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Tal vez recordemos los videos durante el paro nacional de 2019 donde un agente de la Policía disparó a una multitud de manifestantes y el proyectil impactó a Dilan Cruz, causándole la muerte; o el asesinato del abogado Javier Ordoñez ejecutado también por agentes de esta institución; o las denuncias de líderes sociales constreñidos por grupos armados ilegales, y hasta los feminicidios que han dejado cientas de víctimas todavía en la impunidad. Hechos como estos hacen parte de un informe que varias organizaciones de derechos humanos le presentaron al Comité contra la Tortura del Sistema de Naciones Unidas (CAT). En total, reportaron que entre el primero de enero de 2015 al 30 de junio de 2022, se registraron 495 hechos de tortura.
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El informe se presentó la semana pasada ante esa instancia de la ONU. Entre el 18 y 19 de abril, Colombia sustentó el informe sobre tortura ante el comité internacional en Ginebra (Suiza). El insumo principal para esta valoración son dos informes, uno presentado por el Estado, y otro alternativo, elaborado por la Coalición Colombiana contra la Tortura (CCCT), Sisma Mujer, PAIIS y Coalico, donde se evidencia cómo Colombia, que desde 1986 firmó la convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, sigue incumpliendo sus obligaciones internacionales con relación a este tipo de tratos. Son 10 los expertos independientes que evaluarán el cumplimiento de las obligaciones del Estado y emitirán en mayo de este años la evaluación donde incluyen una serie de recomendaciones generales.
Con este último examen a Colombia (el anterior data de 2015), el CAT manifestó su preocupación por los actos de violencia cometidos por miembros de la fuerza pública contra la población civil en el país. Al igual que las organizaciones, los expertos afirmaron que persiste la sistematicidad de algunas formas del delito de tortura y de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en contra de sectores y población vulnerable, entre ellos, niños, niñas y adolescentes; personas con discapacidad; personas privadas de la libertad; defensoras y defensores de derechos humanos; adultos mayores; mujeres y población Lgbtiq+.
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Las alarmantes cifras presentadas por el informe alternativo, que mencionan un total de 495 torturas, documentan que el 12 % se cometieron contra mujeres y el 55 % en contra de hombres. En el 33 % de los casos, no se tiene conocimiento del género de las víctimas y, en al menos 12 casos, se identificaron como víctimas a niñas, niños o adolescentes hasta los 15 años. Asimismo, las organizaciones alertaron sobre los altos índices de impunidad y de falta de reparación de las víctimas. “Preocupa especialmente la falta de herramientas estatales de monitoreo sobre este delito y el subregistro existente”, dice el documento que, además afirma que en Colombia, tanto las Fuerzas Armadas como los grupos ilegales, usan la tortura para silenciar y estigmatizar a ciudadanos en el ejercicio de distintos derechos como el de protesta.
Por su parte, el Estado estuvo representado por la cancillería, el Inpec, la Unidad Nacional de Protección, la Fiscalía, la Unidad de Atención y Reparación Integral para las Víctimas, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Defensa, Medicina Legal, la Policía, el ICBF, la Jurisdicción Especial para la Paz, la Consejería Presidencial para la Juventud y la Consejería Presidencial para los derechos humanos y asuntos internacionales. “No podemos permitir que se repitan y que se perpetúen las prácticas del pasado y que las autoridades estatales vuelvan a ser cómplices de torturas y otros tratos que denigran la dignidad humana”, dijo Elizabeth Taylor Jay, viceministra de Asuntos Multilaterales y delegada en la sustentación del informe ante el CAT.
La delegada colombiana también afirmó que, a través de programas estatales, han realizado el reconocimiento de los derechos humanos de toda la población, respondió sobre los avances legislativos para contrarrestar la crisis carcelaria y la búsqueda de garantías en derechos para las personas privadas de la libertad. Esto, en particular, porque el CAT presentó sus preocupaciones ante el hacinamiento carcelario que ya está en más del 140 % solamente en Bogotá.
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Sobre el paro de 2021 y otras protestas, según informó PAIIS (de la Universidad de los Andes), se evidencia cómo el Estado colombiano sigue incumpliendo sus obligaciones internacionales con relación a tratos crueles e inhumanos. La organización detalla también que CAT le preguntó al Estado por las detenciones arbitrarias y el procesamiento de jóvenes por delitos de terrorismo, concierto para delinquir; lesiones oculares y tortura, y uso de lugares no oficiales de detención. Sobre esto, el comité internacional solicitó información sobre el número de investigaciones penales en curso por tortura en el marco de protestas y el número de sentencias dictadas; sobre las investigaciones en Justicia Penal Militar y cuántos casos han pasado a la jurisdicción ordinaria.
De igual forma, el CAT cuestionó la figura del traslado por protección, bastante usada durante el paro nacional de 2021, por las violaciones a los derechos humanos que esta favorece, tales como: detenciones irregulares, negación del derecho a la representación jurídica, violencias sexuales, entre otras; y preguntó por las investigaciones sobre estos hechos. El CAT le preguntó también al Estado por la aplicación del Protocolo de Estambul en casos de víctimas de estallidos oculares, y por el número de investigaciones y juicios por uso excesivo de la fuerza y empleo indebido de armas de letalidad reducida por parte de la Unidad de Diálogo y Acompañamiento a la Manifestación Pública (anteriormente llamado Esmad).
“Adicionalmente, el Ministerio de Defensa adelanta un análisis riguroso de las medidas que se necesitan para que nuestra fuerza pública atienda a los imperativos de respeto, por la dignidad y por la vida en todas las circunstancias en las que se deba actuar”, explicó la viceministra al respecto de los cuestionamientos hacia el uso excesivo de la fuerza. Las organizaciones recomiendan al Estado que no solo analice, sino que asegure la investigación, juzgamiento y sanción de los agentes del Estado que han cometido actos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradante, a fin de asegurar el debido proceso y el acceso a la justicia de las víctimas. Así las cosas, la evaluación final se conocerá en mayo de este año.
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