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El magistrado y presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Alejandro Ramelli, envió una carta a la Corte Penal Internacional (CPI) en la que advierte riesgos por una propuesta que busca recortar hasta COP 100.000 millones del presupuesto de su entidad. En la carta dirigida a los fiscales adjuntos Nazhat Shameen Khan y Mame Mandiaye Niang se solicita un respaldo a la independencia fiscal y judicial de la JEP, así como al proceso de paz firmado en La Habana.
La propuesta presentada por el senador Enrique Gómez (Salvación Nacional) fue presentada en el marco de las discusiones del Presupuesto General del 2027 en el Congreso y pide el traslado de esos recursos al Consejo Superior de la Judicatura. La misma tuvo luz verde del presidente, Abelardo de la Espriella, quien dijo "publíquese y cúmplase", en sus redes sociales.
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Es por ello que en su misiva, Ramelli advierte que el recorte presupuestal a la JEP "afecta su independencia y autonomía judicial y pone en riesgo las garantías de las víctimas y comparecientes que participan ante ella". Asimismo, remarcó que de aprobarse esta solicitud, se incurriría en "un incumplimiento de los compromisos expresamente asumidos por el Gobierno de Colombia en el Acuerdo de Cooperación suscrito con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional el 28 de octubre de 2021″.
Según señala el presidente de la JEP, "la reducción propuesta tendría un impacto directo sobre el rubro destinado a la adquisición de bienes y servicios y equivaldría aproximadamente al 62% de los recursos previstos para este concepto en el proyecto de presupuesto. Esta situación se sumaría a una desfinanciación acumulada de COP $84.663 millones (USD 28 millones) que actualmente enfrenta la Jurisdicción".
"Las consecuencias no serían únicamente presupuestales. De concretarse el recorte propuesto, quedarían comprometidos componentes indispensables para el funcionamiento de la justicia transicional. En particular, se afectaría la financiación del sistema de protección de víctimas, testigos, intervinientes y operadores judiciales, incluidos COP $62.478 millones (USD 20 millones) destinados a los convenios con la Unidad Nacional de Protección. Ello tendría consecuencias directas sobre las condiciones de seguridad de miles de personas vinculadas a los procesos que adelanta la JEP", dice Ramelli.
También explica que se comprometerían recursos de arrendamiento, servicios públicos y mantenimiento básico de la Jurisdicción, los cuales estarían cercanos a los COP 30.000 millones. Esto, según señala el magistrado, afectaría a la atención de las víctimas y al trabajo de varias oficinas del tribunal. "También se produciría una afectación superior al 40% de los recursos destinados al Datacenter y a la interoperabilidad del sistema judicial, comprometiendo la reserva y seguridad de la información y la operación digital de los macrocasos y demás procesos de gestión de información de la Jurisdicción", dice la carta.
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Además de poner en conocimiento la propuesta de recorte, también se expresa preocupación por la propuesta de una reforma constitucional que estaría orientada a establecer una "revisión judicial automática, a cargo de la Justicia Penal Militar, de las sentencias proferidas por la JEP contra miembros de la Fuerza Pública".
"Someter las sentencias de la JEP a una revisión automática por la Justicia Penal Militar alteraría la estructura y las competencias del esquema judicial establecido en el Acuerdo Final de Paz, introduciría la intervención de una jurisdicción externa en las decisiones de la JEP y menoscabaría su autonomía e independencia. La iniciativa contraviene, por tanto, los compromisos de salvaguardar el marco constitucional, legislativo y estructural de la Jurisdicción y de prevenir interferencias con el ejercicio de sus funciones", alertan desde el tribunal.
Con ello, señalan que mover recursos al Consejo Superior de la Judicatura y elevar las sentencias a instancias de la Justicia Penal Militar "no constituyen, en consecuencia, hechos aislados". Es por ello que, según la carta, se "debilitan las condiciones materiales, jurídicas e institucionales indispensables para el funcionamiento de la JEP, afectan el avance y la autenticidad de los procedimientos nacionales de rendición de cuentas y representan un incumplimiento de las obligaciones asumidas por el Gobierno de Colombia frente a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional".
Finalmente, Ramelli solicita en su misiva un seguimiento concreto por parte de la CPI sobre el alcance de dos decisiones que podrían alterar el funcionamiento de la JEP durante los próximos meses. En efecto, el traslado de recursos tendrá que ser evaluado en las instancias del Congreso, donde la solicitud realizada por Gómez tiene adeptos y contradictores, lo que significará un nuevo medidor para las mayorías que ostenta el gobierno de De la Espriella.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
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antonio(7747)•Hace 1 hora10 años y solo han salido con un chorro de babas. Las mujeres y los hombres que fueron violados cuando niñas y niños se quedaro violados y sus violadores disfrutraron 8 años de curules.. Las víctimas se quedaron muertas y sus familiares esperando reparación. Nos vendieron el cuento de que el eje central del acuerdo eran las víctimas. pero los que mas resultaron beneficiados fueron los del secretariado del grupo terrorista.
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Japz(39664)•Hace 1 horaEl gobierno actual quiere impunidad total para los asesinos que han actuado en el conflicto colombiano de las décadas recientes. El retroceso en aspectos de derechos humanos que se verá con De la Espriella pasará a la historia. Parece que la mitad de los colombianos optaron por continuar con el ciclo de la violencia.
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Francisco(78033)•Hace 1 horaCitico el señor Ramelli con ese sueldo de miseria.