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Los habitantes de Sumapaz no solo heredan el amor por el páramo. Desde hace unas décadas, también parecen heredar la zozobra, ligada al conflicto y a los grupos armados, que han posado sus ojos en este corredor directo a Bogotá. La paz, que invoca el nombre de la región, ha sido pasajera. Hoy existe una nueva amenaza: la supuesta refundación del frente 53 de las disidencias de las FARC, anuncio que revive la deuda de las autoridades con la seguridad de la zona. Los campesinos, cansados de promesas incumplidas, dicen que es algo con lo que han aprendido a vivir.
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“Hemos sido víctimas del conflicto toda la vida. No podemos decir que vivimos tranquilos. Aunque uno se termina acostumbrando, es difícil esa sensación de saber que lo podrían matar sin motivo alguno”, dice Giovanni Susa, presidente de la junta de acción comunal de la vereda Tunal Alto, donde viven casi 140 personas. Las entidades distritales y departamentales quieren acabar esta resignación, mejorando la seguridad, para que los grupos ilegales no regresen jamás.
Para cumplir su propósito, esta semana se tomaron la región. Desde que Claudia López asumió la alcaldía de Bogotá, ha visitado seis veces la región, tres en el último mes, tras la alerta del regreso de grupos ilegales y el homicidio del líder Carlos Julio Tautiva, el 11 de abril. Esta semana hizo un recorrido de dos días con los gobernadores de Cundinamarca y Meta, y alcaldes de Fusagasugá, Venecia, Granada y Pandi. El plan: llevar programas que a mejoren la vida.
El recorrido comenzó el jueves en Cabrera (Cundinamarca), municipio vecino del Sumapaz, que fue catalogado de “zona roja” en las épocas más crudas de la violencia. Hoy se ve fuerza pública patrullando la carretera que lleva al casco urbano. Los soldados caminan a lado y lado de la vía, en la que se nota el abandono estatal, mucha trocha y pocos tramos en obra. En el coliseo comenzó la agenda, con una feria de servicios, liderada por Nicolás García, gobernador de Cundinamarca, quien anunció una inversión de $30.000 millones para la vía Pandi-Cabrera.
“Estamos haciendo lo que la violencia no dejó hacer hace años. Al mirar el corredor, se nota lo que dejó la violencia en la región. Por eso el Plan de Desarrollo aprobó terminar la vía y la troncal de Sumapaz, que conectará la localidad de Bogotá con los pueblos de Cundinamarca”, añadió García, quien anunció $10.000 millones para instalar placas huella en vías rurales. “Hay Policía y Ejército, pero siempre deben estar las instituciones. Aquí ya no pasa lo de antes, cuando los gobernantes se limitaban a trabajar en su zona, sin importarle el vecino. Estamos unidos”, recalcó.
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La alcaldesa de Bogotá, por su parte, agregó que el plan es cuidarse como una sola región. “Compartimos una naturaleza maravillosa y una comunidad campesina que quiere vivir en paz. El Gobierno y el Ejército se quedarán. No permitiremos que ningún ilegal venga a amenazar a Sumapaz y Meta”, dijo López, quien resaltó que la inversión en vías permite, además, trabajar en temas educativos, de salud y deporte. “Queremos unir esfuerzos y recursos. Que la maquinaria de Sumapaz se pueda usar en Cundinamarca. Sin tanto papeleo. Lo importante es avanzar”.
Juan Guillermo Zuluaga, gobernador del Meta, destacó el propósito de evitar que los violentos les roben el sueño a Cabrera y a otros municipios del Meta y Cundinamarca de vivir sin miedo. “Apoyamos la paz de Santos y la paz total del gobierno Petro, pero sin renunciar a la seguridad. No queremos que vuelvan a caer campesinos, soldados ni policías. Hoy vemos cómo a través de redes invitan a jóvenes estudiantes a sumarse a la guerrilla y no podemos permitir que les quiten la oportunidad de educarse. La seguridad no es un capricho, es un derecho”.
Trabajo con las JAC
Tras la visita a Cabrera, el mensaje de esperanza y promesas se trasladó a La Unión, en la localidad de Sumapaz. El viaje, a través de la vereda Peñas Blancas, sacudió a los gobernantes, quienes sintieron el rigor de viajar por un corredor 90 % trocha, enmarcado entre frailejones y la naturaleza del territorio. En la zona poblada, el punto de encuentro fue el Colegio Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela, al que asistieron 12 juntas de acción comunal (JAC), entre ellas Nazaret, Auras, Peñalosa, Laguna Verde y San Juan, con las cuales el alcalde local, Sebastián Saldarriaga, firmó convenios solidarios por $50 millones, para mejorar caminos veredales.
“Es el primer paso para intervenir nuestras necesidades específicas, como caminos veredales e implementar placas huella. También necesitamos formalizar los predios donde están las JAC, para que las inversiones se puedan llevar al andén, a los techos y a otros espacios públicos. Somos una región única, sin límites políticos. Es la paz, la presencia institucional, el hacer las cosas bien y trabajar con los municipios vecinos lo que nos puede ayudar”, señaló el alcalde local.
La alcaldesa López se refirió al abandono estatal. “Por años el Estado nunca llegó. La gente necesita sentirse acompañada del Estado. No queremos volver a vivir los horrores de la violencia y las extorsiones. Hemos visto problemas de contratistas que dejan abandonadas las obras. Hoy vamos a ejecutar $33.000 millones en la región y las mejores ejecutoras son las JAC. Tenemos derecho a vivir sin miedo. Algunos campesinos tienen historias de horror en su cabeza, que esperamos no se repitan”.
