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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dio un nuevo paso en la investigación sobre las violencias sexuales, reproductivas y por prejuicio cometidas dentro de las antiguas Farc. Seis exintegrantes del último Secretariado fueron llamados a rendir versión por hechos sufridos por personas adultas que también pertenecían a la guerrilla. En esa diligencia, esta instancia de justicia transicional busca que sean los mismos comparecietes quienes entreguen información y respondan a las preguntas de víctimas y magistrados en una de las investigaciones más delicadas en contra de quienes fueran los jefes de este grupo armado ilegal. Un paso crucial antes de avanzar en una posible imputación contra ellos.
Los llamados son Rodrigo Londoño Echeverry, Jaime Alberto Parra Rodríguez, Milton de Jesús Toncel Redondo, Pablo Catatumbo Torres Victoria, Pastor Lisandro Alape Lascarro y Julián Gallo Cubillos. Todos ejercieron funciones de dirección y control en la antigua organización y ya han comparecido ante la JEP por otros crímenes. Incluso, en septiembre del año pasado, fueron condenados por ser los cerebros de una política criminal sistemática de secuestros durante el conflicto armado, además por crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad. Ahora deberán explicar qué conocieron, qué decisiones adoptaron y qué controles ejercieron sobre la regulación de la vida de hombres y mujeres mayores de edad dentro de las filas.
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El llamado se produjo dentro del subcaso 3 del macrocaso 11, que investiga las violencias basadas en género cometidas contra integrantes de los propios grupos armados, conocidas como violencias intrafilas. Hasta ahora, la JEP ha documentado 62 hechos sufridos por 30 víctimas directas. La diferencia entre las dos cifras se explica porque una misma persona pudo padecer varias formas de violencia durante su permanencia en la organización. Para profundizar sus relatos, el despacho realizó 20 entrevistas bajo condiciones de reserva, seguridad, protección y acompañamiento psicosocial. También recibió seis informes de organizaciones sociales, universidades, colectivos de víctimas y entidades estatales.
Violencia sexual, abortos forzados y persecución
De los 62 hechos identificados, 16 corresponden a posibles violencias sexuales, entre ellas violación, esclavitud sexual y otros actos sexuales violentos. Las víctimas fueron principalmente mujeres heterosexuales, cisgénero y mayores de edad. Algunas aseguraron que informaron lo ocurrido a sus comandantes, pero no se tomaron medidas para prevenir nuevos hechos o sancionar a los responsables. Otros 35 hechos corresponden a violencias reproductivas. En esta categoría aparecen posibles abortos forzados, malos tratos durante esos procedimientos, aplicación obligatoria de anticonceptivos y entrega forzada de hijos e hijas nacidos mientras sus madres permanecían en la guerrilla.
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Los 11 hechos restantes están relacionados con violencias motivadas por prejuicios contra personas con orientaciones sexuales, identidades o expresiones de género diversas. La JEP documentó malos tratos, amenazas de consejos de guerra o fusilamiento y la obligación de ocultar la orientación sexual o la identidad de género. También investiga agresiones sexuales que habrían tenido el propósito de “corregir” a las víctimas. Los hechos fueron registrados en Meta, Guaviare, Caquetá, Tolima, Cundinamarca, Norte de Santander, Guainía, Cauca, Antioquia, Caldas, Putumayo y Vichada. Además, aparecen en estructuras de los bloques Oriental, Sur, Magdalena Medio y Noroccidental, así como en el Comando Conjunto Central.
Esa repetición en diferentes territorios y unidades es uno de los elementos que deberá analizar la JEP para establecer si fueron episodios aislados o si conformaron patrones más amplios. La pregunta central será si estas violencias fueron determinadas, permitidas o toleradas desde el Secretariado, que era la máxima instancia nacional de dirección de las Farc. La Sala también estudiará si sus integrantes conocieron los abusos cometidos por subordinados y omitieron adoptar medidas eficaces para prevenirlos, detenerlos o sancionarlos. Para llegar a este punto de la investigación, la jurisdicción ya tiene pistas de las investigaciones que ha hecho en los casos de secuestro y reclutamiento de menores de edad.
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Lo que ha encontrado la JEP
Aunque esta investigación se encuentra en una etapa preliminar, la JEP ya examinó violencias intrafilas contra menores de edad en el caso 07, sobre reclutamiento y utilización de niños y niñas. En 2024, la Sala de Reconocimiento imputó a los seis antiguos integrantes del Secretariado por cinco patrones macrocriminales. Según esa decisión, entre 1971 y 2016 las Farc reclutaron al menos a 18.677 niños y niñas. De las víctimas acreditadas que habían sido reclutadas, el 24 % reportó alguna forma de violencia basada en género. La JEP documentó anticoncepción y abortos forzados, malos tratos asociados a esos procedimientos, asesinatos o desapariciones de recién nacidos y entregas obligadas de los hijos a otras familias.
