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Estaba previsto que, desde el lunes 27 de mayo, en el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia, se realizaran los alegatos de conclusión del juicio en contra de Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Desde 2016, el reconocido ganadero paisa enfrenta un juicio por los delitos de homicidio y concierto para delinquir, por su supuesta participación en la creación de un temido grupo paramilitar que actuó en Antioquia bajo el nombre de los 12 Apóstoles. Es cuestión de tiempo para que el país sea testigo de la definición de uno de los procesos más importantes en relación con el paramilitarismo en Antioquia.
De acuerdo con la Fiscalía, esa organización criminal habría sido responsable de los homicidios de unos 400 campesinos entre 1990 y 1998, señalados de ser auxiliadores de la guerrilla. Entre las víctimas está Camilo Barrientos, un conductor asesinado el 24 de febrero de 1994 por supuestamente hacerle favores a la insurgencia, que es el crimen concreto por el que se acusó a Santiago Uribe. Todo esto habría sido facilitado por un ambiente de silencio en la región: la gente no hablaba por miedo.
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El caso tiene como testigos claves al mayor en retiro Juan Carlos Meneses, quien fue comandante de Policía de Yarumal en la época, cuyas acusaciones contra Santiago Uribe terminaron en la reapertura de esta investigación en 2010, pues había sido archivada en agosto de 1999. Meneses aseguró a la justicia que Uribe Vélez hizo de su finca La Carolina un sitio de entrenamiento y que le pagaba al grupo paramilitar $1’500.000 mensuales de la época, entre otros señalamientos.
Otro testigo clave es Eunicio Pineda Luján, un trabajador de una hacienda que colindaba con La Carolina, quien aseguró a las autoridades que Uribe Vélez se reunía allí con paramilitares. La defensa de Uribe ha sido especialmente crítica con él, arguyendo que tiene esquizofrenia y que, por ende, su testimonio no es válido. El año pasado, los abogados de Uribe objetaron un dictamen de Medicina Legal de 2015 que asegura lo contrario. El recurso se negó, la defensa apeló. Mientras se resuelve, los alegatos finales quedan postergados. El próximo lunes, Uribe Vélez ampliará su versión. Es un hecho, no obstante, que este caso entró en su recta final.
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El Espectador habló con el abogado Daniel Prado, quien representa a la familia de la víctima de este proceso, así como con Jaime Granados, abogado de Santiago Uribe. Ambos están seguros de que la victoria está de su parte. La justicia tiene la última palabra.
¿Por qué consideran que Uribe Vélez debe ser absuelto o condenado?
Daniel Prado: Se ha hecho todo un análisis de los diferentes testimonios y estamos seguros de que esta persona es responsable de los delitos por los cuales lo acusó la Fiscalía. Fueron delitos de lesa humanidad. Ahí tendrá que haber algunas compulsas de copias, porque no fue solamente el homicidio del señor (Camilo) Barrientos, sino que también sea llamado a responder por el resto de los homicidios que cometió ese grupo paramilitar. Está plenamente establecido en el proceso que él era responsable. No tenemos la menor duda de que si el proceso se falla en derecho, este señor va a ser condenado.
Jaime Granados: Santiago es absolutamente inocente. Creo que va a ser una buena oportunidad para que el país se entere de primera mano por qué la acusación de la Fiscalía no tiene ningún sustento y se devele la tremenda injusticia que se ha cometido contra un hombre bueno. Mostraremos pruebas irrefutables para demostrar que Santiago no tuvo nada que ver en el lamentable homicidio de Camilo Barrientos. Para nosotros es claro que fueron otras personas las responsables de ese crimen. Así mismo vamos a mostrarle al país por qué los tres testimonios que la Fiscalía usó para incriminar a Santiago como supuesto jefe de los 12 Apóstoles han sido, a lo largo de todos estos años, completamente desacreditados.
¿El juicio se ha afectado con las circunstancias políticas que lo han rodeado?
D.P.: Hay mucha presión. No es fácil que se tenga hoy en el estrado judicial en calidad de acusado al hermano del expresidente Álvaro Uribe. Esto genera tanta presión en los medios que hay un despliegue considerable de atención y de resonancia a lo que plantea la defensa y se olvidan de dar equilibrio a la representación de las víctimas y a las víctimas.
J.G.: El trámite del juicio no se ha visto afectado por circunstancias políticas. En honor a la verdad debo decir que el juzgado ha dado a todas las partes las garantías necesarias para que haya un debate probatorio y jurídico justo. Circunstancia que, en nuestro criterio, no sucedió en la etapa de instrucción en la Fiscalía, especialmente durante la administración (de Eduardo) Montealegre, cuando se construyó la injusta acusación contra Santiago.
En este caso hay testigos protegidos y se han denunciado amenazas por parte de exintegrantes de los 12 Apóstoles. ¿Qué ha pasado al respecto?
D.P.: El mayor Meneses se sometió a la Jurisdicción Especial para la Paz. Hay otro testigo que está protegido por fuera del país, Eunicio Pineda Luján, bajo la figura de refugio, que permite que testigos de graves violaciones a los derechos humanos o que sean perseguidos puedan estar bajo la protección de un Estado que consideró que sí debía ampararlo para proteger su vida. Hay otro testigo, Olwan Agudelo Betancur, que ha recibido amenazas y un intento de envenenamiento, investigación que está en curso.
J.G.: Hasta donde tengo conocimiento, ningún testigo del caso hace parte del programa de protección a testigos de la Fiscalía. Este es tal vez el caso en Colombia donde más personas han declarado y a pesar de ello han querido construir, ante la opinión pública, el mito de que los testigos se encuentran en riesgo para mostrar a Santiago como un hombre peligroso. Quien conozca el expediente puede dar fe de que ello no es así.
¿Confía en la justicia colombiana?
D.P.: Ha sido satisfactoria hasta este momento la actitud que ha asumido el último fiscal que tuvo el caso (…) quien enrumbó el proceso y dictó la acusación. La vicefiscal (María Paulina Riveros, hoy fuera de la entidad) confirmó la acusación y el juez que tiene la causa ha sido una persona muy recta. No es fácil tomar una decisión en contra del hermano de Álvaro Uribe, pero creemos en la independencia de la administración de justicia.
J.G.: Totalmente.
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