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El gobernador de Cundinamarca dijo que el propósito es llevar 2.500 convenios solidarios a la región y garantizar que los proyectos terminen, como aporte a la seguridad de Sumapaz, beneficiando la tranquilidad no solo del Meta, Bogotá y Cundinamarca, sino también a Tolima y Huila. El gobernador del Meta, por su parte y ante la preocupación por la presunta presencia de disidencias, hizo este llamado: “Pongámonos las pilas, para que no vuelvan a pensar en la toma de este corredor histórico”.
La propuesta de formalizar la tierra
A la par con la seguridad y la presencia del Estado con programas y asistencias, uno de los clamores de la comunidad es la formalización de tierras que, aunque no parezca, termina siendo un asunto de seguridad. Resolverlo fue una de las promesas de la visita del Gobierno Nacional, a través de Ricardo Romero, de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), quien indicó que hay casi 22.000 hectáreas que se deberían someter a ese proceso y el propósito es hacer las gestiones.
“Tenemos 5.000 hectáreas verificadas, viables para el proceso. Un equipo hace el reconocimiento, para incluirlos en el inventario de baldíos. Esa gestión, en cumplimiento del acuerdo de paz, es parte estructural de nuestra entidad, al servicio de la comunidad del Sumapaz”, dijo Romero, cuyo compromiso lo respaldó el Gobierno Nacional, con Vladimir Rodríguez, director de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Defensa y exalto consejero de víctimas de Bogotá, quien destacó que hace un mes presentaron el programa de política de seguridad, que en este gobierno tiene una diferencia.
“Incluyó la formalización de tierras y la presencia del Estado con políticas, que apunten a superar la pobreza. Que aquello que se concibe como seguridad sea un compromiso de todas las entidades del Estado. Cuando fui consejero de paz, hablábamos de la necesidad de garantizar paz en el territorio”.
Y agregó: “Una vez los gobernadores y la alcaldesa le presentaron al presidente el plan, se coordinó la operación de seguridad Ezequiel, pero también un programa a corto plazo con la SAE y la ANT. No podríamos desarrollar la estrategia de protección de la vida y la paz total sin ayuda de la alcaldesa y los gobernadores. Pronto, con la presencia del presidente y los ministros, seguiremos implementando la reforma de la paz total. La ANT trabajará para formalizar más de 300 predios este año”.
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El compromiso lleva algo de alivio, en especial en una región donde las FARC entregaron predios, tras el proceso de paz, y hoy no tienen doliente.
“Recorrimos veredas en Cabrera, La Unión, Tuna Baja, Tuna Alta y Chorreras, en donde están los predios que entregaron las FARC, pero que no están a nombre de nadie. Eso podría ser la causa de algunos casos de inseguridad”, dijo la alcaldesa, quien habló del asesinato de Carlos Tautiva, que pudo estar relacionada con uno de estos predios.
Al parecer, a su finca se le metían animales de un predio colindante, que lo llevó a buscar a su vecino. Una hipótesis, que investiga la Fiscalía, es que no encontró a un vecino sino a alguien de un grupo ilegal. Hoy, la familia de Tautiva adelanta trámites para registrarse ante la agencia de víctimas.
Ante esto, hubo tres cosas que ella y los gobernadores le pidieron al presidente Gustavo Petro: que la SAE se haga cargo de esas tierras y dejen a alguien a cargo; más patrullaje y, que en medio de esa tarea, establezcan con qué fincas colindan esos terrenos, ya que las versiones dicen que en el pasado las disidencias iban haciendo un corredor, con la construcción de casas en esos predios.
“Hoy vinimos y nos damos cuenta de que no hay nadie, no hay nadie armado, pero se debe investigar”, señaló la mandataria.
La jornada terminó el viernes, en el pico de la Alegría, donde los mandatarios escucharon a la comunidad del Duda, Cabrales y de centros poblados como San Juan, quienes les mostraron cómo es vivir en la región de Sumapaz y caminar este páramo cada 15 días, con sus productos a lomo de mula, animales que con sus cortas vidas reflejan lo duro del trayecto. Pero es la única opción para campesinos, que deben viajar ocho horas para vender sus productos.
Al final, el recorrido lo calificaron los gobernadores y la alcaldesa como histórico, pues nunca se habían reunido en esa frontera, donde destacaron, incluso que también debieron estar los gobernadores de Huila y Tolima.
Pese a las buenas intenciones, es claro que un viaje no es suficiente para devolverles la tranquilidad a los pobladores. “Con los recientes sucesos, ha aumentado la zozobra, aunque hemos tratado de mantener la tranquilidad. Sabemos que en este conflicto estamos en medio del fuego. Solo el aumento de uniformados no nos brinda seguridad. Que esté la Policía o el Ejército, sinceramente, no significa más seguridad”, dijo el presidente de la JAC de Tunal Alto.
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“Como habitantes, hemos sido víctimas tanto de los ilegales como del mismo Gobierno. Aunque es bueno que estén acá, lo que necesitamos es paz, más derechos humanos y que, además de fuerza pública, estén otras entidades que nos brinden una garantía de poder vivir. Su presencia la vemos con buenos ojos y esperamos que todo lo hablado se cumpla”, concluyó.
Las necesidades y tareas están claras. Solo resta que todos los compromisos que se escucharon durante este viaje no sean solo promesas, en medio de un año electoral. La comunidad de Sumapaz, como dicen sus líderes, necesita que les cumplan, no solo para recuperar la tranquilidad, sino la confianza tras años de abandono y desidia estatal.
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Por Sara Caicedo
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