nuevo llamado a Colombia: cuestionó que se estaría abusando de nuevo de los traslados por protección, criticó que el Estado y las organizaciones sociales presenten cifras tan dispares sobre muertes y homicidios, y señaló que la Policía y el Esmad “habrían irrumpido en diferentes movilizaciones y puntos de resistencia pacíficos mediante agresiones físicas, sexuales y verbales”. Tras un año de su visita y de las recomendaciones, le recomendó al Estado, como insisten las organizaciones y los líderes, que debe haber sanciones: “La Comisión recuerda que la impunidad contribuye a la reproducción de estos hechos”.
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