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Uno de los nuevos macrocasos que está por abrir la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) investigará los crímenes cometidos por la Fuerza Pública y los Agentes Estatales no Integrantes de la Fuerza Pública en colaboración con grupos paramilitares. El número de víctimas de estos ilícitos, incluidos los perpetrados por esas alianzas, se estima en aproximadamente 195.992 personas. Sin embargo, semejante desafío tiene un punto de partida avanzado: casi 20 años de investigación y judicialización macrocriminal realizada en el proceso especial de Justicia y Paz, un modelo de justicia transicional anterior al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición. De esta forma confluyen los objetivos de los dos modelos de justicia transicional, que es el de construir un país sin violencia y capaz de asumir la dolorosa verdad de años de conflicto, con un enfoque reparador.
(En contexto: Operación Orión, tomas guerrilleras de pueblos y más hechos que investigará la JEP)
Por las obligaciones asumidas por el Estado colombiano en el marco del Acuerdo de Paz con las Farc, la Fiscalía (FGN) elaboró un inventario sobre las compulsas de copias recibidas por los Tribunales de Justicia y Paz que vinculan a terceros civiles, Agentes del Estado no combatientes e integrantes de organizaciones ilegales que habrían financiado o auspiciado el conflicto armado. El total de noticias criminales asciende a 16.772, y son el resultado de menciones que los postulados a Justicia y Paz (Ley 975 de 2005) hicieron en versiones libres, audiencias, incidentes de reparación, imputaciones de cargos, sentencias, sobre conductas cometidas por terceros civiles en complicidad con paramilitares y que no fueron judicializadas por estos tribunales por falta de competencia. Gracias a la convergencia de los procesos transicionales, la JEP tiene la posibilidad de completar el rompecabezas de lo ocurrido en el conflicto armado en Colombia, por lo menos en relación con miembros de la Fuerza Pública y los terceros que se sometieron a esta jurisdicción, que incluye a Agentes Estatales no Integrantes de la Fuerza Pública.
Según los datos de la FGN, de las 16.772 compulsas de copias inventariadas, 311 hacen referencia a terceros civiles, 835 a Agentes estatales no combatientes, y 411 a combatientes, todos ellos con potencial para comparecer en la JEP. Si bien estas cifras constituyen un primer acercamiento para la Jurisdicción, el trabajo adelantado en Justicia y Paz es mucho más profundo.
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Las decisiones judiciales emitidas por los Tribunales de Bogotá, Medellín y Barranquilla dan cuenta de: i) una narrativa sobre el conflicto armado desde los antecedentes y creación de los grupos paramilitares: sus causas, métodos de financiación, hasta su desmovilización; ii) una identificación e individualización de cada una de las estructuras paramilitares que existieron en el país, con sus máximos comandantes, financiadores, hechos cometidos y patrones macrocriminales implementados; iii) un reconocimiento de las víctimas, sus expectativas de reparación, los daños sufridos durante el conflicto, sus relatos, verdades y necesidades; iv) la mención de terceros civiles o colaboradores de los grupos paramilitares que financiaron y auspiciaron a dichos grupos en la comisión de ilícitos. Este trabajo es una labor que constituye un avance de gran calado para la justicia transicional.
Por su parte, la JEP tendrá la posibilidad de contrastar, complementar y articular el contenido de las más de 70 decisiones emitidas hasta la fecha por los Tribunales de Justicia y Paz. Allí reposa una parte del rompecabezas que se deberá completar y que entre otras cosas incluye:
- El despojo masivo de tierras y hasta de ciénagas para el beneficio de algunos ganaderos en zonas como Córdoba y Urabá.
- La cooptación de cargos públicos, locales, regionales y nacionales, por simpatizantes de los grupos paramilitares, que luego utilizaron para favorecerlos.
- El relacionamiento de las Autodefensas con medios de comunicación, universidades y figuras públicas que legitimaron el discurso paramilitar y facilitaron su ingreso a las regiones.
- El alcance del proyecto paramilitar en la agenda legislativa del país.
- La relación de financiación, patrocinio o extorsión de los grupos paramilitares con algunas de las empresas más representativas del país.
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Estos primeros hallazgos sobre el rol de los terceros en el desarrollo y el recrudecimiento de la guerra en Colombia ponen en evidencia algunas de las causas más profundas de nuestro conflicto, y al mismo tiempo, una nueva oportunidad para enfrentarlas. Por una parte, hemos creado un círculo vicioso en el que ciertos sectores sociales deciden armarse y crear grupos de autodefensas para enfrentar a otro grupo armado que vulneraba sus derechos de forma masiva. De esta manera, y en el marco de la lucha armada contrainsurgente, se establecieron alianzas entre grupos de autodefensas y agentes del Estado, con el objetivo de atacar a su enemigo común.
Dichas alianzas alimentaron una grave enfermedad social que ya existía, la corrupción, ahora desbocada y llevada a nuevos escenarios, generando fenómenos como la parapolítica, el despojo masivo de tierras y ciénagas para beneficio empresarial, la ejecución de civiles presentados como bajas en combate, la cooptación de instituciones judiciales como la misma FGN, entre otras. Una enfermedad que puede llegar a tener un antídoto después de que conozcamos la totalidad de sus causas, que ya fueron identificados por el proceso de Justicia y Paz, pero que requieren de un cierre y diagnóstico final en la JEP, con miras a sanar las heridas del pasado y recuperar la confianza en aquellos que alimentaron esta guerra innombrable.
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