De hecho, en el marco de esa investigación, la JEP llamó a versión a la exsenador Sandra Ramírez, para que entregue su versión sobre el rol que habría jugado dentro de las Farc en la política de reclutamiento. En relación con la violencia sexual, la Sala de Reconocimiento registró al menos 135 víctimas, equivalentes al 17 % de las personas reclutadas analizadas. Entre las mujeres, el 35 % reportó haber padecido alguna de estas agresiones. Los hechos incluyeron violaciones, esclavitud sexual, uniones forzadas, desnudez forzada y otros actos sexuales violentos, cometidos principalmente mediante el abuso de poder de mandos superiores, amenazas o fuerza física.
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Por estos hechos, en marzo de este año el Secretarido admitió estos crímenes que se convirtieron en una práctica frecuente, cruel y dolorosa en todos los territorios del país. La Sala concluyó que, aunque los reglamentos de las Farc prohibían formalmente la violación, no existieron medidas eficaces de prevención, control y sanción. Por ello, llamó a responder a los integrantes del Secretariado por responsabilidad de mando, es decir, no como autores materiales de cada agresión, sino por haber omitido sus deberes de controlar a las tropas, prevenir los delitos y sancionar a quienes los cometieran. La responsabilidad atribuida por las violencias reproductivas fue distinta.
La Jurisdicción Especial para la Paz señaló que existió una política de control de natalidad que buscaba impedir que la maternidad o la paternidad disminuyeran el número de integrantes disponibles para la confrontación. Esas normas internas incluyeron directrices sobre el uso obligatorio de anticonceptivos y, en la práctica, derivó en abortos forzados y en la prohibición de ejercer la maternidad dentro de las filas. Además de estos antecedentes en el caso sobre menores de edad, la JEP también tiene pruebas y otras pistas sobre cómo la guerra utilizó la violencia de género como herramienta de terror en casos de secuestro.
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El antecedente de la sentencia
La responsabilidad de la comandancia por agresiones sexuales también fue examinada en el caso 01. En septiembre de 2025, el Tribunal para la Paz condenó a siete antiguos integrantes del Secretariado por la política de secuestros y por otros crímenes cometidos durante el cautiverio. La sentencia registró 37 víctimas de violencia sexual y señaló que esas agresiones podían constituir simultáneamente crímenes de guerra y de lesa humanidad. En la parte resolutiva, el Tribunal declaró responsables por mando de violencia sexual a Rodrigo Londoño, Milton de Jesús Toncel y Pablo Catatumbo, de acuerdo con las estructuras que estuvieron bajo su control efectivo.
Por ejemplo, en el expediente se documentaron los casos en que las víctimas que manifestaron haber padecido una “imposibilidad total o parcial de mantener relaciones íntimas tras el cautiverio”, como consecuencia de la violencia de género. Ademas, la JEP encontró que algunas personas que durante el cautiverio fueron víctimas de hechos de violencia basada en género manifestaron haber padecido “embarazos no deseados y pérdida de la capacidad reproductiva por daños en la matriz”, así como “daños funcionales y deformaciones causadas por los golpes o por el uso de prácticas como el empalamiento”. Asimismo, se acreditó cómo, en los casos de violencia sexual, las víctimas directas manifestaron haber experimentado, además, “un miedo latente a ser agredidas sexualmente” y haber adquirido infecciones de transmisión sexual.
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Aunque en ambas instancias, en el caso del secuestro y de violencia contra menores, ya se han acreditado hechos e imputados conductas, ninguna de las dos reemplaza la investigación actual por la que fueron llamados este 18 de septiembre los miembros del Secretadiado. El primero se concentró en las violencias sufridas por personas cautivas y el segundo en las cometidas contra niños y niñas reclutados. El caso 11 deberá esclarecer específicamente lo ocurrido con personas adultas que pertenecían a las Farc y que, hasta ahora, han acudido en menor proporción ante la justicia transicional.
¿Qué viene ahora?
Antes de las versiones, las víctimas y sus representantes podrán presentar demandas de verdad: preguntas concretas que los antiguos comandantes deberán responder. Los comparecientes tendrán que aportar información exhaustiva sobre las conductas investigadas, las circunstancias en las que ocurrieron y el funcionamiento de los mecanismos de dirección, control y disciplina dentro de la guerrilla. Después de las diligencias, la Sala contrastará sus respuestas con los relatos de las víctimas, los informes recibidos y las decisiones adoptadas en otros macrocasos. Solo luego de ese proceso podrá establecer si existieron patrones macrocriminales, seleccionar a los máximos responsables y emitir una eventual imputación.
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El expediente se encuentra, por tanto, en una fase de esclarecimiento. El llamado al Secretariado es clave porque dirige la investigación hacia la máxima instancia de mando de las Farc, pero todavía deja abiertas las preguntas principales: si las violencias respondieron a políticas o prácticas extendidas, quiénes las conocieron y permitieron, y qué responsabilidad individual tuvo cada antiguo comandante.
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Carlos(63194)•Hace 8 horasY esa miserable rata de Sandra Ramirez que era la madame que traficaba con niñas en la guerrilla quedó libre, impune y con una fortuna luego de ser senadora a costillas de nuestros impuestos, y la JEP nada le hizo. Esa es la injusticia más grande, después nos piden piedad y comprensión con esos criminales desarmados. Que se acabe esa mierda de la JEP!
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Olegario(51538)•Hace 10 horasLos angelitos de la revolución marxista-leninista.